Menos de tres años después de abrir las puertas a la inversión del sector privado mediante la legalización de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), el Gobierno cubano comenzó a dar marcha atrás a estas regulaciones confirmando así lo inseguro que resulta invertir en Cuba debido a la falta de garantías legales.
Tal vez el mayor punto de inflexión del mal momento que se cierne sobre el sector privado en Cuba estuvo dado este lunes, con la publicación en la Gaceta Oficial de seis decretos-leyes, dos decretos del Consejo de Ministros y 11 resoluciones que imponen importantes limitaciones que podrían cambiar significativamente el panorama económico del país.
Las medidas, presentadas bajo el argumento de corregir distorsiones y reimpulsar la economía, afectan directamente a las MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
Principales medidas
Entre las restricciones más significativas está la prohibición de 125 nuevas actividades económicas para el sector privado, incluyendo áreas clave como la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, la edición de libros, la programación de televisión y diversas actividades de telecomunicaciones.
Otro de los anuncios que presupone más control para el sector privado es la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, un organismo que será dirigido por Mercedes López Acea, actual vicepresidenta del Consejo de Estado, y que estará subordinado al Consejo de Ministros.
De acuerdo con la información oficial, el Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales tendrá la tarea de supervisar y controlar la política estatal para las MIPYMES, cooperativas y trabajadores por cuenta propia (TCPs). Esto significa que las decisiones estratégicas sobre la economía privada estarán más centralizadas y directamente bajo la supervisión del Gobierno.
Otra novedad incluida en las regulaciones anunciadas en la Gaceta Oficial es la imposición de restricciones en la comercialización, pues las MIPYMES ahora deberán comercializar sus bienes y servicios en Moneda Nacional (CUP), salvo excepciones, y deberán registrar todas sus operaciones en una cuenta bancaria corriente.
Además, se les prohíbe participar en actividades que puedan considerarse delictivas o que atenten contra la Seguridad del Estado, subrayando el control del Gobierno sobre sus operaciones.
Las autoridades cubanas también establecieron cambios en el régimen tributario, pues eliminarán ciertos beneficios fiscales para las MIPYMES y los TCPs. Por ejemplo, los socios de MIPYMES ya no estarán exentos del pago del impuesto sobre los ingresos personales por los dividendos que obtengan en su primer año de operaciones. Además, se eliminó la exoneración de pagos durante los primeros meses de operación para los TCPs.
A partir de ahora todos los actores económicos no estatales estarán sujetos a un único régimen general de tributación, lo que elimina el régimen simplificado que antes beneficiaba a muchos pequeños emprendedores.
Las autoridades también anunciaron la regulación de los precios y tarifas, por lo que tanto las MIPYMES como otros actores privados deberán establecer sus tarifas siguiendo las directrices del Ministerio de Finanzas y Precios, lo que refuerza la intervención estatal en la fijación de precios, en un contexto donde ya se han impuesto topes a los precios de productos de primera necesidad.
También se impondrán nuevas reglas para la contratación de trabajadores por parte de las MIPYMES, incluyendo la necesidad de contratos escritos que establezcan claramente los derechos y deberes, a la vez que se fomentará la afiliación de los empleados a los sindicatos, que en Cuba son controlados por el Estado.
Una de las limitaciones más llamativas entre las anunciadas este lunes es la introducción del concepto de “residente efectivo” para ser socio de una MIPYME, es decir, pasar la mayor parte del año en Cuba. Este concepto afecta tanto a cubanos residentes en el exterior como a extranjeros que deseen participar en el sector privado cubano.
Por último, las nuevas normas establecen que la no utilización de los canales digitales de pago o la falta de operación a través de una cuenta fiscal constituirán delitos, reforzando así la política de bancarización obligatoria que el Gobierno ha impulsado recientemente, favoreciendo el control y la fiscalización de las ganancias del sector privado.
Posible impacto de las regulaciones
Este endurecimiento de las políticas para el sector no estatal se enmarca en un contexto de creciente control gubernamental, pues el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reiterado en varias ocasiones que la economía debe someterse a la planificación estatal y que las MIPYMES deben actuar como actores complementarios y no como motores principales de la economía.
Su postura contrasta con la apertura inicial que se promovió tras el VIII Congreso del Partido Comunista, donde se alentó la creación de MIPYMES como parte de las reformas para revitalizar la economía.
En el corto plazo, estas medidas podrían provocar una contracción en el sector privado cubano al aumentar las cargas regulatorias y fiscales, y restringir las áreas en las que pueden operar las MIPYMES y los TCPs.
Esto podría llevar a una reducción en las oportunidades de empleo y a una mayor dependencia de la población en el sector estatal, que ya enfrenta graves limitaciones.
En el largo plazo los resultados no parecen ser mejores, pues se estima que estas medidas podrían desalentar la inversión extranjera y la participación de la diáspora cubana en la economía nacional, limitando la capacidad de innovación y expansión del sector privado.
Por otra parte, la centralización del control estatal sobre la economía podría perpetuar la falta de competitividad, innovación y eficiencia en Cuba, exacerbando la crisis económica que enfrenta el país.
¿Por qué son anunciadas en este momento?
Existen varias razones que podrían explicar por qué estas medidas se toman en este momento específico marcado por una grave crisis económica y social en el país. En primer lugar, la economía cubana enfrenta una de sus peores crisis en décadas, marcada por una inflación descontrolada, escasez de bienes básicos y un debilitamiento del sector estatal.
En este contexto, el Gobierno parece estar buscando retomar el control sobre sectores de la economía que hasta ahora habían mostrado un crecimiento independiente, como el de las MIPYMES. Al imponer estas restricciones, el régimen busca mantener el control centralizado de la economía y evitar que el sector privado se convierta en una alternativa que compita directamente con el Estado.
Además, la eliminación de exenciones fiscales y la imposición de nuevos impuestos responden a la necesidad del Estado de aumentar sus ingresos. El régimen cubano depende en gran medida de los ingresos fiscales para financiar el presupuesto estatal, por lo que en un momento en que la economía formal está en declive están tratando de maximizar los ingresos provenientes del sector privado, que ha demostrado ser más dinámico y resistente a la crisis.
Por otro lado, las medidas parecen motivadas por preocupaciones de seguridad y control político. Al imponer restricciones sobre las actividades que pueden realizar las MIPYMES y reforzar el control sobre sus operaciones, el régimen intenta prevenir que estas empresas se conviertan en plataformas para la disidencia o en redes que escapen a su control.
La introducción del concepto de "residente efectivo" y la prohibición de participar en actividades que "atenten contra la Seguridad del Estado" subraya la intención de vigilar y controlar de cerca al sector privado.
Opinión de Pedro Monreal
El economista cubano Pedro Monreal se mostró crítico en una publicación realizada en sus redes sociales en relación con estas medidas, pues consideró que confirman un "arrinconamiento de la actividad privada y del mercado".
Sin embargo, en su análisis Monreal destacó que muchas de estas restricciones parecen estar basadas en un razonamiento político estrecho y carecen de una lógica económica sólida.
Uno de los puntos críticos que Monreal subrayó es la concentración de casi la mitad de las prohibiciones en dos sectores productivos claves: el agropecuario y la industria. Según él, estos sectores ya presentan severas limitaciones en cuanto a su capacidad de oferta, y estas restricciones adicionales pueden agravar aún más las carencias materiales de los ciudadanos.
Monreal también señaló que una parte significativa de las restricciones afecta actividades intensivas como la enseñanza y las actividades artísticas, que son esenciales para el desarrollo del capital humano en el país.
Además, criticó que las nuevas restricciones al comercio mayorista pueden retirar un "salvavidas" a varias entidades privadas, lo que a su vez podría favorecer la concentración del mercado en MIPYMES y cooperativas "enchufadas" estatalmente, es decir, aquellas con conexiones más cercanas al Gobierno.
En resumen, el economista cubano calificó a estas medidas como un retroceso en la apertura económica y una estrategia que podría tener efectos negativos a largo plazo para el desarrollo económico de Cuba. Su análisis sugiere que estas políticas podrían exacerbar la crisis económica actual en lugar de solucionarla.
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