El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pidió al régimen cubano la libertad “inmediata” del rapero Maykel Castillo, Osorbo, al dictaminar que su encarcelamiento el 18 de mayo de 2021 fue arbitrario. El informe de la organización salió el pasado lunes y fue publicado la víspera por la ONG Prisoners Defenders (PD).
Con respecto a Osorbo, Naciones Unidas concluyó que su detención no sólo es arbitraria, sino que contraviene hasta siete artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos a la libertad y la seguridad (3), a no ser discriminado (7), al recurso efectivo ante tribunales competentes (8), a ser oído públicamente y con justicia ante un tribunal en condiciones de igualdad (10) o a no tener injerencias en la vida privada (12).
Asimismo, su encarcelamiento se única en las categorías I, II, III y V, lo que quiere decir que Osorbo fue apresado por ejercer los derechos fundamentales a la libertad de opinión, expresión y participación, que no se respetó el debido proceso y que no recibió un trato de igualdad.
El proceso de arbitraje del Grupo de Trabajo comenzó el 7 de julio de 2021, tras una denuncia de PD al cumplirse siete semanas del arresto de Osorbo. El actual reporte es la culminación de ese proceso que incluyó las alegaciones por parte del régimen de la isla, enviadas a Naciones Unidas el 11 de octubre.
“Nuestros equipos jurídicos pudieron ratificar el 25 de octubre, en la carta de respuesta a las alegaciones de Cuba, todos y cada uno de los extremos de la denuncia, dejando sin sostén los argumentos del Estado Parte”, afirmó PD, cuyo presidente, Javier Larrondo, recibió este miércoles la respuesta oficial del organismo internacional a propósito del caso.
El Grupo de Trabajo declaró “vagas y demasiado amplias” tales alegaciones, y que por tanto el régimen “no ha proporcionado sustento alguno para respaldar sus afirmaciones”.
El artista, artífice de la canción Patria y Vida y ganador de dos premios Grammy Latinos en 2021, permanece acusado de los presuntos delitos de atentado, resistencia, evasión de presos y detenidos y desorden público, los que, para el Grupo de Trabajo, son “no procedentes”. Desde el 31 de mayo, además, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad y severidad del kilómetro 5 y ½, en Pinar del Río.
Sobre las arbitrariedades cometidas contra su persona, el informe señala le que no pudiera contar con un abogado hasta el 13 de agosto, casi tres meses después de su detención y siendo acusado por sucesos acaecidos el 4 de abril.
“Esto significa que permaneció sin la posibilidad de ser asesorado legalmente ni preparar su defensa por tres meses, lo que contraviene los estándares internacionales de protección contra la detención arbitraria, que determinan que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento durante su detención, incluso inmediatamente después del arresto”, reza el texto.
El caso de Osorbo será llevado ahora al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y a la relatora especial sobre los derechos culturales.
Mientras, se instó al régimen cubano a “concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. De igual forma el Grupo de Trabajo pidió a las autoridades de la isla llevar a cabo una visita oficial al país para analizar más de cerca el caso.