"El juicio concluyó, en unas horas explicaré lo ocurrido, solo adelanto que fui considerada culpable de un delito de desobediencia y que apelaré a instancia provincial", ha declarado Alina Bárbara.
Aun así, ha aclarado que lo más importante "es ahora denunciar los atropellos enormes: Jorge Fernández Era fue detenido en la antigua Plaza del mercado por el carro patrulla 262 y dos oficiales uniformados". Fernández Era se proponía acompañar a Alina Bárbara hasta el juicio, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron.
De igual forma, escribe que "hay dos personas desaparecidas: Mario Gines Gonzalez Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui, ambos lograron llegar al tribunal pero cuando intentaron entrar, pues se dijo que era una vista pública, fueron llevados (Mario a empujones), según se le dijo al padre de mi hija para la estación de policía."
Además de los citados, hubo otras arbitrariedades por parte de la policía política cubana, como la vigilancia y el "arresto domiciliario" de Raymar Aguado Hernández, Dimitri Prieto y Alexander Hall Lujardo.
Según Cuba X Cuba, Laboratorio de Pensamiento Cívico sobre la nación cubana, "La profesora fue encontrada culpable y se le aplicó una sanción de 250 cuotas de 30.00 CUP cada una, que deberá pagar como condición para que se le retiren las limitaciones de movilidad y la prohibición de salida del país."
Aun así, Alina Bárbara ha dejado claro que no acepta tales condiciones y que "apelará a instancia provincial". De acuerdo a este mismo medio, en la sala del juicio "solo permanecieron familiares de la profesora y agentes de la Seguridad del Estado", puesto que fueron retirados de allí activistas, periodistas y otros conocidos de Alina Bárbara.
La profesora y académica realiza protestas pacíficas todos los meses en el matancero Parque de la Libertad. Entre sus reclamos se encuentran la liberación inmediata de todos los presos políticos sin exilio obligatorio, la creación de una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente, con el fin de redactar una nueva Constitución, y que el Estado se ocupe urgentemente de ancianos y personas vulnerables.
Debido a este activismo, Alina Bárbara fue citada a mediados de año por la policía de su provincia, como acto intimidatorio de las autoridades locales. La profesora rechazó dicha citación, por considerarla "ilegal" e "injustificada". A raíz de esto, el Poder político cubano le "ha fabricado" un caso de "desobediencia", razón por la cual estuvo obligada a asistir a este juicio.
López Hernández, quien ha sufrido constantes amenazas y se encuentra regulada por el Estado, por lo cual no puede abandonar el país, así como la prohibición arbitraria de salir del país, ha presentado numerosos recursos contra los procedimientos policiales en su contra, pero ninguno ha sido aceptado.