En una comunicación hecha pública recientemente, dirigida al régimen cubano por tres relatorías especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), especialistas de derechos humanos exigieron a Cuba el respeto a la libre expresión, reunión, asociación y acceso a internet. El documento cobra especial significación al salir a la luz en vísperas del esperado 15 de noviembre, día seleccionado por la sociedad civil cubana para llevar a cabo la Marcha Cívica por el Cambio, en pro de la liberación de todos los presos políticos y por cambios democráticos en la isla.
"Esta carta basa su análisis en las obligaciones de Cuba de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y otros instrumentos internacionales", dijeron los autores del texto, firmado por Irene Khan (relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión), Clement Nyaletsossi Voule (relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación) y Mary Lawlor (relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos).
El informe hace hincapié en la aplicación por parte de las autoridades cubanas del decreto-ley 35, el cual restringe aún más las libertades del pueblo de Cuba en el ciberespacio. Una medida adoptada por la dictadura tras la difusión en redes sociales de las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio, en las que en poco tiempo se logró conectar al país de un extremo al otro y garantizar la espontaneidad de la protesta.
Decreto-ley 35 "incompatible" con la Declaración Universal de Derechos Humanos
La ONU calificó al decreto de "incompatible" con la Declaración Universal de Derechos Humanos, alrestringir la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación establecida por sus artículos 19 y 20, sin estar dicha restricción "prevista en la ley, perseguir un objetivo legítimo y cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad", como estipula el derecho internacional. En cuanto a la exposición de las disposiciones jurídicas, los especialistas expresaron su preocupación sobre lo "vagamente formulada" que parece la legislación.
Para los relatores, la normativa tiene además “un efecto amedrentador en el trabajo de periodistas y personas defensoras [de derechos humanos]”.
"Es preocupante que se faculte a los proveedores de servicio a interrumpir el acceso a telefonía o internet sin el análisis y supervisión judicial", observaron los de la ONU, que sometieron a crítica igualmente a la resolución 105/ 2021, la que “faculta al gobierno a realizar un monitoreo constante de los contenidos que los cubanos comparten en redes sociales e internet”.
De hecho, por estos días el régimen utiliza la táctica de cortar o limitar el internet, así como la de intervenir llamadas telefónicas de miembros de la sociedad civil promotores de la marcha del 15N; verbigracia, el caso de activistas de la plataforma Archipiélago como el dramaturgo Yunior García Aguilera, cuyas comunicaciones privadas han sido empleadas por los propagandistas de la dictadura para construir un discurso de mentiras e incitar al odio.
Las relatorías, en espera de una respuesta del régimen de Miguel Díaz-Canel, demandaron la anulación de las leyes restrictivas, solicitaron un análisis detallado de sus observaciones y ofrecieron asistencia técnica con respecto a la legislación relativa a los derechos humanos.