El Consejo Nacional Electoral (CNE, órgano gubernamental controlado por el chavismo), dio como vencedor a Nicolás Maduro con el 51,2% frente al 44,2% de Edmundo González en las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio de 2024.
Ante este resultado, la mayor parte del pueblo venezolano se ha lanzado a las calles reclamando justicia ante lo que consideran "fraude electoral". De igual forma, muy pocos países han reconocido a Maduro como legítimo ganador y muchos exigen una revisión del proceso electoral.
El Centro Carter y la ONU fueron los únicos observadores electorales autorizados por el gobierno de Maduro. El informe de la ONU se mantiene confidencial y solo se ha entregado al secretario general de la organización. Con respecto al Centro Carter, aquí te ofrecemos de manera íntegra sus declaraciones.
Declaración del Centro Carter sobre las elecciones en Venezuela
ATLANTA (30 de julio de 2024)
La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática.
El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales.
El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición.
"La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos."
En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes: plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior.
El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos.
"Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación."
La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo.
Pese a este contexto, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado (puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes) e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades.
En el número limitado de recintos visitados, los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados.
Sobre la misión técnica de observación electoral del Centro Carter en Venezuela
El Centro Carter fue invitado por el CNE para observar la elección presidencial de 2024 y firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera observar libremente de acuerdo con sus estándares metodológicos. El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. La misión se reunió con una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de observación ciudadana, representantes de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, las fuerzas armadas y expertos electorales. Dada la cantidad de integrantes, las observaciones directas del Centro Carter fueron limitadas, especialmente el día de las elecciones. El Centro Carter publicará un informe final de su misión de observación en Venezuela, detallando todos los hallazgos en este comunicado.
El Centro Carter ha observado 124 elecciones en 43 países y está comprometido con la observación electoral imparcial e independiente que proporcione transparencia en los procesos electorales con el objetivo de fomentar procesos que cumplan con los estándares internacionales de elecciones democráticas.
Publicado originalmente por el Centro Carter en este enlace.