En Cuba, la libertad de expresión existe en el papel. La Constitución de 2019 reconoce el derecho al pensamiento, la conciencia y la expresión. Pero entre lo que se puede pensar, lo que se puede decir y lo que se puede sostener públicamente sin consecuencias, hay una distancia que no se resuelve en una línea de texto.
Esa distancia —hecha de leyes, instituciones, prácticas y miedos— define el espacio real de la palabra en la isla. Un asesor jurídico que pidió no ser identificado explica:
"Hay un reconocimiento formal del derecho por una parte, y una limitación real por la otra."
En medio, añade, se abre:
"Un espacio de duda generador de una evidente inseguridad jurídica."
No siempre está claro cuándo una opinión deja de ser expresión y pasa a ser delito.
El origen del cerco
Para la historiadora Gretel Domenech, el problema no es reciente ni coyuntural. Es estructural. Señala:
"Más que una evolución, hablaría de una involución."
Desde los primeros años posteriores a 1959, describe, se produjo un proceso sostenido de:
"Desmantelamiento de la sociedad civil, supresión de la diversidad ideológica y silenciamiento de formas de expresión social."
Ese proceso tiene hitos claros: el cierre de periódicos independientes, la eliminación del pluralismo político y la subordinación de la cultura al proyecto revolucionario. "Se está legalizando el cierre del pluralismo", explica, en un movimiento que no solo reprime, sino que convierte la represión en norma.
El jurista y politólogo Raudiel Peña resume esa trayectoria en tres momentos: el cierre total del espacio expresivo en los años sesenta, su institucionalización con la Constitución de 1976 y, más tarde, una "flexibilización limitada y selectiva" que nunca llega a reconocer el pluralismo político. Señala:
"Cambian los mecanismos —de la censura directa a formas más normativas— pero persiste el control de los límites de lo decible."
La promesa constitucional
En ese contexto, la Constitución de 2019 podría leerse como una promesa de apertura. Reconoce la libertad de expresión sin el condicionamiento ideológico explícito que aparecía en textos anteriores. Pero esa apertura convive con otro elemento clave: el sistema de medios.
La propia Constitución establece que los medios fundamentales de comunicación son de propiedad socialista —es decir, bajo control estatal o de organizaciones afines. Y ahí aparece una primera fractura: se puede expresar, pero no necesariamente publicar en los espacios de mayor alcance.
Para la periodista Luz Escobar, en la práctica esa categoría no deja lugar a dudas:
"Cuando la Constitución habla de medios fundamentales de comunicación, yo creo que en la práctica cubana esto lo que quiere decir es los medios estatales. O sea, ahí está nombrando a la prensa escrita, a las radios, a la televisión, a las plataformas digitales, todo eso que está bajo el control del Partido Comunista. Creo que no hay otra cosa, no es una categoría abierta ni plural, sino cerrada y asociada a lo oficial."
¿Quién puede hablar y dónde?
Esa estructura tiene consecuencias concretas. Afirma Luz Escobar:
"La agenda informativa está condicionada. Hay temas que se priorizan, otros que se evitan o se abordan siempre desde un enfoque muy específico que siempre tiene que ver con el triunfalismo, con el antiimperialismo, todo eso de dirigir todos los asuntos que pasan en Cuba para mal de la población a responsabilidades en Estados Unidos, en el embargo, en el 'bloqueo'."
María Matienzo, periodista independiente, lo resume de forma más directa:
"Es un secuestro de los medios."
En ese escenario, la expresión se desplaza. Ya no ocurre en los canales tradicionales, sino en espacios alternativos. Señala Escobar:
"Hoy, la expresión más libre está en los medios independientes, en las redes sociales, en YouTube, en los podcasts."
Pero incluso ahí el margen no es pleno: esos espacios también son vigilados y, en algunos casos, sancionados.
El traslado al entorno digital ha sido, a la vez, una conquista y un riesgo. "Las redes se han convertido en una plaza pública", dice Matienzo, y agrega:
"Pero también le han dado al régimen la capacidad de reprimir abiertamente."
Las herramientas del límite
El marco legal refuerza ese escenario. Normas como el delito de propaganda contra el orden constitucional, el desacato o el llamado "ejercicio arbitrario de derechos" establecen límites amplios y, en muchos casos, ambiguos. "El problema está en la interpretación", explica el asesor jurídico consultado:
"¿Dónde está la diferencia entre la simple expresión pública y la propaganda? Solo el poder lo sabe."
Esa amplitud permite que una crítica política pueda, bajo determinadas lecturas, considerarse ilícita. Añade el jurista:
"La expresión pública de una voluntad política contraria al status quo podría ser punible."
A esto se suma un problema estructural: la ausencia de mecanismos efectivos de control constitucional. Señala:
"El legislador puede adaptar los contenidos constitucionales según sus intereses. Y cuando los mecanismos de protección son débiles, es posible vaciar de contenido el derecho."
La Ley de Comunicación Social, vigente desde octubre de 2024, no rompe esa lógica. Para las periodistas consultadas, más que abrir el campo, la consolida. Dice Escobar:
"No ordena de forma plural. Refuerza un modelo que ya era restrictivo."
Añade Matienzo:
"Pone en blanco y negro restricciones que ya existían."
Decir, pero no del todo
En la práctica, el resultado es un sistema donde la expresión existe, pero se ejerce con cálculo. Los testimonios recogidos coinciden en una idea: la diferencia entre lo que se piensa y lo que se dice sigue siendo enorme.
Afirma un adulto mayor en La Habana:
"En Cuba no se puede criticar al Gobierno libremente."
Dice un campesino en Pinar del Río:
"Hay temas que son intocables."
Resume un joven emprendedor del sector turístico:
"En público o te ajustas o no hablas."
Muchos reconocen haber evitado publicar opiniones por miedo a las consecuencias. Otros limitan la crítica a espacios privados o círculos de confianza. Señala otro ciudadano:
"La mayoría de los ciudadanos piensa en privado una cosa y en público manifiesta otra."
La autocensura aparece como el mecanismo más extendido. No siempre hace falta prohibir: basta con que las consecuencias sean previsibles.
La contradicción
A pesar de todo, algo ha cambiado. Internet y las redes sociales han erosionado el control absoluto sobre la palabra pública. Afirma Peña:
"Liquidaron los últimos espacios de control monopólico total."
Pero ese cambio no ha transformado la lógica de fondo. "Es una válvula para sacar presión", dice el jurista. Se amplían ciertos márgenes, pero sin alterar el núcleo del sistema.
La contradicción persiste: una sociedad que busca expresarse —cada vez más— y un aparato que intenta limitar esa expresión por vías legales, institucionales y simbólicas. El asesor jurídico lo resume en una idea:
"Expresarse libremente contra el statu quo es, de por sí, un acto de poder."
Y el poder en Cuba sigue teniendo razones para temerle a la palabra.
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