Nicaragua es el país del “vivir bonito”, dice el gobierno. Es también el país del morir feíto, muestran los indígenas de la reserva de Bosawás asesinados impunemente por los colonos, las víctimas de los paramilitares y las del manejo negligente del Covid-19. Y aunque algunas de las cifras macroeconómicas tienden un plácido velo sobre el descalabro de miles de economías familiares, basta ver los hoteles y restaurantes cerrados o trabajando a medio gas, las menguadas planillas, las sucursales bancarias canceladas, las construcciones congeladas, los albañiles lavando parabrisas en los semáforos y la deserción en las universidades por insolvencia para concluir que el impacto económico negativo es una sombra que se expande, aunque con desigual afectación, en un país donde las principales fuentes de divisas todavía mantienen altos niveles productivos y se cotizan a buenos precios. Más allá de los grandes números, hay miedo y hay hambre.
Acicateados por el hambre y por el miedo se han ido decenas de miles de nicaragüenses. Cambiaron de país porque desesperaron de cambiar el país. Conservan la rabia que podría derrotar al miedo, como ocurrió en abril de 2018, pero perdieron la esperanza en un cambio que provenga del liderazgo político actual. Así nos lo hizo saber el legendario Lenín Salablanca en un video donde se despidió, dejándonos huérfanos de coraje e hidalguía.
El éxodo de nicaragüenses ha roturado una larga estela en apenas tres años. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) habla de más de 87,000 nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica y hace un año hablaba de un total mundial de más de 103,600 nicaragüenses desplazados desde 2018. Si extrapolamos esta cifra a la población de los Estados Unidos o de México, estaríamos hablando de más de cinco millones o más de dos millones, respectivamente. Repito: en tan solo tres años.
Existen indicadores de una creciente migración de nicaragüenses hacia los Estados Unidos. Debido al carácter no autorizado de ese grupo poblacional, las fuentes disponibles solo nos dan una idea indirecta y aproximada, probablemente mucho menor del flujo real. Según datos del U.S. Customs and Border Protection, en enero de 2021 esa entidad realizó 575 capturas de nicaragüenses. En julio esa cifra había subido a 13,391 detenciones. En el último y todavía inconcluso año fiscal –desde octubre de 2020 hasta julio de 2021, solo en diez meses- hubo 33,184 detenciones de nicaragüenses, volumen muy por encima de los años anteriores: 1,721 en 2017, 4,014 en 2018 y 14,248 en 2019, según los datos consolidados del Department of Homeland Security. Podemos comparar mes a mes los años 2020 y 2021 para tomar nota del dramático incremento: las 303 capturas de febrero de 2020 llegaron a 748 ese mismo mes en 2021, en marzo pasaron de 320 a 1,990, en abril de 120 a 3,120, en mayo de 149 a 4,451, en junio el salto fue de 134 a 7,441 y en julio de 153 a 13,391.
También el número de nicaragüenses ingresando de forma legal ha crecido en un plazo muy corto, pasando de 3,692 en enero a 7,375 en junio de 2021. Algunos de estos migrantes se convierten posteriormente en “overstayers”: personas que se quedan una vez que venció el tiempo de su estadía autorizada.
Estos aumentos de migración autorizada y no autorizada se traducen en una mayor presencia de casos de nicaragüenses –normalmente presentando solicitudes de asilo– en las cortes migratorias estadounidenses. Hubo 4,145 casos en septiembre de 2018 y subieron hasta llegar a 12,006 casos en diciembre de 2019, un incremento de casi 190 por ciento, solo superado por cubanos y venezolanos, según el sitio web de Trac Immigration.
El gobierno de los Estados Unidos está tomando en consideración la situación de la que huyen, permitiendo a un porcentaje cada vez mayor de nicaragüenses ingresar al país mientras esperan la resolución de sus peticiones de asilo: 20 por ciento en 2019, 35 por ciento en 2020 y 45 por ciento en 2021, según un reporte del Trac Immigration. La mayoría entraron entre octubre de 2020 y enero de 2021, sobre todo por la zona de Brownsville, el punto en el atlántico de la frontera mexicano-estadounidense. Estar dentro de los Estados Unidos, en lugar de esperando en México, aumenta las probabilidades de ser representados por un abogado. De ahí el éxito de muchos nicaragüenses en la obtención del asilo, beneficiándose de tasas de aprobación del 36 por ciento en 2020, cifra superior al 26 por ciento que promedian todas las nacionalidades, el 17 por ciento de los salvadoreños, el 13 por ciento de los guatemaltecos y el 11 por ciento de los hondureños. Estas nacionalidades ejercen mucha más presión sobre el sistema de refugio y asilo estadounidense porque sus volúmenes de aplicantes y detenidos todavía siguen siendo muy superiores a los de nicaragüenses. El U.S. Customs and Border Protection, o sea “la migra”, da cuenta de que las aprehensiones de estas nacionalidades duplican o hasta quintuplican las de nicaragüenses. Pero la migración engendra migración: una vez que esta ola de migrantes se establezca, llamarán a sus familiares y Nicaragua se sumará a los países del norte de Centroamérica como un emisor recurrente de migrantes hacia Estados Unidos. No sabemos por cuánto tiempo la administración de Joe Biden mantendrá su política de relativa condescendencia o cuándo emprenderá otras estrategias.
Las cifras de “la migra” mexicana, visibles en el portal de la Secretaría de Gobernación, corroboran la tendencia ascendente de migrantes nicaragüenses hacia el norte. Para efectos comparativos tomaré únicamente las sumas de datos de enero a junio en cada año al que me referiré, porque hasta ese mes de junio están los datos disponibles en 2021. Los nicaragüenses detenidos, que por allá llaman gentilmente “presentados ante la autoridad migratoria”, fueron 376 en 2017, 469 en 2018 y escalaron hasta 1,794 en 2019. Luego bajaron a 518 en 2020 por temor a la pandemia y se dispararon a 2,882 en 2021. El gobierno mexicano ha tenido la misma actitud que el de los Estados Unidos: aplicó en 2021 la legislación con un espíritu muy libérrimo, no deportando a la gran mayoría de los capturados. En 2017 y 2018 deportó a más del 90 por ciento de los detenidos, en 2019 y 2020 a poco más del 70 por ciento, y en lo que va de 2021 a solamente el 7.3 por ciento.
No sabemos si el gobierno mexicano modificó la aplicación de su política migratoria debido a los informes que rindió su embajador en Nicaragua. O si lo hizo en atención a lo que cuentan por allá los nicaragüenses que antes del 7 de noviembre ya votaron con sus pies en polvorosa en lugar de con las manos en las urnas. La migra mexicana sabe que esos migrantes provienen de un lugar donde el costo de la vida sube y el de la muerte desciende, pues la regalan en cualquier esquina.
El descontento, por un efecto paradójico, transforma este éxodo en ayuda económica. El aumento de los migrantes se convierte –aunque no siempre de inmediato– en un incremento de las remesas que permiten mantener a flote economías familiares que naufragaron y, al mismo tiempo, la sobrevivencia del sistema expulsor. La migración genera un Producto Externo Bruto creciente que desdice de la soberanía financiera: 1,501 millones de dólares en 2018, 1,682 millones en 2019 y 1,851 millones en 2020, según el Banco Central de Nicaragua. En el primer semestre de 2021 van sumando 1,030 millones de dólares, manteniendo la tendencia ascendente. Así se cierra el círculo vicioso: los expulsados sostienen al expulsor.