El domingo 12 de abril de 2026 arrancaron las elecciones presidenciales en Perú, con sus 36 candidatos.
Miles de ciudadanos salieron a votar temprano. En la mayoría de los lugares lo hicieron sin problema. Pero casi a las 4:00 de la tarde de ese día, cerca del 13 % de las mesas en Lima, la capital y ciudad con mayor concentración poblacional en el país, no estaban instaladas, según la ONG Transparencia Perú. Igual ocurrió en mesas por habilitar en los estados de Florida y New Jersey, EE.UU., donde la diáspora peruana participaría del proceso electoral.
En ambos casos, a las protestas de los peruanos que hacían fila por horas, se unió el desánimo, y muchos volvieron a sus casas.
¿Conspiración contra Rafael López Aliaga?
Un dato es clave aquí. Tanto en la capital como en el extranjero, había un candidato que arrasaría: el conservador Rafael López Aliaga. ¿Coincidencia? Algunos analistas como el politólogo Agustín Laje dicen que no, que la demora para abrir las mesas en ambos sitios tenía como fin desestimular el voto en los bastiones del candidato por el Partido Renovación Popular.
Y ahora, mientras la palabra fraude comienza a ganar momentum, todos los ojos están sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su jefe, Piero Corvetto.
¿Cómo es posible que las mesas hayan abierto a tiempo en sitios remotos como la selva amazónica, la cordillera de los Andes (la más grande de las Américas) o áreas desérticas, pero no en la ciudad con mejor infraestructura del Perú o fuera del país?
Además de la ONPE, los otros perdedores de credibilidad el domingo 12 fueron la gran prensa peruana —el diario El Comercio publicó en portada que todo el material electoral estaba listo en Lima— y observadores internacionales como la Unión Europea.
La jefa de esa misión, la socialista italiana Annalisa Corrado, llegó a declarar que lo sentía por quienes habían tenido que esperar, "pero hasta ahora no ha llegado ningún tema de irregularidades", mientras cientos de peruanos veían evaporarse, de pie y bajo un sol brutal, su oportunidad de votar.
Sin embargo, instituciones nacionales tenían otra opinión. El Jurado Nacional de Elecciones, de modo extraordinario, ordenó suspender la difusión de resultados y conteos rápidos, y dispuso ampliar la votación hasta el lunes 13 de abril de 2026 en las mesas que no pudieron instalarse. Reconocía así la magnitud de las irregularidades.
Por su parte, la Unión de Gremios Empresariales solicitó a la Junta Nacional de Justicia que destituyera a Corvetto "por los graves hechos" en el proceso electoral del 12 de abril, que:
"Comprometen la integridad del proceso, la confianza ciudadana y vulneran seriamente los principios fundamentales de nuestra democracia."
Riñeron los gremios:
"Es inaceptable que miles de mesas se instalaran tarde o no fueran habilitadas por falta de material electoral, impidiendo a ciudadanos ejercer su derecho al voto. A ello se suma el mal funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en un gran porcentaje de mesas."
Añadieron que:
“Llama especialmente la atención que estas graves deficiencias se hayan producido precisamente en Lima y Callao, donde la logística debía operar con mayor eficiencia dada su cercanía a los centros de distribución del material electoral."
En solo una década, de 2016 a 2026, Perú ha experimentado una notable inestabilidad política y corrupción sistémica con la sucesión de ocho presidentes. En 2024 la Fiscalía presentó una acusación constitucional contra la exmandataria Dina Boluarte por cohecho y enriquecimiento ilícito; y en diciembre de 2022 hubo un intento de autogolpe de Estado del izquierdista Pedro Castillo, hoy encarcelado.
¿Operación Morrocoy?
En la noche del 16 de abril, decenas de ciudadanos de Piura se concentraron con carteles con mensajes como "ONPE fallaste" y "procesos fraudulentos y lentos" para expresar su malestar por los resultados. En uno de ellos podía leerse "Operación Morrocoy".
Con ese nombre se conoce, en el contexto político venezolano, a una estrategia electoral desplegada por la dictadura socialista de Hugo Chávez. Su objetivo era causar retrasos intencionales y lentitud durante las jornadas de votación, especialmente en zonas donde la oposición obtendría más votos.
El nombre proviene de la tortuga "morrocoy", conocida por su movimiento lento. Según Transparencia Venezuela, esta operación se caracteriza por la demora en la apertura de mesas, fallas técnicas selectivas y obstáculos en la votación para cansar a los electores. Con el fin de desmotivar el voto opositor, habría sido implementada por primera vez en 2012.
En 2013, Corvetto participó en una Misión de Avanzada de la Unión Interamericana de Organismos Electorales en Venezuela, previo a las elecciones donde, tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro sería declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El candidato más afectado por las evidentes irregularidades en el proceso electoral en Perú, López Aliaga, compartió un video sobre la Operación Morrocoy en Venezuela, estableciendo paralelismos con lo sucedido en Lima. Posteó:
"Cansaron a los votantes para que no ejerzan su derecho al voto. La lentitud no fue casualidad, fue intencional."
Las anomalías, denunciadas por ciudadanos a través de redes sociales como X, también fueron reconocidas por la Dirección Anticorrupción de la Policía Nacional, que detuvo al día siguiente de las elecciones al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas. Ahora es objeto de investigaciones por retrasos en la entrega de materiales electorales.
Esta es la primera vez que las Fuerzas Armadas no se encargan de la logística del proceso. El veterano de la Fuerza Aérea Alexandre Ridoutt Agnoli contó, a propósito del desastre, cómo años atrás tuvo la responsabilidad de custodiar centros de votación:
"El procedimiento era claro, riguroso y, sobre todo, preventivo: el material electoral llegaba entre viernes y sábado, se pernoctaba en el local bajo custodia y todo quedaba asegurado antes del domingo."
La pregunta, dijo, es inevitable:
Regresar al inicio"¿Por qué se reemplazó un sistema logístico que durante años funcionó con eficiencia, basado en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con presencia en todo el territorio, por un esquema que ha demostrado ser claramente deficiente?"