Irán atraviesa una de las mayores oleadas de protestas de los últimos años. Organizaciones de derechos humanos reportan al menos 35 personas muertas y más de 1.200 detenidas en el marco de disturbios que ya se han extendido, por más de 10 días, a unas 250 localidades de 27 provincias, una magnitud que no se registraba desde las protestas de 2022.
Los reportes señalan que entre las víctimas mortales hay manifestantes, menores de edad y también miembros de las fuerzas de seguridad. El régimen iraní, sin embargo, no está publicando cifras oficiales ni ofreciendo balances detallados, mientras mantiene una cobertura limitada de los acontecimientos a través de los medios estatales.
Desde Teherán, las autoridades del régimen califican a los manifestantes como “alborotadores” y aseguran que algunos estarían armados, aunque no han presentado pruebas. El líder supremo de Irán, Alí Khamenei, afirmó que los disturbios deben ser “puestos en su lugar”.
Uso de la fuerza y denuncias de represión
La respuesta de las fuerzas de seguridad está generando fuertes denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza. Videos difundidos en redes sociales muestran a efectivos disparando contra civiles en medio de las protestas, así como operativos violentos en calles, barrios residenciales y zonas comerciales.
Algunas de las imágenes más impactantes muestran la irrupción de fuerzas antidisturbios en hospitales, donde estarían buscando a manifestantes heridos para detenerlos. Activistas y organizaciones internacionales denuncian que estas acciones violan normas básicas del derecho humanitario y agravan el clima de temor entre la población.
Reacciones internacionales y advertencias de Estados Unidos
Las protestas en Irán generan reacciones a nivel internacional, particularmente desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que, si el régimen iraní mata violentamente a manifestantes pacíficos, su gobierno podría intervenir para “acudir en su rescate”.
Aunque Trump no detalla el alcance de una eventual intervención, sus palabras colocan la represión en Irán bajo un mayor escrutinio internacional.
El origen del descontento social
Las manifestaciones se inician el 28 de diciembre de 2025, impulsadas por un profundo deterioro económico. El colapso de la moneda iraní, el encarecimiento acelerado del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo están golpeando de forma directa a amplios sectores de la población.
A este escenario se suma el desgaste acumulado tras años de sanciones internacionales, restricciones económicas y una represión constante de la disidencia. Para muchos iraníes, la crisis actual no representa un episodio aislado, sino la continuidad de un descontento que nunca ha terminado de apagarse.
Una crisis que se profundiza
El alcance geográfico y la duración de las protestas reflejan un malestar estructural que atraviesa a la sociedad iraní. La participación de jóvenes y la presencia de menores entre las víctimas subrayan la dimensión generacional de la crisis, mientras la falta de información oficial alimenta la incertidumbre.
Mientras las manifestaciones continúan, el régimen mantiene una estrategia basada en la fuerza y el control del relato público. En paralelo, la comunidad internacional observa con atención una situación que sigue evolucionando y que amenaza con profundizar aún más la brecha entre el Estado iraní y una población cada vez más golpeada por la crisis económica y la represión política.