Las autoridades cubanas anunciaron que en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que se desarrollará entre el 18 y el 20 de diciembre presentarán a los diputados una propuesta de modificación del Código de Trabajo, la cual afianzará el control ideológico del régimen sobre los empleados.
De acuerdo con Yiseilis Ferrer Mariño, directora jurídica y de relaciones internacionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la nueva normativa propone modernizar las relaciones laborales en Cuba para alinearse con la Constitución de 2019 y adaptarse a la realidad actual del país.
Uno de los cambios más controversiales de la normativa será la facultad otorgada a los empleadores para evaluar no solo las competencias laborales y calificaciones técnicas de los candidatos, sino también los “valores y principios” requeridos para ocupar un determinado puesto.
Esta disposición abre la puerta a la discriminación por razones políticas o ideológicas, especialmente en un contexto donde la lealtad al sistema estatal ha sido un factor determinante para acceder a empleos, tanto en el sector estatal como en el no estatal.
Principales novedades
Asimismo, el nuevo Código introduce el término “personas trabajadoras”, reemplazando a “trabajadores”, con un enfoque más inclusivo que pretende eliminar distinciones de sexo, género, color de piel u orientación sexual.
También incorpora a las “personas de interés especial”, que abarcan a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no se detallan mecanismos específicos para garantizar la protección de estos grupos más allá del reconocimiento retórico de sus derechos.
Otra de las novedades es la regulación del teletrabajo y el trabajo a distancia, modalidades que se han vuelto indispensables tras la pandemia. No obstante, su implementación enfrenta desafíos estructurales en Cuba, como la falta de conectividad, los cortes eléctricos frecuentes y la brecha tecnológica, lo que podría limitar el acceso a estas alternativas laborales solo a los sectores más privilegiados.
De espaldas a la crisis económica
Por otra parte, aunque el Código prohíbe el trabajo infantil y mantiene derechos fundamentales como vacaciones y seguridad social, no aborda de manera concreta cómo enfrentar los efectos de la crisis económica que obliga a muchas familias a recurrir al empleo informal o a menores para garantizar su subsistencia.
Por último, la nueva norma mantendrá el control sindical sobre licencias y convenios laborales, lo cual podría interferir con la autonomía de los trabajadores y empleadores en la toma de decisiones.
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