Reportajes | El castigo por hablar. Mujeres cubanas bajo asedio del régimen

Yindra Elizástigui no recuerda el 4 de diciembre de 2020 como una fecha política. Lo recuerda como el día en que le cambiaron la vida. Su hijo, Luis Robles, salió a una calle de La Habana con una pancarta que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Caminó solo, con el cartel en las manos, hasta que fue detenido. 

Desde entonces, su prisión dejó de ser únicamente una condena contra él: también se convirtió en una forma de castigo contra su madre. Cuenta Yindra:

"Comenzaron a citarme, a interrogarme. La policía política me presionaba para que no hablara, para que no diera entrevistas a los medios respecto a lo que le pasaba a mi hijo Luis."

Las amenazas no eran abstractas: 

"Me decían que, si seguía hablando, habría consecuencias para mi familia."

Y las hubo. Su otro hijo, Lester, también terminó preso bajo el argumento de haber incurrido en desorden público en una fiesta donde hubo una reyerta. Él afirma que no participó, pero al llegar la policía y pedir su identificación, fue señalado como hermano de Luis. Yindra sostiene que fue una causa provocada e injusta: 

"Tenía 23 años. Estuvo preso un año y ocho meses sin juicio. No hubo un proceso claro. Fue muy injusto." 

Cuando finalmente salió de Cuba junto a Luis y su nieto, no lo vivió como una salida libre, sino como una medida de protección:

"Tenía miedo. Pensaba que podían volver a inventarle otra causa y llevarlo otra vez a prisión."

Su historia permite mirar la represión imperante en Cuba desde un ángulo menos visible: el de las mujeres a quienes el régimen no solo detiene, vigila o amenaza por sus acciones, sino también por los vínculos que sostienen. Madres de presos políticos, periodistas independientes, activistas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos y feministas independientes aparecen como blancos de una violencia política que usa la maternidad, la reputación, la movilidad, el cuerpo y la familia como zonas de castigo.

Las mujeres, principales objetivos de la represión en Cuba

El Informe 2025/26 de Amnistía Internacional documenta la represión y violencia estatal contra mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas cubanas. La organización identifica detenciones arbitrarias, vigilancia indebida, uso abusivo del sistema penal, violencia física y psicológica, violaciones al derecho a un juicio justo y hostigamiento contra mujeres consideradas críticas o disidentes. 

La clave del informe no está solo en la lista de abusos, sino en el modo en que esos abusos se ejercen: la represión contra mujeres no es neutra. Tiene marcas de género.

En una audiencia pública celebrada en julio de 2024, en el marco del 190º Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada de que, según registros de la sociedad civil, la mayoría de las violaciones de derechos humanos en Cuba documentadas durante los 16 meses previos a la fecha tuvieron como víctimas a mujeres. En específico, 860 de los 1.577 incidentes registrados en 2023 fueron violaciones contra los derechos de mujeres y, hasta julio de 2024, 416 de los 702 incidentes documentados tuvieron como víctimas a mujeres.

No se castiga solo a quienes protestan, informan o denuncian. Se presiona también a sus hijos, su familia, su vida privada, su reputación y su capacidad de sostener redes de apoyo. Esa es la trama que une las cuatro voces que reúne este reportaje: Yindra Elizástigui, Camila Acosta, periodista independiente que reporta desde La Habana para CubaNet y el diario español ABC Marthadela Tamayo, activista antirracista de la sociedad civil, e Ileana Álvarez, directora de Alas Tensas y de su Observatorio.

La madre que no debía hablar

A Yindra no la encarcelaron, pero ella se describe como una mujer atrapada por la prisión de sus hijos. Cada citación, cada interrogatorio y cada amenaza buscaban una misma cosa: que dejara de denunciar.

El caso de Luis Robles fue ampliamente documentado por medios independientes y organizaciones de derechos humanos. Tras su protesta solitaria, fue condenado y pasó cinco años en prisión. Pero en la historia familiar hubo otro golpe: la detención de Lester, el hijo menor de Yindra, que ella liga a las represalias contra la familia. Dice: 

"Es muy duro. Ninguna madre debería pasar por algo así. Ver a tus hijos sufrir, ver que están presos sin ser delincuentes y que estén siendo tratados como tales, no poder ayudarlos… eso marca para siempre."

El miedo terminó empujándola al exilio. En Madrid, donde reside actualmente, habla con una mezcla de alivio y duelo. Alivio, porque Luis está fuera de prisión. Duelo, porque la salida de Cuba fue también una expulsión emocional: abandonar la casa, la vida anterior y el país para evitar que la represión volviera a caer sobre los suyos. Su mensaje a otras madres es directo: 

"Que no se queden calladas cuando les suceda algo a sus hijos, cuando los golpeen o los abusen, que denuncien. Al pueblo de Cuba le digo que cuando tienes un ser querido preso, te das cuenta del valor de la libertad, que no permitan que se la sigan arrebatando."

La maternidad, en su caso, fue usada como punto de presión. Pero también se convirtió en una forma de resistencia.

Una celda semioscura para una periodista

Camila Acosta aprendió a salir de su casa como quien se prepara para una detención. Durante meses llevó en la cartera papel sanitario, jabón, ropa interior, cepillo de dientes, pasta dental y algunas medicinas. No era una exageración. Después de pasar cuatro días detenida por reportar las protestas del 11 de julio de 2021 —48 horas incomunicada, en lo que describe como un estado de desaparición forzada—, la periodista independiente entendió que informar en Cuba también puede significar prepararse para una celda.

Acosta fue detenida el 12 de julio de 2021, un día después de cubrir las protestas antigubernamentales en La Habana. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) registró que la reportera fue arrestada tras informar para ABC y transmitir en vivo para CubaNet. Este último medio también documentó su liberación bajo medida cautelar y el acoso posterior.

Camila recuerda que antes del arresto logró burlar un cerco, llegar a su casa, hacer una transmisión en vivo pese a los problemas de conexión y enviar imágenes de las manifestaciones. Al día siguiente, ya sin acceso a internet, fue detenida. La interrogaron dos veces al día, por la mañana y por la tarde, casi dos horas cada vez. Cuenta:

"Al principio sentí un poco de temor, no te voy a decir mentiras. Estás sola enfrentando a un poder, a un aparato represivo que lo mismo te puede inocular una enfermedad que mandar a reclusas comunes a darte una golpiza en la celda."

La celda estaba casi a oscuras, sin ventilación, con seis mujeres, tres literas de concreto y un inodoro turco —un hueco en el piso— sin intimidad. El agua salía por una tubería dos veces al día. Era julio. El calor las obligaba a permanecer semidesnudas. Los mosquitos no las dejaban dormir. Dice:

"Como mujer, me sentí humillada."

Allí escuchó otras historias. Había una joven embarazada que, según supo después, perdió el bebé por falta de asistencia médica. Había una madre detenida con sus dos hijas, una de ellas menor de edad. Las tres, cuenta Acosta, habían sido golpeadas. Le enseñaron los moretones.

Entonces entendió que su detención tenía otra dimensión: no solo estaba viviendo la represión, estaba presenciando lo que luego tendría que contar. Afirma: 

"Dios me estaba poniendo en ese lugar para que yo escuchara, para que yo fuera testigo de lo que estaba sucediendo y pudiera contarlo después."

Vivir bajo vigilancia

La detención no terminó cuando Camila salió de la estación policial. Desde entonces, dice, aprendió a vivir bajo vigilancia. Durante casi dos años llevaba encima lo necesario para resistir varias horas o varios días en una celda. Todavía carga medicamentos básicos. No habla de asuntos sensibles por teléfono:

"De lo más mínimo a lo más íntimo de la familia, les digo: no me lo digan por teléfono."

El ya citado Informe de Amnistía Internacional refiere: 

"Algunos Estados —entre ellos, Afganistán, Bielorrusia, Burkina Faso, China, Corea del Norte, Cuba, Malí, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Uganda y Venezuela— se valieron de la desaparición forzada de personas como defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas para infundir miedo."

Acosta recuerda que una vez le explicó a una amiga cómo salía preparada para ser detenida. Al ver la cara de espanto de la otra mujer, comprendió la gravedad de lo que acababa de narrar: 

"A veces normalizamos esa paranoia, ese estado de asedio constante."

La censura, en su caso, no siempre adopta la forma de una condena. También se expresa en impedir que salga de su casa, vigilarla, cortarle internet, citarla, amenazarla, regularla migratoriamente, poner bajo sospecha a sus amigos o familiares y obligarla a medir cada palabra.

Acosta está "regulada" desde 2019. Esa es la fórmula usada de manera selectiva por las autoridades cubanas para impedir la salida del país a opositores, activistas y periodistas independientes. Esa prohibición limita también su formación profesional: las capacitaciones, encuentros y oportunidades de desarrollo suelen estar fuera de Cuba, pero ella no puede viajar: 

"El principal desafío de trabajar en Cuba es no tener garantías para nuestra seguridad física. Poder enfrentar la prisión en cualquier momento, trabajar bajo asedio constante, estar bajo amenaza de perder nuestros equipos de trabajo y de que acosen a nuestras familias."

Camila no cree que la represión sea idéntica en todos los casos, pero sí que atraviesa a cualquiera que intente salirse del guion oficial: 

"En una dictadura la represión es para todo el mundo, sea hombre o mujer." 

Aun así, reconoce formas específicas de humillación que afectan de manera particular a las mujeres: los registros corporales, la exposición del cuerpo, la falta de intimidad en una celda. Durante una detención, cuenta, la desnudaron para registrarla: 

"Lo sentí como una humillación y más por ser mujer."

Las madres en la diana del castigo

Los informes de Prisoners Defenders han documentado un aumento sostenido de presos políticos en Cuba. En junio de 2026, la organización reportó un récord de 1.281 casos tras sumar 28 en mayo. En ese universo represivo aparecen mujeres encarceladas, madres de presos, familiares bajo amenaza, activistas, periodistas, médicas y ciudadanas castigadas por reclamar derechos.

La revisión de casos recientes muestra un patrón que necesita más sistematización, pero que ya es visible: la maternidad no protege a las mujeres frente a la represión política; muchas veces se convierte en una zona adicional de castigo. Hay madres encarceladas, madres amenazadas por denunciar, madres de menores detenidos y madres obligadas al exilio para proteger a sus hijos.

Entre los casos difundidos por organizaciones de derechos humanos y medios independientes figuran mujeres como Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos menores, condenada a dos años de prisión en una causa que su familia denuncia como represalia política; Lizandra Góngora, Dariannis Guerra Suárez y María Cristina Garrido Rodríguez, presas políticas y madres, cuyos encarcelamientos han sido denunciados por familiares y organizaciones. La sanción no cae solo sobre ellas: alcanza a hijas e hijos que quedan sin cuidado materno, con familias reorganizadas por la cárcel y la precariedad.

No existe un registro oficial público que permita saber cuántas madres están presas o perseguidas por razones políticas, cuántos hijos menores han quedado sin cuidado materno por estas condenas ni cuántas mujeres han dejado de denunciar por miedo a represalias contra sus familias. Esa ausencia de datos también forma parte del problema.

"Toda violencia es política"

La activista Marthadela Tamayo González aporta otra clave para leer ese mapa: género, raza, pobreza y represión no pueden separarse. Integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), defensora de derechos humanos y gestora de proyectos como la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, Tamayo ha insistido en que la violencia contra las mujeres en Cuba también debe entenderse como violencia política.

La frase que sintetiza esa mirada —"Toda violencia es política"— fue llevada por la Alianza Cubana por la Inclusión a una guía presentada por Diario de Cuba. La investigación, elaborada por Sara Cuba, Marthadela Tamayo y Zelandia Pérez, abordaba la fusión entre violencia personal e institucional en Cuba.

La violencia política no aparece solo cuando una mujer es detenida, interrogada o encarcelada. También ocurre cuando el Estado decide quién puede organizarse, quién puede denunciar, quién puede salir del país, quién puede recibir formación, quién puede reunirse, quién puede acceder a justicia y quién puede ser escuchada.

En declaraciones ofrecidas a Martí Noticias, Tamayo señaló que una investigación sobre mujeres opositoras arrojó que el 96,8 % de las entrevistadas se consideraban expuestas a violencia política por ser activistas o por querer participar en la vida pública del país. 

En otro reporte de Martí Noticias, explicó que activistas de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión enviaron una carta a la Federación de Mujeres Cubanas para recordar las demandas de la campaña "Unidas por Nuestros Derechos", iniciada en septiembre de 2019. Entre esas demandas incluyeron la violencia política contra mujeres defensoras de derechos humanos y también contra amas de casa que querían aportar al cambio del país.

Su activismo tiene además una dimensión racial. Como mujer afrodescendiente y antirracista, Tamayo ha trabajado con comunidades vulnerables y ha denunciado la situación de mujeres negras y mestizas atravesadas por pobreza, discriminación, precariedad, vigilancia y falta de oportunidades. En esos márgenes, la violencia política pesa más: menos recursos, menos protección, menos visibilidad y menos capacidad de defensa ante las instituciones.

Si el régimen impide a las mujeres organizarse, denunciar, construir datos propios y participar en la vida pública, entonces la violencia contra ellas no puede tratarse solo como un asunto doméstico ni como un expediente policial. Es una cuestión de poder, remarca Tamayo.

La experta que documenta lo que el Estado calla

Para Ileana Álvarez, poeta, periodista y directora de Alas Tensas y de su Observatorio, la violencia política contra las mujeres debe entenderse dentro de un sistema que impide la autonomía de la sociedad civil y castiga la producción de verdad independiente.

Álvarez ha dedicado años a documentar la violencia contra mujeres y niñas desde el periodismo feminista independiente. Desde 2019, el Observatorio de Alas Tensas registra y verifica feminicidios y otras formas de violencia ante la falta de estadísticas públicas completas y transparentes. Aunque no respondan necesariamente a motivos políticos, los feminicidios muestran que cuando el Estado no produce datos confiables, las mujeres que los producen desde la sociedad civil entran en conflicto con el poder.

En su intervención "Sin libertades no hay igualdad verdadera", presentada en el III Foro DDC, Álvarez relacionó violencia de género, derechos humanos, cuidados, memoria y justicia. Su planteamiento central es que no puede haber igualdad real en un sistema que censura a la prensa independiente, impide la organización autónoma y persigue a quienes documentan las violencias.

Álvarez remarca que las mujeres cubanas cargan con buena parte de la supervivencia cotidiana: buscar alimentos, cuidar enfermos, lidiar con los apagones, cocinar sin combustible, sostener familias divididas por la migración y enfrentar la precariedad. Esa carga se vuelve política cuando el Estado no solo no garantiza condiciones de vida dignas, sino que además castiga a quienes las denuncian, según sus palabras.

Su historia como directora de un medio feminista independiente revela otra forma de represión: la censura contra quienes narran desde fuera del control estatal. Documentar violencias, acompañar a víctimas, producir informes, hablar ante foros internacionales o exigir políticas públicas no son actos neutros en una dictadura. Son formas de disputar el monopolio estatal sobre lo que puede nombrarse públicamente, según denuncia.

"Sobrevivir" al sistema

Camila Acosta sabe que cualquier cobertura, palabra o imagen puede ser usada como argumento penal. En Cuba, dice, incluso cuando una periodista intenta limitarse a observar y contar, termina convertida en blanco de los órganos represivos. Esa persecución la empuja a cuidar ciertas expresiones para evitar una condena. Explica:

"No he dicho mentiras, para nada, pero trato a veces de limitar ciertas opiniones que me gustaría poder expresar mejor. Es parte de lo que tenemos que hacer en Cuba para sobrevivir de alguna manera a este sistema."

Aun así, Acosta se define desde el oficio. Quiere seguir haciendo periodismo en una Cuba democrática: 

"Quiero un país donde yo pueda decir lo que pienso y contar la realidad sin que eso represente ser perseguida, encarcelada o secuestrada por la Seguridad del Estado."

Cuatro mujeres, un mismo mecanismo

Los informes de Amnistía Internacional y Cubalex confirman que los casos de Yindra, Camila, Marthadela e Ileana no son aislados. En el segundo semestre de 2025, Cubalex documentó 1.279 eventos de violaciones de derechos humanos en Cuba y registró represión directa e individualizada contra al menos 779 personas, entre ellas 189 mujeres. Entre quienes sufrieron mayor cantidad de actos represivos, la organización menciona a la Dama de Blanco Berta Soler Fernández y a Camila Acosta.

El informe señala además que persiste el patrón de funcionarios estatales que amenazan a mujeres con la pérdida de la patria potestad de sus hijos, junto a amenazas de muerte y hostigamiento contra familiares de personas perseguidas.

La violencia política contra las mujeres cubanas tiene, además, una particularidad: muchas veces no busca solo castigar lo que ya hicieron, sino impedir lo que podrían hacer. Es una violencia preventiva. Se vigila a una periodista para que no cubra. Se amenaza a una madre para que no denuncie. Se regula a una activista para que no viaje. Se difama a una defensora para que pierda credibilidad. Se hostiga a una organización para que no produzca datos propios.

El miedo como frontera

En Cuba, la frontera no siempre está en el aeropuerto. Para muchas mujeres críticas, la frontera está en la puerta de la casa, en la esquina donde puede esperar una patrulla, en el teléfono intervenido, en la citación policial, en la celda sin luz, en el hijo preso, en el pasaporte inutilizado por una regulación migratoria. 

Esto recuerda el texto de la pancarta de Juan Enrique Pérez Sánchez, preso político: 

"Era tanta el hambre que nos comimos el miedo."

Por eso este no es un reportaje sobre mujeres vulnerables. Es un reportaje sobre mujeres que siguen hablando en un país diseñado para que callen.

Camila lo resume desde el periodismo: quiere decir la verdad sin ser perseguida. Yindra, desde la maternidad: pide a otras madres que denuncien. Marthadela, desde el activismo, recuerda que toda violencia es política. Ileana, desde la documentación, insiste en que no puede haber igualdad sin libertad.