Cuando el 4 de julio de 2019 se publicó en el número 45 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto-Ley 370 pocos imaginaron que sería utilizado para reprimir la libertad de expresión de la forma tan grosera en que ha ocurrido durante los últimos meses.
Es exactamente el inciso i del articulo 68 en el que se amparan las autoridades para castigar a la ciudadanía, ya que declara que se considera una contravención asociada a las Tecnologías de información y comunicación “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Contando a partir del mes de enero, cuando fue aplicado a la periodista Iliana Hernández, hasta la actualidad, se ha registrado la aplicación de sanciones a una veintena de periodistas, activistas y opositores políticos por el contenido de sus publicaciones en las redes sociales.
Es especialmente alarmante que más de la mitad de estas multas y decomisos hayan ocurrido durante el mes de abril, aprovechándose así de la repercusión que tiene a nivel mundial la pandemia del coronavirus, que concentra la atención de la mayor parte de la opinión pública y hace pasar desapercibidos muchos de estos atropellos.
A continuación presentamos un resumen de algunos de los periodistas independientes y activistas que han sido sancionados por esta normativa:
Iliana Hernández
La mañana del 8 de enero de 2020 la policía se presentó en casa de la periodista independiente Ileana Hernández con el objetico de realizar un registro domiciliario. En principio momento fueron ocupados su teléfono móvil, su ordenador, un trípode y una memoria usb bajo los cargos de receptación.
El día 13 de enero, según informó la periodista, presentó a las autoridades documentos que demostraban la obtención legal de los equipos confiscados, pero no fueron aceptados por la policía.
Finalmente, el 9 de febrero Iliana comunicó a través de sus redes sociales que le había sido impuesta una multa de 3000 pesos además del decomiso definitivo de su ordenador y su teléfono amparados en el Decreto Ley 370. Se trata de la primera periodista de la que se tiene registro que ha sido víctima de esta ley.
“A estos ladrones lo que les importa es robarme y además cobrarme por el robo que me hacen, no me van a callar, seguiré denunciando a esta mafia del crimen organizado, algún día pagarán por todo el daño que hacen al pueblo cubano, partía de delincuentes” declaró la reportera.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) presentó un reclamo al gobierno cubano para que fueran retirados los cargos a Hernández y devueltos sus equipos, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.
Nancy Alfaya
La activista por los derechos de la mujer Nancy Alfaya fue detenida junto a su esposo, el periodista Jorge Olivera el 31 de enero cuando se dirigían a la presentación en el Palacio del Segundo Cabo de En busca de un espacio, el último documental de la realizadora Marilyn Solaya.
Según declaraciones brindadas a Radio Televisión Martí los trasladaron a la estación policial ubicada en Zanja y Dragones donde fueron interrogados. En el caso de Alfaya además se le impuso una multa con el monto de 3000 pesos y se le confiscó su teléfono celular, amparándose en el inciso i del Decreto-Ley 370.
También se le aplico a la activista otra multa de 100 pesos por violar un presunto dispositivo de seguridad. Fue advertida de que se le abriría un expediente para procesarla por el delito de Peligrosidad Predelictiva, otra de las herramientas que ha utilizado el gobierno cubano para castigar a las voces disidentes del discurso oficial.
Boris González Arenas
EL cineasta y periodista independiente Boris González Arenas denuncio el pasado 7 de febrero que las autoridades cubanas entraron a su casa sin ninguna autorización y lo detuvieron de forma violenta.
Fue conducido hasta la estación de Policía de Zapata y C, donde se le impuso una multa de 3000 pesos amparada en el Decreto-Ley 370 y le fue confiscado su teléfono celular. Las razones esgrimidas por las autoridades fueron sus post en redes sociales.
Según el testimonio de Boris una de las cuestiones que más molestó a las autoridades fueron sus opiniones sobre la muerte de tres niñas por el derrumbe de un balcón en el municipio de Centro Habana. Uno de los agentes que realizó la detención le dijo que no tenía por qué preocuparse tanto por ese hecho pues las niñas no eran hijas suyas.
Camila Acosta
La joven periodista cubana Camila Acosta, colaboradora habitual de Cubanet, denunció en la tarde del 27 de marzo que había sido multada en virtud del Decreto-Ley 370 con 3000 pesos cubanos, lo que equivale a más de 4 veces el salario medio de un cubano.
La reportera fue sido citada en la estación policial de 7ma y 62, en el municipio de Playa, donde según su testimonio la atendió un agente que se hace llamar Alejandro, quien le levantó un acta por una supuesta violación de domicilio, lo que calificó la periodista como algo totalmente falso.
Luego inspectores del Ministerio de Comunicaciones le aplicaron la multa en cuestión y le notificaron además que el teléfono móvil que se le había incautado 15 días antes mientras reportaba una protesta pacífica por la liberación del artista Luis Manuel Otero sería oficialmente confiscado amparándose en el mencionado decreto.
Camila en principio pensó pagar la multa, pues los organismos internacionales aconsejan agotar primero los recursos legales existentes en el país, pero finalmente en solidaridad con los demás multados decidió no pagarla y se sumó a una campaña en que se exige al gobierno la derogación de este Decreto.
Esteban Rodríguez López
Esteban Rodríguez, colaborador del medio de prensa ADN Cuba fue multado el día 6 de abril por dos de sus publicaciones en las redes sociales. Según le hicieron saber, se trataba principalmente de un post donde pedía a los artistas del dúo Buena Fé, a Haila y a Polito Ibáñez que en lugar de realizar conciertos por internet se sumaran a la campaña por la rebaja de los precios de internet en la isla.
El otro post que señalaron los agentes se trata de uno donde se le puede ver con una mascarilla en la que escribió “Libertad para los presos políticos”, y lo acompañaba de un texto donde decía “Sé que es momento difícil y que muchos estamos concentrados en esta pandemia (…) pero mis sentimientos y mi conciencia no me permiten ni me permitirán dejar de reclamar la libertad de mis hermanos que se encuentran en cárceles del régimen cubano…”
En un vídeo publicado en ADN Cuba denunció la injusticia de esa sanción, la cual aseguró no poder pagar por su elevado monto y recalcó que a pesar de estas amenazas no va a dejar de expresar lo que piensa.
Mónica Baró Sanchéz
Uno de los casos que más repercusión ha tenido ha sido el de la reportera de la revista El Estornudo Mónica Baró, quien fue citada para un interrogatorio con la Seguridad del Estado el día 17 de abril.
Durante el encuentro ella defendió la legitimidad de su trabajo ante su interrogador, quien se presentó como el mayor Ernesto. Este esperaba que Baró reconociera estar equivocada, y al no poder convencerla como castigo llamó a unos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones quienes mostraron una carpeta llena de textos tomados de su cuenta de Facebook y le impusieron la multa por ello.
Según el testimonio de Mónica el agente antes de permitirle marcharse la amenazó con que se volverían a ver muy pronto.
“(…) No voy a dejar de decir o escribir lo que pienso por recibir amenazas o intentos de intimidación. No me van a callar. Simplemente no puedo dejar de ser quien soy y soy una mujer periodista libre. Libre, primero que todo.” Escribió después del lamentable incidente en su perfil de Facebook.
