Organizaciones opositoras y activistas de derechos humanos denunciaron este domingo el asesinato de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, preso político cubano de 30 años de edad, quien se encontraba cumpliendo una condena por su participación en las protestas del 11J en la prisión Combinado del Este, ubicada en La Habana.
Guillén, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, fue asesinado por los guardias de la prisión, quienes le propinaron una golpiza, según denunció su madre, Dania María Esplugas, en un video compartido por la UNPACU en YouTube.
La noticia también fue difundida a través de las redes sociales por figuras como Ana Belkis Ferrer, quien expresó su indignación en la cuenta del líder opositor José Daniel Ferrer, actualmente también encarcelado, y exigió justicia para el prisionero político cubano denunciando el acto como otro ejemplo de la impunidad con la que operan las autoridades cubanas.
Por su parte, Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, denunció que Guillén fue “golpeado hasta la muerte” y responsabilizó directamente al presidente Miguel Díaz-Canel y al general Lázaro Alberto Álvarez Casas, actual ministro del Interior, por lo sucedido.
Un caso rodeado de irregularidades
Guillén fue arrestado en julio de 2021 tras las manifestaciones del 11J, cuando agentes de la Seguridad del Estado lo detuvieron violentamente en su domicilio. Desde entonces, permaneció en prisión sin juicio, a pesar de los repetidos Habeas Corpus presentados por su madre, exigiendo su liberación inmediata.
Varios opositores han señalado el caso de Guillén como un ejemplo claro de las violaciones legales y los abusos cometidos por el régimen cubano contra los manifestantes del 11J. Según Martha Beatriz Roque, coordinadora del Centro de Derechos Humanos, el Gobierno ni siquiera respeta los principios básicos de su propia “legalidad socialista” en estos procesos.
Un contexto de represión y muertes bajo custodia
El caso de Guillén no es un hecho aislado. Las cárceles cubanas han sido escenario de múltiples muertes bajo custodia en los últimos años. En noviembre de 2023, el preso político Luis Barrios Díaz falleció por complicaciones respiratorias tras ser trasladado de manera irregular desde el hospital La Covadonga a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón.
En octubre, Gerardo Díaz Alonso, condenado a 14 años por participar en el 11J, murió de un infarto en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. Asimismo, en agosto, el preso político Yosandri Mulet Almarales, quien participó en las protestas de La Güinera, falleció tras un intento de suicidio que evidenció la falta de atención médica y psicológica en los centros penitenciarios.
Según un informe reciente de Cubalex, al menos 26 personas murieron bajo custodia en el primer semestre de 2024, mientras que en los últimos dos años se han documentado 56 muertes en prisiones cubanas. Estas cifras reflejan las condiciones alarmantes de los detenidos, quienes enfrentan torturas, tratos crueles e inhumanos, así como carencias severas en alimentación, productos de higiene y atención médica.
Actualmente, el régimen cubano mantiene encarceladas a 554 personas por su participación en las protestas del 11J, la mayor movilización social en décadas. Estos detenidos han sido sometidos a juicios irregulares, condenas desproporcionadas y condiciones carcelarias degradantes.
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