El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) aprobó la Resolución 194/2024, que establece un procedimiento más estricto para el control de las actividades ambientales, de normalización, metrología y calidad realizadas por el sector privado, según informó este domingo el portal oficialista Cubadebate.
La normativa, publicada en la Gaceta Oficial del 6 de diciembre, sustituye a la Resolución 233/2018 y está enfocada en reforzar el control estatal sobre sectores clave relacionados con el medioambiente y las ciencias técnicas.
Entre las principales medidas de la Resolución se encuentra la designación de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) y la Oficina Nacional de Normalización (ONN) como los organismos responsables de supervisar y regular estas actividades en el sector privado.
Las mencionadas entidades estatales serán las encargadas de otorgar licencias ambientales para actividades como acceso a áreas naturales o manejo de sustancias químicas peligrosas, establecer planes anuales de inspección para verificar el cumplimiento de normativas y aplicar sanciones en caso de violaciones legales, incluidas la suspensión o cancelación de licencias.
Los mismos organismos tendrán la potestad para regular las actividades metrológicas, garantizando que cumplan con estándares internacionales, por lo que los trabajadores por cuenta propia deben recibir capacitación técnica obligatoria en áreas específicas para cumplir con las disposiciones del CITMA.
Principales riesgos de la resolución
Esta resolución implica la ampliación de controles y restricciones que podrían dificultar el desarrollo del sector privado en actividades técnicas, en primer lugar, por la centralización excesiva, pues la ausencia de oficinas municipales del CITMA obliga a que todas las solicitudes y trámites se gestionen a nivel provincial, lo que representa un obstáculo significativo para emprendedores en zonas rurales o alejadas.
Otra de las dificultades a la que se enfrentan los trabajadores del sector privado con la mencionada resolución son los regímenes de sanción estrictos, pues la ORSA y la ONN tienen la autoridad de imponer sanciones, revocar licencias y detener actividades, lo que podría desalentar la iniciativa privada en un contexto ya restrictivo.
También podría afectar a los emprendedores cubanos la burocracia y plazos ajustados de la nueva resolución, pues, aunque se establecen procedimientos de apelación en casos de suspensión o cancelación de licencias, estos son muy cortos y limitan la capacidad de los afectados para defender sus casos.
Otro de los problemas de la nueva normativa es que prioriza el control sobre el fomento de la iniciativa privada, reforzando el rol del Estado como autoridad máxima en sectores clave y los requisitos definidos para manejar sustancias químicas, especies protegidas o recursos genéticos son técnicamente complejos, lo que podría excluir a trabajadores sin recursos o conocimientos avanzados.
Aunque el CITMA argumenta que la resolución busca garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad técnica en actividades privadas, las medidas establecidas parecen enfocarse más en reforzar el control estatal que en promover un entorno favorable para el desarrollo del trabajo por cuenta propia.