Desde la noche del viernes 6 de septiembre, varias patrullas de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de Venezuela se apostaron en los alrededores de la Embajada de Argentina en Caracas. El sábado en la mañana, Nicolás Maduro anunció su decisión de “revocar, de manera inmediata, el beneplácito otorgado al Gobierno de la República Federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, así como la custodia de los locales de la misión diplomática incluido sus bienes y archivos”. Esta decisión se apoya, dijo, en supuestas pruebas de que la Embajada se empleaba para “la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio”.
Poco después, el Ministerio de Relaciones exteriores argentino respondió a la impugnación exigiéndole al gobierno venezolano respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y expresando su condena al régimen dictatorial de Caracas: “Acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano”, concluye la declaración.
Por su parte, el gobierno de Brasil advirtió que seguiría custodiando y la sede diplomática mientras el gobierno argentino no ceda a otro Estado esa responsabilidad. En su declaración, el ministerio de Relaciones Exteriores de Lula da Silva dijo haber recibido con sorpresa la comunicación del gobierno venezolano e insistió en que Venezuela debe respetar las Convenciones de Viena.
El gobierno de Gabriel Boric ha hecho pública su solidaridad con Argentina y Brasil ante “la situación por la que atraviesan en estos momentos”.
En la Embajada de Argentina en Caracas se encuentran refugiados Magalí Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, todos colaboradores de Corina Machado en la campaña presidencial; así como Omar González (ex diputado por Vente Venezuela) y el opositor Fernando Martínez Mottola.
Frente a la gravedad de este hecho, el coordinador Internacional de Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, denunció el asedio a la Embajada por parte de patrullas del Sebin y del Daet, junto a funcionarios “con los rostros cubiertos con pasamontañas, armados y con chalecos antibalas” y responsabilizó a Nicolás Maduro por lo que pudiera ocurrir si invaden la sede diplomática. “¡Hacer política no es un delito!”, expresó.
Los opositores refugiados en la Embajada explican que “los accesos a la sede están tomados” y han cortado el servicio eléctrico. “Lo que estamos viviendo es un Estado sin control, sin ley”, denuncian.