En el parque, en una barbería, en los centros de salud, en las colas de las farmacias, de los bancos y de los negocios, no existía otro tema de conversación que las nuevas medidas económicas aprobadas por el régimen cubano. En un pequeño negocio, donde había más de 17 personas esperando para comprar picadillo de pollo a 420 pesos la libra, ya empezaba a notarse un posible desabastecimiento.
El jueves 18 de junio de 2026, el régimen cubano le dio la espalda a su propio bloqueo interno ante la peor crisis económica, política y social que vive la isla desde el llamado Período Especial, que comenzó en 1991.
Ese día se reunió la tercera sesión extraordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, celebrada en horas de la tarde en La Habana, para aprobar un paquete de 176 medidas drásticas en diferentes aspectos de la vida económica del país, presentadas por el primer ministro del régimen, Manuel Marrero Cruz, quien durante más de una hora enumeró las acciones que su gobierno implementaría luego de su aprobación.
El paquete ya había sido aprobado por el pleno del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Cuba (PCC) el miércoles 17.
Presionados no solo por Washington, sino también por el creciente descontento social en la isla, presentaron el plan bajo la retórica de "hacer lo necesario para salvar la revolución y sus conquistas" o "hacer lo necesario para conservar lo esencial."
Medidas emitidas bajo presión
Las medidas contemplan la introducción de dinámicas de mercado como la creación de bancos de capital privado nacional o extranjero para el otorgamiento de microcréditos —bajo la supervisión del Banco Central de Cuba (BCC)—, con sistemas de subasta de divisa y el desmantelamiento gradual de los subsidios universales. Advirtieron que las empresas que no puedan soportar la devaluación serán liquidadas.
Entre las medidas más significativas resalta que las entidades estatales, las cuales eran históricamente consideradas el motor de la economía cubana y se mantenían bajo la tutela del Estado, se transformarán en sociedades mercantiles por acciones o participación de capital extranjero o privado dentro de la isla. Marrero Cruz aseguró que mantendrán la mayoría en los sectores que consideren estratégicos, sin mencionar cuáles serán.
El 89 % de las familias cubanas vive en la pobreza extrema según el informe número 7 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Un especialista en administración pública —que pidió anonimato— considera que estas medidas le harán la vida más difícil a la población:
"No se trata de resolverle el problema a la gente, ni que tengan comida o al menos las necesidades más elementales cubiertas, es una carrera contrarreloj para conservar el poder, que en definitiva es lo que siempre les ha interesado. Si existiera una verdadera voluntad política de hacer las cosas por el bien del pueblo, ya hubieran liberado a los presos políticos y negociado con el gobierno americano cada uno de los puntos del embargo, que son las aspiraciones del pueblo de Cuba de vivir en libertad y con democracia."
Luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, la administración del presidente estadounidense Donald Trump intensificó su presión hacia el gobierno comunista de La Habana con el fin de lograr una transición hacia la democracia.
Esto ha traído severas restricciones a la adquisición de combustibles y un cerco total al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), advirtió el especialista.
La noticia del año para Cuba
A través de un formulario de diseño propio elaborado en Google Forms para obtener información de forma segura y confiable, se sondeó la opinión de algunos cubanos sobre este asunto que, a juicio de muchos de los consultados:
"Es la noticia más importante de este año para Cuba."
La encuesta, realizada a 25 personas, reveló que el 92 % (23 personas) ya había escuchado hablar sobre las nuevas medidas, mientras que solo dos encuestados (8 %) no estaban enterados de la situación. Ambos alegaron que no tenían servicio eléctrico para ver las noticias y que no disponían de teléfonos móviles para navegar por internet.
Refirió uno de estos dos encuestados:
"Casi nunca me entero de nada."
En el momento en el que la televisión cubana transmitía de forma diferida la sesión del Parlamento, la Unión Eléctrica (UNE) reportaba, a través de los canales de Telegram de las empresas eléctricas provinciales, afectaciones en la mayoría de los llamados "circuitos apagables". Esto provocó que muchas personas tuvieran que informarse por diferentes vías.
De las 23 personas que conocían sobre este asunto, solo cuatro (17,4 %) se enteraron a través de la televisión. Otras once (47,8 %) lo hicieron mediante las redes sociales, consolidándose estas como una importante vía de acceso a la información para la población. Asimismo, siete personas (30,4 %) afirmaron haberse enterado por familiares o amigos, mientras que solo un encuestado (4,3 %) señaló haber recibido la información directamente a través de un medio independiente.
"Capitalismo de compinches"
Ante la pregunta "¿Cree que estas medidas mejorarán, empeorarán o no cambiarán su situación económica?", once personas (47,8 %) respondieron no saber qué efecto tendrán; siete (30,4 %) consideraron que no cambiarán su situación y cinco (21,7 %) afirmaron que la empeorarán. Algunos de estos últimos incluso aseguraron que podrían provocar nuevos aumentos de precios.
Según un artículo publicado el 19 de junio de 2026 en el medio Directorio Cubano, y que cita a los economistas cubanos Mauricio de Miranda Parrondo y Pedro Monreal, las nuevas medidas económicas podrían abrir el camino a una privatización favorecida para las élites, siguiendo patrones observados en otros países del antiguo campo socialista. Entre las disposiciones más llamativas del paquete se encuentra la posibilidad de vender acciones de empresas estatales a personas naturales, empresas privadas y otras formas de gestión no estatal.
De Miranda Parrondo considera que este proceso podría derivar en un "capitalismo de compinches" y comparó el escenario con la llamada "Piñata Sandinista" en Nicaragua y con las privatizaciones realizadas en Rusia durante la década de 1990.
Monreal también expresó inquietud por la medida número 17 del paquete gubernamental, que consiste en transformar la empresa estatal socialista en sociedad mercantil, y advirtió que, cuando no existe un verdadero Estado de derecho, ni tribunales independientes, ni mecanismos sólidos de control institucional, las privatizaciones aceleradas suelen favorecer a grupos con conexiones políticas privilegiadas.
Algunas de las personas encuestadas refirieron que solo podrán legalizar capitales acumulados durante años:
"Los hijos, nietos y testaferros del verdadero poder en Cuba, los generales."
Afirmó uno de los entrevistados:
"Ellos también son cubanos. Nadie podrá decir nada porque compren acciones en empresas que antes eran solamente del Estado. Esto no le va a resolver ningún problema al cubano de a pie."
No son las medidas, es el régimen
El discurso oficial habla de "transformaciones" y "actualización" del modelo económico, pero entre la población ese discurso choca con una contradicción que no termina de resolverse: por un lado, la conciencia de que el sistema actual ya no funciona y, por el otro, el miedo a que cualquier ajuste profundice la crisis que ya supera el límite de lo soportable.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos restó credibilidad al paquete de medidas económicas y afirmó, según a la agencia AFP:
"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano."
Para el funcionario, La Habana recurre nuevamente a una estrategia conocida:
"Supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen."
La apertura económica, en sí misma, no genera rechazo. Según una encuesta realizada por CubaData entre el 1 y el 15 de septiembre de 2024 a 2.142 personas, el 61 % se mostró en aquel entonces a favor de la propiedad privada sin restricciones. El dato revela que, pese a décadas de control estatal, una parte significativa de la sociedad cubana ve en el libre mercado una salida posible al estancamiento económico y social de la isla.
Esa misma percepción se repite entre las personas consultadas por este medio, aunque con matices importantes: 69,6 % (16 personas) coinciden en que el libre mercado es indispensable para que la economía funcione, pero insisten en que el problema no es la apertura en sí, sino quién queda a cargo de implementarla. El escepticismo, entonces, no apunta tanto a las medidas como a la capacidad —o la voluntad— del poder político para ejecutarlas sin que terminen golpeando otra vez a la población cubana.
Ese temor se vuelve más concreto cuando se habla del día a día de las familias. Casi la totalidad de los encuestados, el 95,7 % (22 personas), afirmó que su familia no está preparada para enfrentar una subida de precios derivada de las nuevas medidas. Las razones se repiten: salarios que no alcanzan, alimentos cada vez más caros, dificultad para acceder a lo más básico.
Lo que predomina, más que expectativa, es la incertidumbre. Al preguntarles qué medida les costaba más entender, la mayoría dijo que la privatización (92,5 %) y, también, la eliminación de subsidios (98,3 %). Resumió uno de los participantes:
"Creo que no se deja claro cómo lo van a hacer."
El régimen ha sugerido reemplazar los subsidios generales por ayudas focalizadas en los sectores "más vulnerables", pero entre los consultados persiste la duda de que esa asistencia llegue realmente a quienes la necesitan: el 52,2 % no confía en que el Estado los pueda identificar.
Según los resultados de la encuesta, la libreta de abastecimiento divide opiniones. Para algunos, ya es un mecanismo vacío, incapaz de cubrir las necesidades básicas y cuya eliminación no supondría un cambio real, pues consideran que "al final no dan casi nada" o que:
"Ya no desempeña ninguna función."
Otros, sin embargo, opinan que retirar "la libreta" sería un duro golpe para las familias cubanas, porque esas pocas cosas que aún garantiza son, en muchos casos, lo único a lo que pueden acceder muchas personas ante los altos precios de los alimentos. También hubo quienes señalaron que su eliminación solo sería viable si todos los productos pudieran comprarse libremente, en cualquier momento, en las cantidades necesarias y a precios accesibles para toda la población.
Sin libertad política, no hay libertad económica.
El 100 % de las opiniones coincide en que, entre los más afectados por el paquete de medidas, se encontrarán los jubilados, seguidos por las personas con discapacidad (73,9 %). Sobre este punto, un especialista del Ministerio de Finanzas y Precios, que pidió no ser identificado, advirtió que en Cuba:
"Hablar de sectores vulnerables es hablar de la mayoría de la población."
A su juicio, la política de ayudas focalizadas:
"Beneficiará, por llamarlo de alguna manera, a un número muy reducido de personas y su destino final será desaparecer."
La observación resume una de las mayores inquietudes que despiertan las nuevas medidas: que, en un país donde la precariedad se ha extendido a casi todos los estratos sociales, el desmontaje de subsidios termine dejando desprotegidos a quienes apenas sobreviven con salarios, pensiones o ingresos informales, afirma el especialista.
La apertura al sector privado y a la inversión extranjera no se percibe como una amenaza. Entre los sondeados en esta encuesta, 69,6 % (16 personas) ve con buenos ojos la ampliación de las mipymes y los negocios privados.
Pero el respaldo no se traduce en confianza: la duda no es solo qué se anuncia, sino si esos anuncios se convertirán alguna vez en una mejora tangible para el cubano de a pie. Una de las respuestas recogidas en la encuesta lo dijo sin rodeos:
Regresar al inicio"Sin libertad política, no va a existir libertad económica."