"La situación de los derechos humanos en Cuba permanece difícil", diagnosticó esta semana el más reciente Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo, de la Unión Europea (UE).
El organismo, que hace poco debatió en su Parlamento sobre la situación política y el estado de la democracia en la isla, consideró en su informe que “la libertad de expresión, de asociación y de reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones en 2020, con reportes de numerosas detenciones y encarcelamientos arbitrarios”.
En un año permeado por la pandemia de la Covid-19, el texto señaló cómo las restricciones en materia de movilidad y expresión, agravadas, "fueron también usadas contra activistas" y cómo, a pesar de haber "liberado más de 6000 reos para evitar contagios en las prisiones", se incrementaron las detenciones por motivos políticos.
Sobre la libertad de prensa, los especialistas europeos estimaron que este deteriorado acápite basta para situar a Cuba "entre los diez países ‘menos libres’". En este período, según el análisis, "el ‘desacato’ y la ‘propagación de las epidemias’ se utilizaron para restringir la información ciudadana en las redes sociales, mientras varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del Decreto 370”.
Esto último a pesar de que “la mejora del acceso a internet desde 2018 ha sido un avance positivo, ya que ha favorecido el acceso de los ciudadanos a la información, ha permitido los debates en las redes sociales y el acceso a los contenidos de los medios de comunicación desde el extranjero”. Sin embargo, “una serie de sitios web de noticias no son accesibles desde Cuba”.
"Activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, siguen confrontando restricciones a los viajes nacionales y al extranjero, además de frecuentes medidas que les impiden salir de sus casas, lo que equivale de facto a un arresto domiciliario", dijeron sobre este aspecto los autores del documento, quienes señalaron que la "oposición política organizada continúa siendo ilegal", mientras "la sociedad civil emergente y crecientemente diversificada enfoca sus demandas (...) llamando a un diálogo real con las autoridades".
El texto apunta la erosión de "la cobertura sanitaria y la educación universales", "tradicionalmente positivas" en Cuba, ante "la escasez financiera, las ineficiencias económicas y la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19". En este punto se menciona el recrudecimiento del embargo económico estadounidense hacia la isla durante la Administración Trump, el colapso del turismo y la paralización del sector privado.
La UE, cuyo Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con La Habana vive uno de sus momentos más tensos, califican de necesario "la protección y el empoderamiento de las personas y, en particular: el apoyo a los defensores de los derechos humanos; el seguimiento de los casos de violación de la libertad de asociación, de reunión pacífica y de la libertad de expresión, incluida la libertad artística; el apoyo a la promoción de los derechos económicos, en particular al sector privado; el respeto a los derechos de la mujer, la igualdad de género y la lucha por la abolición de la pena de muerte".
En materia de cooperación económica con el gobierno cubano, el análisis es contundente al reafirmar que "todos los proyectos de cooperación en Cuba siguen un enfoque basado en los derechos", si bien destacaron negativamente que el régimen "no suele apoyar las recomendaciones procedentes de los Estados miembros de la UE, especialmente cuando se refieren a los derechos civiles y políticos".
Cuba, sentada en la mesa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para el período 2021-2023, ha firmado, pero no ratificado, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hechos señalados por los europeos, cuyos parlamentarios aprobaron recientemente una resolución en condena a la existencia de presos políticos en la Isla, la represión contra activistas, opositores, artistas y periodistas independientes, así como las condiciones de los profesionales enviados a "misiones médicas" en el exterior.
El informe se une a otros de este año, como los de las organizaciones no gubernamentales Freedom House y Freemuse, ambos en marzo pasado, que consideran a la isla entre los países menos libres y de los peores en derechos humanos.