ÍNDICE
- "Una realidad que existe en nuestras calles"
- Requisitos y plazos: llegada antes del 31 de diciembre y cinco meses de residencia
- Acreditación de la residencia: empadronamiento y otros documentos habituales
- Permisos de cinco años para menores
- Efectos inmediatos: permiso provisional y suspensión de retornos en curso
- “Un día histórico”
El Gobierno de España inició la tramitación urgente de un real decreto para poner en marcha una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya viven en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025. La medida les permitirá acceder a una autorización de residencia legal con permiso de trabajo por un año.
Podrán acogerse quienes acrediten este tiempo mínimo de residencia efectiva y carezcan de antecedentes penales. El Gobierno sitúa el alcance potencial de la medida en torno a medio millón de personas, y enmarca el decreto en una estrategia de integración más amplia, vinculada al futuro Plan de Integración y Convivencia Intercultural.
"Una realidad que existe en nuestras calles"
La medida busca dar salida administrativa a una realidad sostenida en el tiempo y, en palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pretende ofrecer a este colectivo la oportunidad de vivir con igualdad de derechos, y añade que:
“Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía.”
El Gobierno recordó que España ha activado regularizaciones extraordinarias en el pasado bajo ejecutivos de distinto signo político, y justificó el decreto como respuesta a una realidad administrativa que ha ido por delante de la normativa. En esa línea, Saiz apeló a un criterio de responsabilidad institucional:
“Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado”.
Requisitos y plazos: llegada antes del 31 de diciembre y cinco meses de residencia
El diseño anunciado establece como umbral general haber permanecido al menos cinco meses en España, pero el Ministerio de Migraciones precisó que se aplicará la opción “más garantista”: si la persona llegó antes del 31 de diciembre de 2025, podrá computar los cinco meses hasta el momento de presentar la solicitud, sin necesidad de que ese plazo estuviera cumplido ya a 31 de diciembre.
Esta matización amplía el alcance práctico del decreto, especialmente para quienes entraron en los últimos meses de 2025 y alcanzarían los cinco meses poco antes de iniciar el trámite. Según Saiz:
“El mecanismo que se está trabajando en su diseño es sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado.”
En paralelo, el Gobierno confirmó que las solicitudes comienzan a presentarse a principios de abril —una vez completados los trámites preceptivos— y que el proceso permanece abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Acreditación de la residencia: empadronamiento y otros documentos habituales
El procedimiento contempla vías habituales de prueba de la residencia continuada. En la explicación pública del acuerdo y sus efectos, se citó el empadronamiento como referencia, y también otros soportes documentales utilizados con frecuencia en trámites administrativos, como informes médicos, contratos de suministro u otros justificantes equivalentes, con el objetivo de reducir barreras formales para quienes no disponen de un único documento “cerrado” de acreditación.
Permisos de cinco años para menores
El real decreto incorporará un componente de protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a hijos e hijas menores de quienes obtengan la autorización. En estos casos, el permiso tendrá una vigencia de cinco años, según la explicación oficial de La Moncloa y los detalles difundidos en medios.
Efectos inmediatos: permiso provisional y suspensión de retornos en curso
Uno de los aspectos centrales del mecanismo es el efecto de la admisión a trámite. La presentación y admisión de la solicitud supondrá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, mientras se resuelve el expediente. Además, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión en curso cuando se trate de motivos administrativos o de trabajo sin permiso, durante la tramitación.
Si la resolución final es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año y, una vez vencido ese periodo, el Gobierno plantea la transición hacia las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Saiz aclara que:
“Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”.
“Un día histórico”
El Ejecutivo presentó la regularización como una intervención directa para ordenar una situación extendida y con impacto social y económico. En la argumentación oficial, Saiz definió el anuncio como “un día histórico para nuestro país” y afirmó:
“Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”.
Al detallar los efectos del trámite sobre el acceso legal al mercado de trabajo, la ministra subrayó el impacto laboral del permiso provisional:
Regresar al inicio“Esto beneficia al trabajador o trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica”.