Este 17 de agosto fueron publicados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto-Ley No 35, sobre “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico” y la Resolución 105 o “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”. Ambas leyes suponen una mordaza para los internautas cubanos, al trasladar la censura de la libertad de expresión de la sociedad de la isla al ciberespacio.
Según el documento, con estos estatutos se tipificarán por primera vez en la nación "los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión", en la red de redes, entendiendo como tales desde la divulgación de noticias falsas y mensajes ofensivos, hasta la ambigua "difamación con impacto en el prestigio del país".
En este sentido, el nuevo decreto y la resolución vienen a concretar lo estipulado en el controversial Decreto 360/2019, que prevenía sobre los que ahora pudieran ser considerados delitos contra la seguridad nacional, y extiende las tipificaciones del 370/2018.
Es decir, estamos ante una normativa jurídica que pretende servir de herramienta a la Seguridad del Estado y evitar acontecimientos como los del 11 de julio, cuando más de cincuenta lugares en el país quedaron conectados por las redes sociales para protagonizar la mayor protesta antigubernamental en seis décadas de dictadura.
Así queda expresado cuando reconoce con el término "ciberterrorismo", a aquellas acciones que en el ámbito tecnológico y comunicacional subvierten o atentan contra el orden constitucional, o contra el "funcionamiento de las instituciones políticas y de masas y las estructuras económicas y sociales del estado".
La Ciberseguridad, disciplina que incluso ha llegado a formar parte del plan de estudios de la Universidad de Ciencias Informáticas en Cuba, es una palabra que se repite en el documento, definida como "prevención, detección y respuesta oportuna ante posibles actividades enemigas" en el ciberespacio. Lo que no se aclara nunca es quién es este enemigo, y volviendo a la cercanía del 11J sólo cabría pensar en uno solo: el pueblo.
A este respecto, Pablo Domínguez Vázquez, Director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), señaló que, aunque Cuba no contrata los servicios de redes sociales, el registro de las supuestas violaciones se puede llevar a cabo mediante denuncias y monitoreo. En otras palabras, el dirigente casi admite que serán validadas "patentes de corso" para las llamadas "ciberclarias", personas sin identidad en las redes que se dedican a defender al régimen con ataques y difamaciones de los actores de la sociedad civil cubana.
Las denuncias podrán ser hechas a la Oficina de Seguridad de Redes Informáticas (OSRI), para lo cual se dejan saber los contactos de este organismo, y se apunta que la OSRI podría tipificar el "delito" como crea necesario, independientemente de las denuncias hechas por personas naturales o jurídicas.
Vale apuntar que, tal como en un código penal, las tipificaciones figuran en el decreto acompañadas de su "nivel de peligrosidad". Por ejemplo, la "divulgación de noticias falsas" tiene un nivel "alto", mientras que se considera "muy alto" "pretender alterar el orden público". Unos meses antes, la aprobación de este estamento habría sumado a la arbitrariedad de las detenciones y procesos de los centenares de detenidos por el 11J, la gravedad de estas leyes, que ahora los acusarían de ciberterroristas.
También se publicó la aprobación del Decreto 43, que reafirma el monopolio estatal sobre el Uso del Espectro Radioeléctrico. ¿Respuesta a la enmienda 3097 del gobierno de Estados Unidos, para apoyar la difusión del internet libre en Cuba?
"Cuba cada día acercándose más a las dictaduras con mayor control sobre la libertad de expresión en el ciberespacio y los derechos digitales. Ya no solo eres un delincuente por comprar en la calle un producto que no te garantiza el estado que lo controla todo (receptación), o porque ese estado piense que puedes cometer un delito aunque no lo hayas cometido (peligrosidad). También lo eres por compartir un contenido o hacer un comentario en Facebook. La criminalización de la vida cotidiana típica de los sistemas totalitarios", opinó en Facebook el periodista cubano José Raúl Gallego, al reseñar la noticia de las nuevas leyes.
Otra periodista, María Matienzo, definió el decreto-ley 35 como "ley mordaza para la digitalización", y señaló con ironía que "ya somos oficialmente “delincuentes” ante las leyes. Bueno, de algo hay que morirse, no!? Informar es mi decisión. Yo sigo, y tú!? #YoMeOpongoAlDecreLey35".
Claudia Padrón Cueto, también periodista, enumeró acciones que se habían vuelto comunes en las redes sociales de los cubanos, contra las que está dirigida la mordaza de estas leyes:
• "Cuando tú publicas en redes que no tienes medicamentos para tu hijo enfermo, o que el hospital no hay oxígeno, o que no tienes MLC [Moneda Libremente Convertible] para comer puedes estar cometiendo un delito. 👉impactas en el 'prestigio del país'.
• "Cuando en un chat de vecinos se organizan para ir a la sede del PCC [Partido Comunista de Cuba] a quejarse por los apagones o porque no hay agua, también haces algo ilegal pues👉' incitas a movilizaciones'.
• "Si escribes #DíazCanelSingao o #FidelDictador, ilegal también. Obviamente difundes 👉 'mensajes ofensivos' contra tus tiranos .
• "Olvídate de grabar una pelea por comida en una cola, un ciudadano protestando en la vía pública, brutalidad policial. Cualquiera de esas directas👉 'promueven la indisciplina social'.
"Habituado a controlar todo en el mundo offline, no tarda el gobierno en adaptar sus mecanismos de censura, criminalización y férreo control al ciber espacio. Vivieron el #11J, están viendo cómo la gente va perdiendo el miedo y dan este golpe a la poquita libertad de expresión que teníamos", consideró.
El rechazo a los decretos comienza a viralizarse por internet, a pesar de que la ley no entra en vigor hasta dentro de tres meses a partir de hoy, fecha de su publicación. No obstante, la lucha de la sociedad civil ha sido decisiva a la hora de evitar la aplicación de otras leyes similares como el decreto 349, contra la libertad de creación artística o el 370, antecesor de estos agudizados mecanismos de represión.