Un grupo de activistas, artistas y periodistas independientes, entre otros miembros de la sociedad civil cubana publicaron el día 19 de abril una carta dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) con el objetivo de recoger firmas contra el Decreto-Ley 370 que limita la libertad de expresión en internet.
Entre los 19 firmantes iniciales de este documento se encuentra la prestigiosa artista Tania Bruguera, el artivista Luis Manuel Otero Alcántara, periodistas como Camila Acosta e Ileana Hernández, ambas sancionadas por esta disposición, el escritor Ángel Santiesteban y el exprofesor universitario José Raúl Gallego.
El mayor malestar ante esta nueva medida radica en que ofrece cobertura a las fuerzas represivas cubanas para multar y decomisar equipos de trabajo a periodistas independientes, youtubers y activistas solo por el contenido de las publicaciones que realizan en sus redes sociales.
Principalmente es en el artículo 68 de dicha disposición donde se amparan las autoridades cubanas para reprimir la libertad de expresión en el ciberespacio, pues en su inciso i) se castiga “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, lo cual es, además, sumamente impreciso.
Sobre este decreto que entró en vigor el 4 de julio de 2019 expresan los firmantes de la carta: “es el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias u opiniones, o a abandonar el país. El excesivo monto de las multas (120 dólares, cuando un salario mínimo es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano, porque pocos cubanos podrían disponer de tales recursos (...) es hoy lo que era para los esclavos, durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra el opresor.”
Al final de la carta los firmantes anuncian que no pagarán las multas derivadas de la aplicación de esta norma, ni tampoco las que violen sus derechos humanos. También realizan ocho exigencias a la ANPP, encabezadas por la eliminación del polémico artículo.
Reclaman además la anulación de las multas impuestas y la devolución del dinero a quienes ya las hayan pagado, la liberación del periodista Roberto de Jesús Quiñones, encarcelado en Guantánamo desde hace más de 7 meses, el reconocimiento legal de la prensa independiente en Cuba y el respeto a los derechos humanos.
También han aprovechado el alcance de las redes diversas figuras para mostrar su sentir al respecto, como el gran maestro internacional de ajedrez Lázaro Bruzón, quien se preguntaba en su perfil de Facebook: “donde está la humanidad de los intelectuales y artistas cubanos que no dudan un segundo en hablar del Embargo pero miran para el lado sobre estos temas? ¿Acaso no son suficientemente justas este tipo de causas? ¿No merecen denuncias y defenderlas? ¿Es esto algo subjetivo que algún día resolveremos? ¿Desconocen o justifican este tipo atropellos que suceden de forma constante y a la vista de todos?”.
El periodista y ex profesor universitario José Raúl Gallego por su parte hizo un llamado el pasado 18 de abril a participar del #370challenge, que consiste en publicar una foto personal en las redes sociales con algún cartel que muestre el rechazo al controvertido decreto.
El joven periodista aclaraba sobre su iniciativa que “no es una "patraña del imperialismo", ni una "campaña mercenaria". Es simplemente, desde nuestra posición de ciudadanos, expresar el desacuerdo con una normativa que viola la propia Constitución cubana (art. 54), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19) e incluso, puede llegar a afectar la comunicación ciudadanía-Gobierno.
Somos muchos los que estamos en desacuerdo con este Decreto-Ley, pero tenemos que hacerlo visible.”
Más de una decena de personas se ha visto hasta el momento afectada por esta resolución, que no solo incluye cuantiosas multas sino también el decomiso de los equipos de trabajo, como atestiguan la activista por los derechos de la mujer Nancy Alfaya, y los periodistas independientes Boris González, Camila Acosta e Iliana Hernández.
Recientemente fue aplicado a la periodista Mónica Baró Sánchez, quien goza de amplio reconocimiento a nivel regional tras haber obtenido por su investigación sobre la contaminación por plomo en una zona de la capital cubana el preciado premio Gabo que entrega cada año la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano.