Cuando Luz Escobar leyó que podía acogerse a la regularización extraordinaria en España, supo que cumplía los requisitos. Había llegado al país en octubre de 2022 y solicitado protección internacional en marzo de 2023. Pero nunca terminó de ver aquella posibilidad como una oportunidad.
Explica la periodista independiente cubana:
"Yo soy una persona que está aquí buscando refugio por una cuestión específica. No fue que yo salí de Cuba buscando una vida diferente o mejor. Yo quiero mi vida en Cuba; la cosa es que allí no puedo tenerla."
Luz no estaba en situación irregular. Como solicitante de protección internacional, tenía autorización para trabajar, acceso a la sanidad y sus hijas estaban escolarizadas. Su expediente seguía sin resolverse, pero acogerse a una residencia extraordinaria le planteaba una pregunta que para ella iba más allá de los papeles: ¿por qué abandonar una solicitud destinada a reconocer que había tenido que huir de Cuba?
Finalmente, no la presentó.
Para otros cubanos, la misma regularización significó exactamente lo contrario: una vía concreta para abandonar años de incertidumbre.
Mónica Olivera, también periodista independiente cubana y solicitante de protección internacional, sí decidió acogerse. No recuerda haberlo vivido como una disyuntiva. Cuando se le pregunta cómo sopesó la futura renuncia al procedimiento de asilo, responde:
"Yo no valoré nada. Sencillamente me acogí a la seguridad que me daba la protección internacional y, de allí, como vino la regularización, pues entré en la regularización."
Son dos periodistas cubanas, las dos vinculadas a la protección internacional, que miraron el mismo procedimiento desde extremos distintos.
Entre ambas decisiones se encuentra buena parte de lo que significó la regularización extraordinaria para los solicitantes de asilo: una posibilidad de residencia más inmediata, pero también una elección acerca de la protección que estaban dispuestos a dejar atrás.
Esperar el asilo o asegurar una residencia
Una de las principales incertidumbres durante los meses previos a la aprobación de la regularización fue precisamente qué ocurriría con las solicitudes de protección internacional.
Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que durante la negociación del decreto una de las reclamaciones de la organización fue impedir que las personas tuvieran que desistir del asilo antes de saber si obtendrían la residencia.
El resultado fue que podían solicitar la regularización sin renunciar previamente. El desistimiento solo debía producirse una vez concedida la autorización.
"Quitó cierta angustia", explica Muñoz. Quienes llevaban años esperando una resolución no tenían que abandonar primero el asilo y apostar después a que Extranjería aprobara su expediente.
Según los datos oficiales publicados por CEAR, se presentaron aproximadamente 1,17 millones de solicitudes y más del 20 % correspondieron a personas solicitantes de protección internacional: entre 210.000 y 220.000 expedientes. La cifra permite dimensionar el dilema.
Para Muñoz, aceptar la regularización podía significar obtener rápidamente una residencia de un año, mientras que continuar por la vía del asilo mantenía una protección jurídicamente mucho más amplia, en particular frente a la devolución al país del que se afirma huir. La decisión, dice, era "endiablada".
El problema se agravaba por las bajas posibilidades que muchos cubanos perciben de obtener protección en España.
Dailyn Camilo Valverde, abogada cubano-española especializada en extranjería y antigua jueza en Cuba, asesoró durante la regularización a alrededor de 80 o 100 ciudadanos cubanos. Su experiencia fue que, cuando un cliente llegaba preguntando qué camino debía escoger, la posibilidad de una denegación del asilo pesaba enormemente. Sostiene:
"Los cubanos muy rara vez tienen concedido el asilo. Tienen que venir con una trayectoria muy, muy, muy documentada."
En su despacho, quienes tenían dudas generalmente terminaron optando por la regularización porque podían conservar simultáneamente el procedimiento de asilo hasta recibir una resolución favorable de residencia. Solo entonces debían desistir.
Una figura usada también como vía migratoria
Valverde introduce, además, otra explicación para entender la situación a la que llegó el sistema. A su juicio, durante años se produjo un "abuso" de la figura del asilo por parte de personas que no necesariamente buscaban protección frente a una persecución, sino una forma de permanecer regularmente en España, obtener autorización para trabajar y, posteriormente, acceder a otras vías de residencia. Afirma:
"Las personas venían, solicitaban asilo para poder trabajar a los seis meses y luego a los dos o tres años pedir un arraigo."
Su valoración ayuda a explicar una paradoja: junto a quienes utilizaron el procedimiento como una vía práctica de permanencia estaban personas que sostenían haber salido de Cuba precisamente por persecución política, pero que terminaron atrapadas en un sistema sobrecargado y con pocas probabilidades de reconocimiento.
Valverde relaciona este problema con los cambios introducidos por el Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 20 mayo de 2025. En su interpretación, el nuevo marco colocó en una situación especialmente desfavorable a quienes llevaban tiempo como solicitantes de asilo porque ese periodo dejó de computar de la misma manera para determinadas vías posteriores de residencia. Señala:
"Puso en una posición de desventaja y de vulnerabilidad a las personas que estaban siendo solicitantes de asilo en este país y que, evidentemente, mueven la economía porque trabajan."
La abogada asegura que algunos de sus propios clientes desistieron del asilo antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento para poder acogerse a la normativa anterior. Desde esa perspectiva, Valverde interpreta la regularización extraordinaria como una forma de absorber parte de la población que había quedado atrapada entre ambos sistemas. Resume:
"La regularización lo que vino es un poco a limpiar, por decirlo de alguna manera, aquellas personas que todavía seguían."
Pero esa lectura administrativa no resuelve necesariamente el problema de quienes consideran que su solicitud de asilo tiene un fundamento político.
Luz Escobar hizo precisamente ese cálculo. Para ella, una autorización de residencia no sustituía lo que estaba pidiendo al Estado español. Explica:
"Yo necesito esta protección en cualquier contexto."
También influyeron los costes. Su familia está formada por cuatro personas y cada expediente implicaba documentación y gestiones individuales. Desde su llegada a España, dice, su economía apenas le permite cubrir los gastos del mes.
Pero el problema que describe con mayor contundencia no es económico. Su pasaporte ya caducó y se niega a acudir al Consulado de Cuba:
"Al consulado ni soñando. Yo ahí no pongo un pie."
Para alguien que solicita protección precisamente por su relación conflictiva con el Estado cubano, sostiene, acudir a sus autoridades no constituye un trámite burocrático cualquiera.
El pasaporte que podía estar caducado
Durante los meses de preparación de la regularización circularon informaciones diferentes sobre los documentos que serían necesarios. El texto definitivo permitió presentar la solicitud con documentos de identidad caducados.
"No hacía falta que estuviera en vigor", confirma Muñoz. Pero esa claridad llegó después de varios meses de borradores y versiones sucesivas.
La regularización fue anunciada a finales de enero de 2026. El texto definitivo no se publicó hasta abril. Durante ese intervalo, explica CEAR, prácticamente todo estaba sujeto a negociación.
"De enero a abril fue todo especulación", recuerda Muñoz: aparecía un borrador, después otro que modificaba requisitos, y las organizaciones especializadas trataban de advertir a las personas de que no iniciaran todavía ciertos trámites cuya necesidad no estaba confirmada. La confusión tampoco terminó cuando comenzó la presentación de solicitudes.
CEAR identifica al menos dos momentos posteriores en los que la Administración publicó o modificó criterios interpretativos. Muñoz reconoce que ella misma tuvo que cambiar el asesoramiento que estaba ofreciendo durante las primeras semanas:
"Primero se estaba aplicando un criterio y posteriormente lo cambiaron."
En una respuesta posterior a este medio, CEAR remitió los criterios interpretativos del 18 de mayo de 2026 y confirmó que había existido una versión anterior, de finales de abril, que ya no se encuentra disponible porque fue sustituida por la nueva. Dailyn Camilo Valverde describe una experiencia semejante:
"Han sido tres meses de muchos cambios de criterios."
Su despacho tuvo que modificar el asesoramiento no solo respecto al pasaporte o las legalizaciones, sino incluso sobre qué personas podían acogerse al procedimiento. Su estrategia fue presentar siempre que existiera una posibilidad jurídica razonable.
Si un cliente tenía el pasaporte caducado, pero estaba renovándolo, acompañaban el expediente de un escrito explicativo. Esperar a disponer de todos los documentos podía significar perder una oportunidad extraordinaria cuyo plazo no volvería a abrirse.
La cuestión documental, sin embargo, no termina con la presentación.
La abogada señaló durante la entrevista una instrucción del 1 de julio de 2026 dirigida a la expedición posterior de las tarjetas que para acreditar la identidad en esa fase debía presentarse pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje originales "en vigor" y en buen estado.
La diferencia es importante: un documento caducado podía no impedir la solicitud inicial, pero la expedición posterior de la tarjeta podía plantear otras exigencias documentales. Para los cubanos que evitaban acudir a su consulado, esta distinción no era menor.
Valverde añade otra modificación: hasta febrero, según la práctica de su despacho, las solicitudes de pasaporte cubano podían realizarse mediante terceras personas. Después el Consulado cubano comenzó a exigir la presencia personal del interesado.
La abogada reconoce que el temor de algunos clientes era real, aunque asegura que en su práctica habitual no observó que la renovación del pasaporte provocara represalias. Explica:
"Hay gente que tiene miedo fundado. Pero a partir de febrero el consulado cambia esta política y ya no permite que sea a través de terceros la solicitud. Con lo cual están obligados a ir personalmente."
Para perfiles como el de Luz Escobar, precisamente esa obligación puede convertirse en una línea infranqueable.
El verdadero "cuello de botella" estaba en La Habana
Si el pasaporte no fue el principal obstáculo para los expedientes que manejaron CEAR y Valverde, sí lo fueron los antecedentes penales.
En el caso cubano, ambas fuentes coinciden en algo: el problema no estuvo fundamentalmente en obtener el documento de las autoridades cubanas. Estuvo en España. O, más exactamente, en el Consulado de España en La Habana.
El problema ya había sido denunciado públicamente antes de que terminara el plazo. El 2 de junio de 2026, El País describió las dificultades de los cubanos para completar la documentación y recogió las declaraciones de Valverde, cuyo despacho tramitaba entonces numerosos expedientes de ciudadanos de la isla. La abogada señaló que los obstáculos no estaban en la obtención de los documentos por la parte cubana, sino en el sistema establecido por el Consulado español para legalizarlos.
El procedimiento requería primero enviar la documentación para obtener unas credenciales —usuario y contraseña— y solo después intentar conseguir una cita. A comienzos de junio de 2026, según explicó entonces, el Consulado estaba entregando credenciales correspondientes a expedientes enviados a finales de febrero. Las citas, además, aparecían de forma irregular. Declaró entonces a El País:
"Ahora están parados, tengo así casi 100 casos y mi despacho es pequeño."
En la entrevista realizada posteriormente para este reportaje, la situación no había mejorado sustancialmente.
Valverde asegura que la documentación cubana legalizada hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores podía obtenerse aproximadamente en un mes, e incluso antes. El gran atasco aparecía en el siguiente paso.
Desde marzo de 2026, calcula, la legalización española acumulaba retrasos de alrededor de cuatro meses. El 10 de agosto, cuando se realizó esta entrevista, su despacho estaba recibiendo credenciales solicitadas el 9 y 10 de abril. CEAR describe el mismo problema. Señala Muñoz:
"Lo que nos hemos encontrado con Cuba no es tanto la expedición por parte de las autoridades cubanas como la legalización por parte de las autoridades españolas."
La paradoja tuvo consecuencias prácticas: expedientes de regularización presentados dentro de plazo, pero sin toda la documentación terminada porque la propia Administración española no había completado la legalización.
Valverde calcula que alrededor del 20 % de los expedientes que presentó tuvieron que enviarse incompletos por esta causa.
Los acompañó de escritos explicando que el documento estaba ya legalizado por la parte cubana y que faltaba la intervención consular española. A medida que las legalizaciones fueron llegando, las añadió a los expedientes. Al momento de la entrevista, ninguno de esos casos había recibido todavía resolución. La situación también generó un mercado paralelo.
En junio, Valverde declaró a El País que tenía conocimiento de citas que estaban siendo vendidas por alrededor de 200 euros. El mismo reportaje recogió testimonios de migrantes que aseguraban haber pagado por acceder a ellas y de otras fuentes que situaban esos cobros incluso entre 300 y 500 euros.
En la entrevista posterior, sin embargo, Valverde matizó que, en los expedientes gestionados directamente por su despacho, el problema concreto de las legalizaciones no había sido la falta de citas una vez obtenidas las credenciales, sino precisamente la enorme demora en recibir esas credenciales.
El Ministerio habilitó mecanismos generales de subsanación, incluidos canales a través de oficinas de Correos, pero no existen datos públicos desglosados que permitan saber cuántos cubanos quedaron en esta situación. Los documentos cubanos tampoco son baratos. Valverde calcula que obtenerlos puede costar entre 100 y 300 euros, dependiendo del tipo de gestión y de la urgencia, mientras que determinadas legalizaciones pueden situarse aproximadamente entre 120 y 150 euros.
En el caso de familias, estas cantidades se multiplican. Por eso su despacho, explica, buscó en algunos casos formas alternativas de acreditar vínculos o vulnerabilidad sin obligar a una familia a obtener nuevos certificados en Cuba.
Mónica Olivera tuvo una experiencia mucho más sencilla. Acudió desde el principio a un despacho especializado en extranjería. También recibió asesoramiento en sesiones organizadas por la Asociación Cobijo de Madrid. Su hijo le consiguió los antecedentes penales en Cuba y se los envió escaneados; según la orientación recibida, el código QR permitía verificar su autenticidad.
Presentó además pasaporte, documentación de su procedimiento de protección internacional, empadronamiento y distintas pruebas de su permanencia en España.
No recuerda información contradictoria. Sí recuerda un cambio: inicialmente le solicitaron acreditar su situación de vulnerabilidad. Posteriormente su abogada le devolvió ese documento porque, de acuerdo con el criterio que terminó aplicándose a su caso, ya no hacía falta.
Su experiencia ilustra otra cara de la regularización: quien tuvo asesoramiento especializado desde el comienzo, documentación disponible y familiares capaces de gestionar papeles en Cuba pudo atravesar el procedimiento sin sentir el caos que describen otros solicitantes.
Cuando la desinformación se convirtió en negocio
Durante los meses previos a la apertura oficial, las dudas también crearon un mercado. Muñoz recuerda personas que se presentaban como abogados y ofrecían tramitar la regularización por 500 euros en marzo de 2026, cuando el procedimiento ni siquiera estaba abierto. Recuerda haber respondido a algunos usuarios:
"¿A dónde te lo va a presentar? ¿En un buzón de correos?"
CEAR detectó además asesoramiento incorrecto en algunos locutorios y por parte de personas cuya especialización o incluso condición profesional no estaba clara.
La organización distingue, sin embargo, entre ese tipo de desinformación y los cambios de asesoramiento producidos entre profesionales especializados como consecuencia de modificaciones posteriores de los criterios administrativos.
No toda información que cambió era inicialmente falsa. A veces, simplemente, la Administración cambió después su interpretación. Esta diferencia resulta esencial para reconstruir lo ocurrido.
Entre enero y abril de 2026 circularon borradores. Después apareció el texto definitivo. Más tarde llegaron nuevos criterios interpretativos. Lo que una persona oyó en febrero podía haber dejado de ser cierto en mayo. El problema era saberlo a tiempo. Y saber a quién preguntar.
Una regularización que todavía no termina
El plazo para presentar solicitudes terminó, pero el proceso administrativo continúa. Dailyn Valverde sigue esperando resoluciones de expedientes incompletos. CEAR continúa respondiendo requerimientos y aportando documentos. Personas que ya han obtenido decisiones favorables tienen todavía que completar trámites para recibir su tarjeta.
También continúan apareciendo zonas grises.
Valverde relató el caso de un ciudadano colombiano al que ya le habían concedido la regularización. Cuando acudió a poner las huellas, la Policía comprobó que su solicitud de asilo había sido denegada meses antes, aunque él todavía no había sido notificado, y le exigió inicialmente que recurriera aquella denegación.
La abogada consideró absurda la exigencia: si la persona ya tenía concedida la residencia y no quería recurrir el asilo, no tenía sentido obligarla a impugnar una decisión con la que no pretendía continuar. Dos semanas después, la misma comisaría permitió finalmente que pusiera las huellas.
Para Valverde, el episodio demuestra que las dudas no se limitaron a los solicitantes ni a sus abogados:
"Existe actualmente una desinformación, creo que, a nivel de Policía, de qué van a hacer con esas personas."
Otra incógnita permanece abierta. CEAR sostiene que una persona que desiste de la protección internacional al obtener la regularización puede posteriormente volver a solicitar asilo. Valverde considera jurídicamente contradictoria la posibilidad de desistir y reiniciar prácticamente de inmediato el procedimiento y afirma que esa orientación no fue comunicada a su despacho.
Este medio solicitó al Ministerio del Interior una aclaración sobre ese punto, así como sobre los efectos de los trámites consulares en las solicitudes de protección internacional y el tratamiento de quienes desistieron del asilo tras obtener la regularización.
También se le solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre la evolución de los criterios, la admisión de documentos caducados y las incidencias documentales relacionadas con ciudadanos cubanos.
Hasta el cierre de este reportaje, ninguno de los dos ministerios había respondido.
Para Luz Escobar, mientras tanto, la decisión ya está tomada. Espera que antes de tener que renovar su tarjeta roja llegue finalmente una respuesta a la solicitud presentada en marzo de 2023. Sabe que la regularización habría podido ofrecerle una residencia más rápidamente. Pero sostiene que no fue para eso para lo que pidió ayuda a España. Insiste:
"No puedo volver a Cuba."
Mónica Olivera eligió otro camino. Mantendrá su procedimiento de protección internacional hasta que llegue la resolución definitiva de la regularización y entonces formalizará el desistimiento. Para ella fue simplemente "el camino".
Entre una y otra se encuentra una pregunta que la regularización no podía responder por ellas: cuánto vale la certeza inmediata de una residencia cuando, al otro lado de la balanza, está el reconocimiento de por qué una persona tuvo que abandonar su país.
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