En este agosto de 2024, el Ministerio del Interior de Nicaragua (MINT) ha cancelado la personalidad jurídica de 15 ONG. La más reciente, Cáritas de Matagalpa, promovía “el desarrollo de las comunidades más apartadas del departamento de Matagalpa".
La justificación para esta y otras cancelaciones ha sido que "no reportaron sus estados financieros" del período 2020-2023. De igual forma, el régimen ha determinado confiscar todos los "bienes muebles e inmuebles" pertenecientes a estas ONG. De estos 15 organismos, 9 han cerrado oficialmente por "disolución voluntaria", algo que parece haber sucedido debido a presión gubernamental.
Esto forma parte de la represión desatada por el régimen de Ortega en contra de organizaciones ajenas al Estado, sobre todo si tienen vocación cristiana, como es el caso. Esto tiene lugar menos de una semana después de que Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, expulsara del país a 7 sacerdotes católicos.
Nicaragua ha sido testigo de graves violaciones de derechos humanos bajo esta dictadura, incluyendo una fuerte represión a la disidencia, censura y arrestos arbitrarios. Organizaciones internacionales han documentado caso de torturas, el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policías, así como restricciones en la prensa y en el acceso a información.
Esta crisis, como ha ocurrido en Cuba y Venezuela, ha forzado a muchos nicaragüenses a buscar asilo y oportunidades de vida en otros países.