La luna de miel del régimen con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) parece estar terminando tras la entrada en vigor de seis decretos leyes que colocan a este sector de la economía en una posición mucho más débil, con la excusa de corregir “distorsiones” y poner “orden”.
Estas nuevas regulaciones se centran en limitar las operaciones y la expansión de estos negocios, que han jugado un papel importante en el abastecimiento de productos y servicios en medio de la crisis económica y de escasez que lleva atravesando el país en los últimos años.
Los seis decretos leyes aprobados fueron:
- "Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia".
- "De las Cooperativas no Agropecuarias".
- "Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas".
- "De las Contravenciones en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y las Cooperativas no Agropecuarias".
- "Del Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores por Cuenta Propia, los Socios de las Cooperativas no Agropecuarias y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Privadas y los Titulares de los Proyectos de Desarrollo Local".
- "Del Sistema Tributario".
Los decretos leyes y otras disposiciones recientes impactarán especialmente en los negocios privados en tanto establecen limitaciones a las importaciones de bienes con altos consumos de electricidad, afectando directamente a las MIPYMES que dependen de estos equipos para sus operaciones.
Además, instituyen precios máximos para un grupo de productos de primera necesidad vendidos principalmente en los comercios no estatales, lo que puede reducir los márgenes de ganancia de estos negocios.
También imponen un tope del 30% en la tasa de utilidad sobre los costos y gastos totales en la comercialización de bienes y servicios e incrementan la vigilancia y el control sobre las actividades económicas de las MIPYMES, con la posibilidad de imponer multas y realizar decomisos en caso de violaciones.
Varios especialistas han calificado estas medidas como una arremetida contra el sector privado, un modelo de negocio que ha demostrado ser más eficiente que el estatal en varios aspectos, lo que podría estar generando una percepción de amenaza para el control gubernamental sobre la economía.
De hecho, el propio primer ministro, Manuel Marrero, ha insistido en que es un sector económico secundario, pues la “empresa estatal socialista” sigue ocupando un lugar privilegiado al interior de la economía cubana.
Menos de una semana después aprobar estas medidas las autoridades cubanas han impuesto 1.831 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo. En este proceso se han recaudado decenas de millones de pesos en multas, decomiso de los productos y ventas forzosas.
Otro de los temores que podría tener el régimen estaría relacionado con el crecimiento y éxito de las MIPYMES, que han permitido a muchos cubanos mejorar su calidad de vida independientemente del Estado, lo que podría estar erosionando la influencia política del Gobierno.
Estas empresas, aunque han estado muy controladas por el Estado, en ocasiones a través de testaferros, han creado, por otra parte, una clase empresarial emergente que busca mayor autonomía y libertad económica, desafiando así el modelo centralizado cubano.