El Tribunal Supremo Popular de Cuba informó este lunes 10 de marzo la culminación del proceso de excarcelación de 553 personas, anunciado oficialmente el pasado 14 de enero de 2025. El proceso, mediado discretamente por el Vaticano y negociado con Estados Unidos, se ha presentado por las autoridades cubanas como una muestra de “soberanía” y “gesto humanitario”. Sin embargo, diversos organismos independientes y organizaciones de derechos humanos insisten en denunciar el carácter opaco de estas liberaciones, así como el uso de los presos políticos como “moneda de cambio” en el contexto de negociaciones internacionales.
Según datos de la sociedad civil, solo unos 200 presos políticos han sido liberados de un universo superior al millar de detenidos por motivos políticos en Cuba, la mayoría de ellos encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021.
El proceso: una “excarcelación anticipada” condicionada
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, precisó que las solicitudes de excarcelación se dividieron en dos etapas: 378 en enero y 175 en febrero, sumando un total de 553 personas. Pero subrayó que no se trata de liberaciones plenas, sino de "excarcelaciones anticipadas". Los beneficiarios deberán cumplir una serie de requisitos legales durante el tiempo restante de sus condenas. En caso de incumplimiento, advierten las autoridades, los excarcelados pueden ser devueltos de inmediato a prisión para completar sus sanciones.
Los excarcelados continúan bajo la supervisión del Estado y sus derechos siguen limitados.
El informe televisivo que divulgó la información dedicó especial atención a este aspecto: los excarcelados continúan bajo la supervisión del Estado y sus derechos siguen limitados. Deben comparecer regularmente ante los tribunales, observar sanciones accesorias y asumir responsabilidad civil, bajo amenaza explícita de revocación de los beneficios otorgados.
Liberaciones selectivas y exclusiones significativas
Entre los nombres destacados que han sido excarcelados figuran Félix Navarro y José Daniel Ferrer, ambos veteranos de la conocida “Primavera Negra” de 2003. También ha sido liberado el joven activista Luis Robles, encarcelado en 2020 tras manifestarse pacíficamente en el boulevard de San Rafael, en La Habana.
Sin embargo, no han sido beneficiados los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, reconocidos internacionalmente por su activismo y encarcelados en duras condiciones desde 2021. Tampoco han sido excarceladas las integrantes de las Damas de Blanco Saylí Navarro y Sissi Abascal, ni la poeta y activista María Cristina Garrido, condenada junto a su hermana Angélica por participar en las protestas de Quivicán.
Otro caso alarmante es el de Lizandra Góngora, madre de cinco hijos, quien permanece recluida en la prisión de Los Colonos, en la Isla de la Juventud.
El uso político de los presos: denuncias de la sociedad civil
Organizaciones como Justice 11J, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han expresado preocupación ante lo que consideran una estrategia del régimen cubano para obtener réditos diplomáticos sin garantizar avances sustantivos en materia de derechos humanos.
En un comunicado reciente, Cubalex alertó a la comunidad internacional sobre el uso de los prisioneros políticos como “moneda de cambio” en las negociaciones diplomáticas. “Mientras libera a algunos presos, el régimen refuerza la maquinaria represiva contra quienes disienten”, advierte la organización. Cubalex también expresó, a raíz de la culminación del proceso que: "Las personas excarceladas siguen bajo el control del régimen, sometidas a restricciones que les impiden ejercer plenamente sus derechos. Su supuesta libertad no es más que una concesión frágil y condicionada, que las mantiene vigiladas, coaccionadas y bajo la permanente amenaza de regresar a prisión".
Por su parte, Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha verificado que 229 presos políticos fueron excarcelados bajo esta medida. La ONG denuncia que una decena de ellos ya contaban con licencias extrapenales antes del anuncio oficial y que 324 de los beneficiados no son considerados presos de conciencia, sino condenados por delitos comunes. “Se ha dado fin a un intento de fraude del régimen cubano que la sociedad civil ha conseguido contrarrestar y demostrar”, afirmó en su comunicado.
"La liberación de presos políticos es usada por estas dictaduras para obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo".
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, señaló que el régimen habría fracasado, por primera vez, en obtener beneficios políticos y económicos mediante la manipulación de la liberación de presos políticos, algo que sí logró en procesos anteriores, como los de 2010 y 2015. "La liberación de presos políticos es usada por estas dictaduras para obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo. Es la primera vez que el régimen fracasa estrepitosamente en un intento de engañar a la comunidad internacional. Otros anteriores provocaron beneficios políticos y económicos para el régimen". No parece que haya sido así esta vez", afirmó
A su juicio, el deterioro del apoyo popular hacia el régimen ha sido determinante en el desenlace de esta estrategia fallida:
"Este intento de fraude ha sido de nuevo burdo, no diferente en ese aspecto a los anteriores, de 2010 o 2015, pero en esta ocasión la debilidad del régimen estatal y el apoyo del pueblo ha decaído tanto, más del 90% de la población se sabe gobernada por un auténtico cártel criminal que han sido incapaces de consumarlo como en anteriores ocasiones mediante la opacidad, el miedo, la falta de información, las declaraciones engañosas que no han faltado ninguna en este caso."
La persistencia del encarcelamiento político en Cuba
La excarcelación de los 553 presos fue anunciada apenas horas después de que Estados Unidos, bajo la administración saliente de Joe Biden, retirara a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta decisión, que implica importantes repercusiones económicas y diplomáticas, coincidió con el inicio del proceso de excarcelación, aunque el régimen cubano insiste en que se trata de una medida unilateral y soberana.
Sin embargo, organizaciones internacionales observan esta coincidencia como parte de un acuerdo no oficial mediado por el Vaticano. Con la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, y la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, el proceso fue pautado.
A pesar del anuncio oficial, según Amnistía Internacional, el OCDH y Justice 11J, en Cuba permanecen encarceladas más de 800 personas por motivos políticos. El régimen cubano, por su parte, niega tener presos políticos y se refiere a los detenidos como personas sentenciadas por “diversos delitos”.
Estas organizaciones insisten en que la mayoría de los excarcelados apenas participaron en manifestaciones pacíficas durante el estallido social del 11 de julio de 2021 y que las detenciones masivas posteriores siguen sin resolverse. Las condiciones carcelarias, además, han sido ampliamente denunciadas por su dureza y por el trato inhumano a los prisioneros.
En un mensaje publicado en redes sociales, Justice 11J criticó las restricciones impuestas a los excarcelados, quienes están obligados a “mantener un comportamiento social acorde con las normas socialistas”. La plataforma exigió transparencia y la publicación de una lista oficial de los beneficiados por las excarcelaciones, algo que hasta el momento el Gobierno cubano ha rehusado divulgar.
Una deuda pendiente con los derechos humanos
Aunque la liberación de algunos presos políticos se ha celebrado como un alivio ante las graves condiciones de detención en Cuba, la sociedad civil y las organizaciones internacionales insisten en que el régimen cubano no ha dado muestras de un compromiso real con los derechos humanos.
Más de 800 presos políticos siguen tras las rejas, y la represión continúa siendo una herramienta central del poder estatal en la isla. La transparencia en los procesos judiciales y penitenciarios, así como el respeto a la libertad de expresión y de asociación, siguen siendo exigencias pendientes.
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