Georgina, cubana exiliada en España, lo tiene claro: el primer día de Cuba libre haría "una fiesta enorme, enorme". Saldría a la calle a gritar, sacaría el coche con la bocina puesta y los altavoces cantando canciones de libertad.
José Luis, también migrante, también imagina una celebración colectiva:
"El primer día, sí o sí, tiene que ser una fiesta. Fiesta en La Habana, fiesta en Santiago de Cuba, fiesta en Villa Clara, en todas las provincias del país."
Detrás de esa imagen festiva —recogida por Árbol Invertido en el marco del laboratorio democrático "Cuba Imaginada"— hay una pregunta que no se resuelve en medio de una fiesta: ¿Qué garantías concretas necesita Cuba para que, tras el fin de la dictadura castrista, el totalitarismo no regrese bajo ninguna otra forma?
La encuesta "¿Qué debería ocurrir el Primer Día de la Libertad de Cuba?", lanzada por el medio como primer producto de "Cuba Imaginada", ofrece una primera respuesta.
De los 14 votantes, el 50 % eligió como prioridad la liberación de los presos políticos. El 14 % apostó por garantizar libertades inmediatas y otro 14 % optó por atender las necesidades materiales de la población, mientras que el 7 % apostó por la reconciliación nacional, y otro 7 % por juzgar a los líderes y cómplices del régimen. Estos resultados permiten entrever algunos puntos de coincidencia entre quienes viven en la isla y la diáspora.
Estos porcentajes coinciden, con asombrosa regularidad, con lo que llevan décadas pidiendo los documentos más relevantes de la oposición, el exilio y la sociedad civil cubana: liberar a los presos políticos, acabar con el partido único y evitar que el poder vuelva a concentrarse.
La primera garantía: una Cuba sin presos políticos
El periodista cubano Juan Manuel Cao propone pensar ese primer día de libertad desde una perspectiva práctica y jurídica, no sentimental:
"Es la hora de pensar a Cuba fríamente para que no volvamos a caer en un error."
Su criterio concreto es que ese primer día quede respaldado por un Código de Derechos y Libertades que funcione como base para proteger las garantías ciudadanas durante la transición, de modo que "los derechos y libertades de los cubanos deben ser respetados" mientras se discute el futuro marco constitucional.
Esa demanda de una base jurídica inmediata para la libertad no es nueva. El Proyecto Varela (2002), presentado por el opositor Oswaldo Payá Sardiñas (1952-2012) y el Movimiento Cristiano Liberación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, ya exigía que "se decrete una amnistía para todos los detenidos, sancionados y encarcelados por motivos políticos", con entrada en vigor en un plazo no mayor de treinta días desde la aprobación de la propuesta.
Este proyecto argumentaba que la existencia de presos políticos en Cuba obedece tanto a los "abusos de poder" como a "violaciones de la ley por parte de las autoridades", y que muchos han sido detenidos:
"Por practicar derechos humanos que las leyes actuales no reconocen."
El Acuerdo de Liberación (marzo de 2026) firmado por organizaciones opositoras del exilio como la Asamblea de la Resistencia Cubana y la plataforma Pasos de Cambio, convierte esa amnistía en punto número uno. Insiste en:
"La prioridad de la liberación inmediata de todos los encarcelados por motivos políticos y de restablecer las libertades de expresión, de prensa, de asociación y religión."
Pero la liberación de los presos, señalan los expertos, es solo el primer paso de un proceso más largo.
El informe La transición en Cuba: memoria histórica, justicia transicional y reconciliación nacional (2022) del Centro de Estudios Convivencia (CEC), establecido en la isla, establece con claridad que sin verdad no hay transición genuina:
"Ante la mentira histórica y la amnesia de los errores pasados, es necesario un proceso de Verdad y Memoria Histórica."
Añade a continuación:
"Ante las injusticias y crímenes cometidos y el peligro de que queden impunes, es necesario un justo, sereno y ágil proceso de justicia transicional."
El documento propone entonces una Comisión de la Verdad y la Memoria que fomente:
"Los procesos de recuperación de la memoria histórica, la creación de archivos y museos esclarece la verdad y ofrece informes documentados a los tribunales de Justicia Transicional que imparten justicia sin venganza."
Busca separar el proceso cubano de la simple revancha:
"La pena de muerte será abolida inmediatamente, para siempre y en todos los casos, siempre antes de que comiencen los juicios. Se sancionará todo tipo de hechos o discursos de odio, venganza o violencia."
Esa exigencia no es una rareza, sino el estándar hacia el que ha avanzado buena parte del derecho internacional desde finales del siglo XX y las primeras décadas del XXI.
El documento Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 (en vigor desde 1991) y abierto a la firma de cualquier Estado que hubiera ratificado el Pacto, parte de una convicción que el propio texto formula en su preámbulo:
"La abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos."
Y añade:
"Todas las medidas de abolición de la pena de muerte deben considerarse un progreso en el disfrute del derecho a la vida."
No se trata, por tanto, de una concesión táctica a un caso particular, sino de un principio que el derecho internacional ha llevado más de tres décadas tratando como horizonte deseable para cualquier Estado, en cualquier circunstancia política. El protocolo solo admite una reserva:
"Hecha en el momento de la ratificación o adhesión que prevé la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra en virtud de una condena por el delito más grave de naturaleza militar cometido durante tiempo de guerra."
Esto excluye expresamente su uso como instrumento de justicia transicional contra un régimen depuesto en tiempos de paz.
En la misma línea, el Protocolo número 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (2003), cierra la última puerta que quedaba abierta: a diferencia del previo Protocolo número 6, que "no excluye la pena de muerte por actos cometidos en tiempos de guerra o de peligro inminente de guerra", este declara estar:
"Resueltos a dar un paso definitivo con el fin de abolir la pena de muerte en todas las circunstancias."
Establece, además, en su artículo 2, la "prohibición de excepciones" sin que se "autorice excepción alguna a lo dispuesto en el presente Protocolo".
Que el informe del CEC proponga abolir la pena de muerte "antes de que comiencen los juicios" —no después, no como gesto simbólico de cierre, sino como condición previa al propio proceso de justicia transicional— sitúa a Cuba más cerca del consenso jurídico internacional que muchos países que la conservan y resulta una garantía para la transición democrática contra la tentación de la revancha disfrazada de justicia.
Para el periodista José Manuel González Rubines, en su artículo El triángulo de la "descastrificación" para la reconstrucción cubana, publicado en la plataforma Cuba x Cuba, el 27 de mayo de 2026:
"La restauración no depende únicamente de impartir justicia sobre los responsables del daño, sino que exige, además, un meticuloso trabajo de reconstrucción enfocado en los millones de cubanos a quienes el sistema moldeó, para mal en muchos sentidos, durante décadas."
González Rubines llama a este proceso "descastrificación" y lo compara con la Vergangenheitsbewältigung alemana —"hacer frente al pasado"— que siguió a los juicios de Núremberg tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué hacer entonces con quienes ejecutaron la represión? El XII Informe del CEC introduce el concepto de "lustración" —aplicado en Europa del Este tras el colapso soviético— como un mecanismo:
"Legal, ordenado y ágil cuya ley establece que a los ciudadanos que ocuparon puestos de alta responsabilidad en el régimen anterior se les restringirá su derecho a ocupar cargos públicos por un período de tiempo determinado (5, 10, 20 años)."
El informe subraya que esta Ley de Lustración operaría:
"Independientemente de las sanciones en los tribunales transicionales competentes por delitos y violación de Derechos Humanos cometidos durante el régimen totalitario y debidamente investigados, excluyendo todo sesgo de venganza, odio y arbitrariedad."
El Centro Convivencia distingue cuatro dimensiones en su informe de 2022:
-
Rehabilitación: "Estrategias, planes, programas y acciones de carácter médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas".
-
Restitución: "Medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones de los derechos humanos o a las infracciones del derecho internacional humanitario".
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Satisfacción: "Acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido".
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Garantías de no repetición: "Los procesos deben incluir normativas y educación para que no se repitan los mismos errores que se han investigado, juzgados y sanados".
Son un paquete indivisible, pues:
"Si faltara uno cualquiera de ellos, la transición fracasaría o, en tiempos venideros, se volverían a abrir las heridas cerradas en falso por la ausencia de uno de estos componentes de toda transición verdadera."
Segunda garantía: pluralismo político real
Ante las preguntas de Árbol Invertido sobre qué sistema político desean los cubanos, Georgina es contundente. Quiere que:
"Se respete la democracia, que existan todos los partidos menos el Partido Comunista".
Su postura resume una tensión que recorre buena parte del debate cubano actual: ¿cómo garantizar el pluralismo sin reproducir la exclusión?
El debate sobre el Partido Comunista de Cuba (PCC) es uno de los más vivos en los círculos de la oposición. El politólogo Raisiel Damián Rodríguez, entrevistado para Cuba Imaginada, sostiene:
"No existe ninguna necesidad de prohibir el Partido Comunista de Cuba."
Aboga por:
"Construir una ley que prohíba todo lo que implique necesariamente un régimen totalitario o que invite a una ruptura del pluripartidismo."
A su juicio, la mejor defensa frente al totalitarismo no es una prohibición simbólica, sino:
"La fortaleza de las instituciones democráticas, la separación de poderes, la alternancia política y el respeto efectivo a los derechos ciudadanos."
González Rubines, en cambio, desde otro texto titulado ¿Debería proscribirse el Partido Comunista de Cuba? (Cuba x Cuba, 15 de junio de 2026), defiende la proscripción del PCC:
"Bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba se han cometido gravísimas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos."
Añade un argumento prospectivo apoyado en el abogado y científico político alemán Karl Loewenstein:
"Una democracia no puede coexistir con una organización cuya actuación, principios de funcionamiento y esencia misma son profundamente antidemocráticos."
Para González Rubines, el modelo alemán —que en 1952 disolvió el partido neonazi, y en 1956 al Partido Comunista— muestra que la clave no es la ideología sino la conducta:
"Los alemanes se defendieron de los enemigos de la democracia, vinieran de la derecha o de la izquierda."
Pero matiza con igual énfasis que prohibir la izquierda en cuanto tal sería "construir, en espejo, la dictadura de signo contrario". La línea de la democracia militante:
"No discurre entre la derecha y la izquierda, sino entre quienes aceptan la alternancia y los límites del poder y quienes aspiran al poder absoluto."
La filósofa, ensayista, profesora y activista Alina Bárbara López Hernández, en su artículo Desmontar el PCC sin desmontar el pluralismo (Cuba x Cuba, 17 de junio de 2026), añade una distinción fundamental. Para la estudiosa, el PCC debe extinguirse:
"De manera orgánica y profunda. No solo eliminando el artículo constitucional que lo empodera, sino inventariando sus propiedades mediante auditoría pública y con total transparencia, para que sean transferidas al patrimonio nacional."
López Hernández propone además una cláusula pétrea en la nueva Carta Magna que prohíba a cualquier organización "atribuirse carácter único, superior, irreversible o dirigente de la sociedad y del Estado", de modo que:
"Cerraría la puerta no solo al regreso del PCC, sino también a cualquier equivalente futuro de derecha, izquierda, militar, religioso o tecnocrático."
Sobre la pregunta de si la izquierda como ideología debería prohibirse, López Hernández es categórica:
"Prohibir a alguien porque sea 'de izquierda', además de una violación de la democracia, es un sinsentido, pues siempre que existan la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la injusticia (que desgraciadamente sobran en esta isla), habrá personas que se vinculen alrededor de organizaciones que intenten luchar por una vida diferente."
El manifiesto La Patria es de Todos (1997) —redactado por Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque, René Gómez Manzano y Félix Bonne Carcassés, integrantes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, también conocido como "Grupo de los cuatro", y que fueron encarcelados tras entregarlo al Comité Central del PCC— denunciaba entonces que el PCC:
"Al imponer el monopartidismo, se coloca en la poco envidiable compañía de Stalin, Mussolini, Hitler, Franco, Trujillo, Pol Pot y Sadam Hussein."
Los firmantes no pedían prohibir una ideología, sino lo contrario:
"Si se reconocieran otras corrientes ideológicas además de la que propugna el Partido Comunista, se debería convocar a una Asamblea Constituyente."
Después solicitaron:
"Realizar elecciones pluripartidistas."
La pluralidad como antídoto, no la proscripción ideológica.
Para que el pluralismo político funcione, se necesita además una arquitectura electoral. La propuesta del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima (noviembre de 2025), titulada Por una norma para elegir y nombrar las autoridades del Estado. Propuesta de Ley Electoral Provisional, pide garantizar "el pluralismo político y la competencia electoral" mediante elecciones:
"Libres, iguales, directas, secretas, periódicas y competitivas, atendiendo al voto válido de la mayoría absoluta."
Se establecería un Consejo Electoral Nacional independiente —integrado mediante concurso ante una representación de las Naciones Unidas— con candidaturas abiertas a la autonominación ciudadana con respaldo del 1 % del padrón.
El Proyecto de Transición hacia una Reforma Constitucional (2016), presentado en el II Encuentro del Proyecto Convivencia, añade una dimensión procedimental que los debates sobre modelos suelen pasar por alto. Antes de cualquier elección, hace falta crear:
"El ambiente necesario para que la elaboración de este proyecto sea posible."
El documento propone no "un desafío directo al gobierno actual" sino:
"Plantear reformas puntuales que ganen respaldo popular suficiente hasta hacerlas ineludibles."
Propone construir primero:
"Una conciencia colectiva sobre la necesidad de proceder a reformas y enmiendas constitucionales."
La arquitectura electoral no emerge sola del vacío; necesita suelo cívico previo.
Tercera garantía: límites efectivos al poder
El activista opositor residente en España, Lázaro Mireles, en los testimonios recogidos en "Cuba Imaginada", apuesta por "un Estado parlamentario" porque "garantiza un Estado de derecho". Iskra Pérez, exiliada en Estados Unidos, pide:
"Las tres ramas del poder, para que una sola rama no sea la que tenga todo el poder."
José Luis se inclina por modelos gubernamentales como el británico o el suizo porque:
"No hay un único gobernante, sino que hay varios."
Estas voces ciudadanas convergen con el análisis de Raisiel Damián Rodríguez, quien propone distinguir dos momentos: Cuba en transición y Cuba en democracia plena.
Para la democracia, defiende "un parlamentarismo apropiado o condicionado, como queramos decirlo: un semipresidencialismo", con bicameralidad que incluya:
"Una Asamblea Nacional y un Senado compuesto por personas relevantes de todas las provincias y de la diáspora."
El experto precisa:
"La mejor forma para no volver a caer en los errores del pasado, especialmente en temas de mesianismo político y de dictadura de un solo hombre o de un partido único."
El citado XII Informe del CEC fija los pilares de esta arquitectura institucional:
"Control del Estado por el ejercicio sistemático de la soberanía ciudadana, la separación de poderes, la independencia del poder judicial."
La Propuesta de Ley Electoral Provisional de Cuba Próxima concreta uno de los mecanismos más sensibles: la presidencia del sistema de tribunales debería ser elegida por los diputados y consejeros, no designada por el ejecutivo, de modo que el poder judicial quede desvinculado del poder político.
La investigadora cubana Hilda Landrove, en su ensayo Soñar desde la catástrofe / Los contornos de una Cuba que podría llegar a ser, publicado por la plataforma InCUBAdora el 10 de junio de 2026, advierte sobre los riesgos de descuidar este punto:
"Que el poder pueda ser cuestionado —más las limitaciones que le impone el período restringido para gobernar y la separación de poderes— es lo único que pone obstáculos concretos a la imposición de la dominación y el autoritarismo."
Landrove señala una trampa que acecha a las transiciones:
"Donde quiera que aparezca el deseo de limitar la pertenencia para decidir quién es cubano y quién no, de imponer una visión del mundo en el que un grupo de elegidos toma decisiones por un colectivo al que consideran masa inerte incapaz de decidir por sí misma, y autoasignación de liderazgo y representación del 'pueblo', la pulsión totalitaria continuará habitando."
La especialista va más lejos y señala un riesgo que los debates sobre modelos institucionales suelen ignorar: el de los poderes que no pasan por el Estado:
"El poder, como fenómeno, no se limita al Estado."
Y apunta:
"Cualquier entidad social que tenga la capacidad de tomar decisiones por la sociedad en su conjunto, sea de forma coercitiva o de cualquier otra, tiene poder político. Esto suele residir fundamentalmente en el Estado, pero puede hacerlo también en el sector privado (a través de la acumulación de capital y su manifestación como poder de incidencia en el campo político) e incluso en grupos sociales organizados."
La separación de poderes, en otras palabras, no es solo un asunto constitucional. Es también económico y social. El referido Acuerdo de Liberación de 2026 también señala como condiciones imprescindibles:
"Desmilitarización y erradicación del poder político de toda doctrina antidemocrática, comunista o totalitaria."
También propone:
"Desmantelamiento de la empresa criminal que es el Partido Comunista de Cuba (PCC), así como la desarticulación de todos sus mecanismos y organizaciones represivas."
La mera existencia de GAESA —Grupo de Administración Empresarial S.A., emporio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) con un patrimonio estimado en 18 mil millones de dólares— convierte cualquier transición en una negociación con actores armados que tienen intereses económicos propios.
El ensayista Jorge Brioso, en el texto Cuba: Una historia sin futuro (InCUBAdora, 4 de junio de 2026), plantea:
"Las estimaciones más conservadoras atribuyen a GAESA el control de aproximadamente el 40 % del PIB cubano [Producto Interno Bruto], mientras que otras elevan esa cifra hasta cerca del 70 % cuando se consideran los principales circuitos de generación y captación de divisas de la economía insular."
Así, cualquier proceso de transformación política en Cuba deberá enfrentarse, por tanto, a una realidad elemental:
"El principal actor económico del país no es una empresa privada ni una institución civil, sino una estructura empresarial controlada por las Fuerzas Armadas."
González Rubines, en su artículo sobre la "descastrificación" de Cuba, indaga en una dimensión cultural y social del problema: la concentración del poder no es solo institucional, también es mental, pues el castrismo:
"Instaló en la cabeza de generaciones enteras una gramática binaria basada en la idea de 'con la Revolución, todo; contra la Revolución, nada'."
Y esa narrativa:
"No desaparecerá el día en que caiga el régimen, porque sobrevive en quien la padeció y, paradójicamente, también en muchos de quienes la combaten."
Para González Rubines, el antídoto no es solo constitucional sino cultural, pues hay que recuperar:
"Una tradición civilista propia que el régimen no borró del todo, cuya línea va de Varela y Luz y Caballero hasta Martí, los constitucionalistas de Guáimaro y de 1940, las generaciones del 30 y del 50."
Una memoria larga para contrarrestar una deformación larga.
El testimonio del politólogo cubano Dimas Castellanos Martí, ofrecido a Cuba Imaginada, se convierte en argumento para una cuarta dimensión que atraviesa las tres garantías anteriores:
"Mi sueño principal es rescatar al ciudadano, la formación cívica, que fue la debilidad que nos llevó al sistema que tenemos. Y si eso no se reconstituye, corremos el riesgo de que se repita esta historia tan penosa que hemos tenido durante tantas décadas."
Castellanos sitúa esa tarea en una tradición que arranca de Félix Varela en el siglo XIX. Es una formación que:
"Quedó en élites, pero eso nunca ha llegado al pueblo y por eso es que Fidel Castro pudo hacer del pueblo cubano lo que ha hecho."
Treinta años de propuestas
Casi treinta años de propuestas de la oposición cubana —desde el manifiesto La Patria es de Todos y el Proyecto Varela hasta el Acuerdo de Liberación y la Ley Electoral de Cuba Próxima— revelan más convergencias que diferencias.
Todos exigen la liberación inmediata de los presos políticos. Todos reclaman elecciones libres, plurales y con observación internacional. Todos proponen la separación de poderes y un poder judicial independiente. Y todos advierten del mismo peligro: que la transición sea capturada por quienes, con otro nombre, reproduzcan el mismo sistema.
El Proyecto de Transición Constitucional de 2016 insiste en que el primer paso no puede ser una constitución nueva, sino crear las condiciones para que esa constitución sea posible. El Acuerdo de Liberación de 2026 apuesta por un gobierno provisional con plazos definidos antes de las primeras elecciones generales.
Cuba Próxima propone que esas elecciones se celebren con una ley electoral provisional, sin esperar a que exista un marco constitucional definitivo. Porque las transiciones que fracasan suelen hacerlo no por falta de ideales sino por falta de secuencia.
El escritor Enrique del Risco, en el ensayo Quiero verte dormir (InCUBAdora, 11 de mayo de 2026), lo resume en una advertencia que condensa el espíritu de este debate:
"No aspirar a la pureza, menos en un país en que un régimen totalitario cultivó todo tipo de complicidades durante siete décadas. Porque el totalitarismo es en esencia eso: una fábrica monstruosa de complicidades."
Y añade:
"Evitemos la trampa de las ideologías. No hay sistema universal de comprensión de la realidad, ni respuestas automáticas y perfectas a los problemas que presenta lo real. Ni siquiera antídoto absoluto a las ideologías que detestamos."
Del Risco también advierte sobre el riesgo del espejo:
"Una ideología que se ocupe en contrarrestar la ideología rival en cada uno de sus detalles terminará pareciéndose a esta más de lo que le gustaría reconocer."
Es la trampa que acecha a toda transición que define su proyecto más por lo que rechaza que por lo que construye.
El cineasta Carlos D. Lechuga señala en el artículo Para la libertad (InCUBAdora, 8 de mayo de 2026):
"Para mí es fundamental que liberen a todos los presos políticos, que suelten el poder y que haya elecciones libres, que los cubanos de adentro y de afuera sean capaces de montar negocios, crear empresas, emprender sin que el estado esté como intermediario."
Y añade una advertencia:
"Veo poco deseo de construir una Cuba 'con todos y para el bien de todos', y siento que la gente que más ha puesto el cuerpo, los presos, van a volver a quedar al margen."
En su testimonio recogido en Cuba Imaginada, Natalí, una cubana en el exilio, imagina el primer día de libertad de Cuba sentada en el Malecón de La Habana, gritándole al mar: "Muchas gracias", y abrazando a sus muertos.
Una Cuba que no pueda mirar a sus muertos no podrá tampoco construir para sus vivos. Una Cuba que construya solo para los vivos de hoy, sin garantías de que el poder no vuelva a concentrarse, repetirá la tragedia que tantos cubanos llevan décadas intentando conjurar.
Las tres garantías —presos libres, partidos plurales, poder limitado— no son una utopía. Son la infraestructura mínima sin la cual cualquier entramado se hundiría.
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