La pareja que conforman la periodista independiente María Matienzo y la activista Kirenia Yalit Núñez fue notificada oficialmente este miércoles 12 de enero de que ambas se encuentran “reguladas”. La clasificación, usada por el régimen de la isla para referirse a las personas a las que se les impide salir del país, es “una acción represiva de esperar”, como ha declarado la propia Matienzo a la revista La Hora de Cuba.
“Fuimos a actualizar nuestros documentos, y cuando llegamos a la Oficina de Migración y Extranjería del Cerro ―después de haber hecho la cola desde la madrugada―, nos dijeron a cada una por separado que estábamos reguladas y que no podíamos hacer los trámites”, contó Matienzo al diario Cubanet, donde es habitual reportera.
Sin explicaciones de las autoridades por una regulación que suele atribuirse a un supuesto “interés público”, las más recientes afectadas por esta medida del sistema totalitario expresaron su interés en presentar una queja ante la Fiscalía Provincial de La Habana, acción que desestimaron: “Lo más probable es que esa queja no llegue a ninguna parte o que recibamos una respuesta vaga”.
Para Matienzo, seleccionada por la revista Alas Tensas como una de las 21 mujeres cubanas más influyentes en 2021, se trata de su primera vez en un listado de regulados de la sociedad civil de la isla que incluye a más de 250 opositores, periodistas independientes, artistas y otras personas cuyas actividades en pro de los derechos humanos incomodan a la dictadura.
En cambio, Núñez, feminista y coordinadora de la organización Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, ha estado regulada en varias ocasiones desde 2018. “Es parte de esa gran maquinaria de represión que ellos usan para tener a una atada acá. Además, buscan que bajemos nuestro nivel de activismo”, declaró a Cubanet.
Durante el 2020 y 2021, ambas mujeres fueron víctimas de acoso, detenciones arbitrarias con desaparición forzosa, operativos policiales y otras formas de represión por parte de las autoridades cubanas. Razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la pareja en marzo pasado, al considerarlas “en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.