Prisoners Defenders: "La Represión del 11J, una agresión contra el ser humano como especie"

La ONG denunció que "la represión ha sido un experimento exitoso a corto plazo de control y sometimiento de la especie humana mediante la violencia, la censura, la técnica mediática, las relaciones internacionales, y la pasividad de otros gobiernos".

Protestas en Cuba el 11 de julio
Protestas en Cuba el 11 de julio de 2021. | Imagen: Árbol invertido (montaje)

La represión del régimen cubano contra las protestas del 11 de julio "no ha sido sólo un ataque contra el pueblo cubano. Ha sido una agresión contra el ser humano como especie", consideraron los especialistas de la ONG Prisoners Defenders (PD), en su balance mensual sobre el estado de los derechos humanos de los reclusos y procesados judicialmente en Cuba.

En dicho informe, los especialistas compararon un total de 5 000 detenciones, 1 500 personas con medidas de limitación de libertad, y 381 presos y condenados políticos certificados, en su mayoría, más del 85%, sentenciados en juicios sumarios o Proceso Sumario por Atestado Directo, como reconocieron las autoridades cubanas.

"Todos los acusados que han sufrido procesos sumarios han sufrido privaciones de libertad arbitrarias, tan sólo ateniéndonos al proceso empleado. Pero, examinando los delitos imputados y los autos de privación de libertad, la ignominia se hace aún más evidente", reza el documento, que asegura que en "el 100% de los casos los fiscales de forma explícita penalizan la libertad de expresión de forma flagrante, impresentable, deleznable, pero, sobre todo, violatoria de toda legislación, incluso la cubana".

El reporte de PD se basó en entrevistas con más de un centenar de personas vinculadas de algún modo a las detenciones del 11J, sobre el registro de más de 550 arrestos recabados por la organización.

La ONG denunció que "la represión ha sido un experimento exitoso a corto plazo de control y sometimiento de la especie humana mediante la violencia, la censura, la técnica mediática, las relaciones internacionales, y la pasividad de otros gobiernos", señalando a Europa, y principalmente a España, entre aquellos que "han preferido visualizar la obra de teatro puesta en marcha sin tomar partido tajante e irrestricto por la defensa inmediata, efectiva y profunda de la integridad física, derecho a la libertad y derechos más fundamentales de miles de seres humanos".

"Experimento de control masivo" de la dictadura cubana

Como en otros informes, PD enumeró los mecanismos para el "experimento de control social masivo" de la dictadura cubana, entre los que se encuentran: el corte del servicio de internet; la prohibición a los medios nacionales para realizar la cobertura de los acontecimientos; la preparación de decenas de miles de tropas de diversos organismos del Ministerio del Interior para reprimir a los manifestantes; arrestos masivos y la cacería de brujas contra participantes en el 11J que no cesó en agosto con 117 nuevos condenados; y la confección de listas individuos “contrarios al proceso revolucionario”, "especialmente a cierto perfil de disidentes, aprovechando los hechos para realizar una razzia nacional sobre dicho colectivo".

La organización realiza una fuerte crítica a funcionarios europeos como Josep Borrell y otros por sus posturas ante la represión del 11J en la isla; destacó, por otro lado, el papel de las ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional en sus denuncias al sistema totalitario que dirige Miguel Díaz-Canel.

PD también señaló a las detenciones arbitrarias de los manifestantes como factor multiplicador de los casos de Covid en Cuba, y expresó especial preocupación por lo casos de los prisioneros de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maikel Castillo Pérez (Maikel Osorbo), Hamlet Lavastida, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez y las hermanas Garrido Rodríguez.

Testimonios de periodistas independientes, crónicas de madres y familiares de los detenidos, así como las amenazas de las que han sido víctimas los abogados defensores, están incluidos en este dossier de PD, que se extiende a los 304 presos políticos registrados en Cuba desde septiembre de 2020 y a los más de 11 000 cubanos que permanecen cumpliendo penas de entre uno y cuatro años de cárcel por “medidas de seguridad predelictivas”.
 

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