La Organización No Gubernamental Human Rights Watch (HWR), en su Informe Mundial para el año 2023, acusó al gobierno de Cuba de cometer abusos y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos “reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública”; además de señalar que los cubanos “siguen padeciendo una crisis económica severa” que impacta directamente en sus derechos.
El informe (que analiza la situación de los Derechos Humanos en varios países), resume la situación en la Isla denunciando, fundamentalmente, las detenciones arbitrarias, las cifras récord de emigrantes, los juicios políticos contra manifestantes del 11J y otros opositores, el deterioro de la calidad de vida por motivos económicos y sociales, los cortes de internet y las restricciones a la libertad de expresión, y la incapacidad de la comunidad internacional para conseguir (a lo largo de décadas) que se produzcan avances sostenidos en estos temas.
“Las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio de 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. Los juicios de cientos de esos manifestantes en 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas”, señala el resumen.
Añade que, “la represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes”.
A continuación, ofrecemos un resumen de las principales cuestiones abordadas por el informe de HRW con respecto a Cuba:
REPRESION Y HOSTIGAMIENTO
A menudo, organismos policiales y de seguridad del gobierno cubano llevaron a cabo detenciones arbitrarias para “hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas”. Además de casi nunca presentar órdenes judiciales, agentes de la Seguridad del Estado “han impedido que las personas asistan a las protestas arrestando a críticos y periodistas que se dirigían allí o impidiéndoles salir de sus viviendas”, según destaca el reporte de la ONG:
“Organizaciones cubanas de defensa de derechos humanos contabilizaron más de 1.500 personas detenidas, la mayoría de ellas manifestantes pacíficos o transeúntes; hasta octubre de 2022, permanecían encarcelados más de 660 detenidos. Muchos estuvieron incomunicados en la detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas”.
El informe también asegura que los tribunales cubanos, subordinados al poder ejecutivo, condenaron como conductas delictivas, acciones que constituyen el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación (por ejemplo, protestar pacíficamente, cantar canciones críticas contra el gobierno, o proferir insultos contra las autoridades). Además, muchas de las pruebas presentadas en los juicios contra manifestantes del 11 de julio, fueron “poco confiables y sin corroborar” (por ejemplo, declaraciones testimoniales solo de miembros de las fuerzas de seguridad, o supuestas “huellas de olor”).
Otra arma del gobierno cubano contra quienes le disienten ha sido negarle selectivamente la salida o regreso al país. El informe, señala el caso de la curadora de arte y activista Anamely Ramos de la siguiente forma:
"El 16 de febrero de 2022, las autoridades cubanas negaron el ingreso a Anamely Ramos, curadora de arte y activista cubana. Ramos se encontraba en Estados Unidos por motivos personales cuando decidió regresar a Cuba. Personal de la aerolínea le informó en Miami que el gobierno cubano le negaba el ingreso. Aún continúa en Estados Unidos".
También los periodistas, blogueros e influencers, así como artistas y académicos que regularmente publican información crítica en las Redes Sociales fueron blanco de hostigamiento por las fuerzas represivas del régimen. Según el informe, estos “suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias”.
El informe también se refiere a la aprobación del nuevo Código Penal, de la siguiente manera:
"En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un código penal que, entre muchas restricciones imprecisas, incluye una disposición que sanciona con hasta 10 años de cárcel a quien provea, reciba o tenga en su poder fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Ese lenguaje amplio allana el camino para que se impulsen procesos penales que socavarían el derecho de los cubanos a movilizarse y cuestionar de manera pacífica los abusos del gobierno".
PRESOS POLÍTICOS
“Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el debido proceso ni un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo”, asegura HRW.
La Organización No Gubernamental Prisioners Defenders, aseguró la existencia (hasta septiembre de 2022) de, al menos, 1020 personas detenidas que cumplen con la definición de “presos políticos”. Ejemplo de estos, son los activistas y líderes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes fueron procesados por ejercer su libertad de expresión, según reconoce el informe.
A esto se suma las pésimas condiciones de las prisiones y los centros de detención en el país, los cuales suelen encontrarse en condiciones de “hacinamiento”, como denuncia la ONG:
“No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno o inician huelgas de hambre a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica”.
Asimismo, el gobierno impide que organizaciones internacionales y cubanas de Derechos Humanos accedan a las cárceles del país. A pesar de esto, “en junio de 2022, las organizaciones no gubernamentales 11J y Cubalex —basándose en hallazgos de condiciones sanitarias deficientes, falta de alimentos y atención médica y condiciones degradantes— lanzaron la campaña “Miren las prisiones de Cuba” a fin de presionar a las autoridades para que autoricen las visitas de estas organizaciones y de expertos de las Naciones Unidas”.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El gobierno cubano restringe el acceso a información proveniente del extranjero y de fuentes críticas (como medios y periodistas independientes), mediante el ejercicio de su monopolio de los medios de comunicación en el país. Muchas páginas web están bloqueadas directamente desde Cuba. Además, se han producido cortes selectivos de Internet a determinadas personas, o en determinadas áreas de protestas (sumado a restricciones en otros servicios de telefonía).
También las autoridades continúan utilizando el sistema legislativo para cancelar, multar y hostigar a corticos del gobierno. Un ejemplo es el uso del Decreto-Ley 370/2018, “que prohíbe la difusión de información ‘contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad’ de las personas, para interrogar y multar a periodistas y críticos, y confiscar sus materiales”.
Si bien desde 2019 se ha experimentado un mayor acceso a Internet en la Isla, “el costo elevado y el acceso limitado impiden que la mayoría de los cubanos puedan leer noticias independientes”.
El informe señala, que, aunque en febrero y agosto de 2021, las autoridades ampliaron la cantidad de actividades económicas privadas permitidas, otras como el periodismo independiente y las relacionadas con los medios de comunicación, continuaron estando explícitamente prohibidas en el país.
EMIGRACIÓN
La suma de la profunda crisis económica y social, y de los actos represivos del gobierno cubano contra quienes disienten (y sus familiares), provocaron que en 2022 se alcanzaran cifras récord de emigración (regular e irregular) para Cuba, superando incluso los números de los éxodos del Mariel, en 1980, y la crisis de los balseros, en 1994.
"La Patrulla Fronteriza de EE. UU. aprehendió a más de 203.000 ciudadanos cubanos entre enero y septiembre de 2022. Esto representa un aumento drástico en comparación con los 33.000 cubanos aprehendidos en el mismo período de 2021. La Guardia Costera de EE. UU. interceptó a más de 6.182 cubanos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lejos la cifra más alta en cinco años".
Este éxodo fue posible, en parte, por la medida del gobierno de Nicaragua, que a fines de 2021 eliminó el requisito de visado para viajeros cubanos (principal ruta de los emigrantes irregulares cubanos para llegar a Estados Unidos).
Cabe señalar que los migrantes irregulares cubanos fueron blancos, en reiteradas ocasiones, de abusos por parte de traficantes de personas y organizaciones criminales, así como de fuerzas de seguridad de los países que atravesaron, fundamentalmente en las fronteras norte y sur de México; y en el Tapón del Darién (para quienes tomaron otras rutas, por Sudamérica).
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