A partir del 18 de septiembre de 2024, el Gobierno cubano implementará un nuevo sistema de impuestos, dentro del cual destaca la introducción del Impuesto al Valor Añadido (IVA). Este gravamen, que es común en otros países, supone un golpe directo a los bolsillos de los cubanos, ya que aumentará el precio de cada producto y servicio.
Aunque el gobierno justifica la medida como un intento de "reimpulsar" la economía y reducir el déficit fiscal, la realidad es que este tributo recae desproporcionadamente sobre todas las familias cubanas, especialmente las más vulnerables, quienes ya lidian con una inflación galopante y una escasez crónica de productos esenciales.
La maquinaria gubernamental cubana, en su afán por sostener un modelo económico fallido, parece haber encontrado en el IVA una nueva vía para exprimir los escasos recursos de la población. Bajo el disfraz de "corrección de desequilibrios", el régimen busca desesperadamente recaudar fondos para sostenerse.
Sin embargo, esta medida incrementa inevitablemente el costo de vida y afecta sobre todo a los trabajadores por cuenta propia, quienes ya enfrentan múltiples obstáculos para mantener a flote sus negocios. Estos, además de verse obligados a incrementar sus precios, también deberán lidiar con un sistema contable deficiente y escasa bancarización, que complicará aún más su cumplimiento fiscal.
El gobierno cubano promete una supuesta justicia social a través de la gradualidad en la aplicación del IVA, pero esa retórica solo enmascara una política recaudatoria despiadada, carente de sensibilidad hacia las dificultades cotidianas del pueblo. Mientras los altos funcionarios proclaman medidas "técnicas" para controlar la economía, los cubanos de a pie se preguntan si alguna vez verán los beneficios de esos impuestos en una mejora real de sus vidas.