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Economía | Marrero Cruz amenaza con cerrar el 65% de los negocios privados en Cuba

Estas y otras medidas, lejos de resolver la crisis, parecen aumentar la dependencia con respecto al Estado y reducir el margen de acción del sector privado.

Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba.
Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba. | Imagen: Árbol Invertido

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, lanzó una advertencia contundente durante su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según el dirigente, el 65% de los negocios privados en Cuba, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y trabajadores por cuenta propia (TCP), podrían cerrar debido a supuestas evasiones fiscales y el incumplimiento de las normas de bancarización.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas por Marrero, de las 515,949 cuentas fiscales registradas, 286,040 tienen un saldo de cero, lo que el gobierno interpreta como una estrategia para "eludir el pago de impuestos".

En este contexto, la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior, publicada el 5 de diciembre de 2024 en la Gaceta Oficial, ordena la revocación de licencias comerciales a cooperativas no agropecuarias (CNA), Mipymes y TCP que tengan autorizada la actividad de comercio mayorista como secundaria. Estas entidades deberán liquidar sus inventarios y mercancías, en un plazo de "120 días hábiles" a partir de la entrada en vigor de la normativa, en el primer trimestre de 2025.

El sector privado en Cuba con la soga al cuello

Las disposiciones sobre los negocios privados forman parte de un paquete más amplio de medidas económicas adoptadas por el gobierno cubano en 2024. Estas incluyen controles estrictos sobre la fiscalidad, nuevos límites en el mercado cambiario y una mayor intervención estatal en la economía. Durante su comparecencia, Marrero destacó la necesidad de fiscalizar con mayor rigor a las grandes empresas y negocios que declaran pérdidas recurrentes o eluden responsabilidades tributarias.

Los resultados de estas políticas, sin embargo, siguen siendo insuficientes, con un impacto casi nulo en la mejora del poder adquisitivo de la población. Las restricciones sobre el comercio privado se suman a un escenario de incertidumbre, donde las iniciativas gubernamentales, lejos de resolver la crisis, parecen aumentar la dependencia con respecto al Estado y reducir el margen de acción del sector privado.

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