Las trayectorias de los presos políticos cubanos Lizandra Góngora y Alexander Fábregas representan la perseverancia y la firmeza de una ciudadanía que, en medio de la represión estatal, insiste en ejercer y defender derechos fundamentales. Su reciente reconocimiento con el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos subraya la importancia de quienes denuncian los abusos de regímenes autoritarios y confirma que su lucha trasciende las fronteras nacionales.
Este galardón también visibiliza el alto costo personal de sostener la demanda de un futuro democrático en Cuba, a pesar de la persecución. También resalta la urgente necesidad de visibilizar la situación de los presos de conciencia, quienes siguen enfrentando condiciones inhumanas y un sistema judicial carente de garantías.
El premio lleva el nombre de Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido durante la última dictadura argentina y figura clave en la defensa de los derechos humanos en América Latina. Fue creado para reconocer a personas y organizaciones que, en contextos represivos, mantienen viva la denuncia de los abusos y la exigencia de justicia.
Su entrega está a cargo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), institución con sede en Buenos Aires dedicada a la promoción de la democracia, el Estado de derecho y la libertad de expresión en la región. Al distinguir a Góngora y Fábregas, reafirman su objetivo de visibilizar las luchas cívicas en sociedades donde disentir todavía se paga con cárcel, persecución y silencio impuesto.
Lizandra Góngora Espinosa
Lizandra Góngora Espinosa se ha convertido en una de las voces más visibles de la resistencia cívica en Cuba. Madre de cinco hijos, fue arrestada el 11 de julio de 2021 durante las protestas pacíficas que estallaron en todo el país en respuesta a la crisis económica, la escasez de bienes básicos y la represión política. A pesar de no haber ejercido violencia, fue acusada de “sabotaje continuado”, “robo con fuerza” y “desórdenes públicos”.
Su proceso judicial evidenció la falta de garantías en el sistema cubano. La Fiscalía Militar demoró la causa hasta mediados de 2022, cuando se le impuso una condena de 14 años de prisión. Desde entonces ha protagonizado huelgas de hambre para denunciar su encarcelamiento arbitrario, lo que le valió represalias severas y prolongados periodos de aislamiento, un mecanismo recurrente contra quienes son castigados por razones políticas.
En prisión, Góngora se ha mantenido activa: junto a otras nueve presas políticas firmó una carta dirigida al Gobierno cubano, pidiendo que atendiera el reclamo del Vaticano por la liberación de los presos del 11J. En 2023 fue trasladada a la prisión de Los Colonos, en la Isla de la Juventud, donde permanece aún más distante de sus hijos.
Alexander Mario Fábregas Milanés
Alexander Mario Fábregas Milanés ha impulsando espacios de resistencia frente a la falta de libertades y la ilegitimidad del régimen cubano. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos lo convirtió en blanco constante de la represión estatal.
En 2021 fue arrestado tras las protestas del 11J y, el 27 de julio de 2024, volvió a ser detenido bajo el cargo de “propaganda contra el orden constitucional”, una acusación habitual para castigar la disidencia pacífica. Desde entonces permanece encarcelado, sometido a un proceso judicial arbitrario y en condiciones que buscan quebrar su liderazgo.
Incluso en prisión ha continuado su activismo, alentando a otros reclusos a mantener la resistencia y denunciando las arbitrariedades del sistema. Esa perseverancia lo ha consolidado como un referente del movimiento democrático cubano, tanto dentro como fuera de las cárceles.
Los casos de Lizandra Góngora y Alexander Fábregas no son episodios aislados, sino parte de un patrón represivo que ha dejado a cientos de cubanos encarcelados por motivos políticos. Al distinguirlos, el Premio Graciela Fernández Meijide llama la atención sobre condenas desproporcionadas y delitos fabricados que criminalizan el ejercicio de derechos fundamentales. La severidad de las penas impuestas a ambos ejemplifica cómo el régimen convierte la disidencia pacífica en un crimen de Estado.
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