El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) verificaron dos nuevos feminicidios en las provincias de La Habana y Holguín, con lo que el total de crímenes marcados por la violencia machista registrados en lo que va de 2024 asciende a 45.
El primero de estos casos ocurrió el 28 de octubre en el municipio de El Cerro, La Habana, cuando Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, fue atacada por su pareja en plena vía pública mientras regresaba de dejar a su hijo en la escuela.
Las plataformas feministas cubanas hicieron un llamado a la ciudadanía para que cese la circulación de imágenes sensibles del crimen, dado el impacto emocional negativo que estas provocan en sus seres queridos y en la sociedad.
El segundo feminicidio verificado ocurrió el 30 de octubre en la ciudad de Holguín, donde Yoannia Hernández Pupo, conocida como "Yuyi", de 32 años, fue asesinada por un hombre con quien mantenía una relación aún por definir.
El incidente ocurrió en un lugar público, en presencia de amigos y de otras personas, entre ellas niños, que fueron testigos del acto violento que dejó huérfana la hija de la víctima, de tan solo cuatro años, lo cual motivó a activistas y organizaciones feministas a hacer un llamado a las autoridades para que prioricen el apoyo psicológico a los menores que presencian o son afectados por esta violencia.
Las cifras oficiales reportadas por OGAT y YSTCC en lo que va de 2024 son de 45 feminicidios, cinco intentos de feminicidio y seis casos pendientes de investigación. Estas cifras reflejan una realidad alarmante y subrayan la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia, protección y justicia para las víctimas de violencia de género en el país.
Observaciones de la CEDAW: Exhortación a Cuba para proteger los derechos de las mujeres
A finales de octubre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Cuba, en las que instó al Gobierno cubano a adoptar medidas urgentes para atender las preocupantes condiciones de desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres en el país.
Durante la evaluación del 18 de octubre de 2024, el CEDAW destacó varios aspectos críticos, comenzando por la necesidad de implementar una definición más amplia de la discriminación de género que abarque tanto las esferas públicas como privadas al considerar que esta definición es esencial para permitir un abordaje integral y efectivo de los problemas que afectan a las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad cubana.
El informe también recomendó garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, especialmente para aquellas en zonas rurales y con discapacidades, facilitando servicios legales y de movilidad que permitan superar las barreras físicas y socioeconómicas que enfrentan.
El Comité urgió al Estado cubano a derogar leyes que restringen la creación de organizaciones independientes de mujeres, así como a proteger a las activistas de represalias, garantizando su libertad de expresión y derecho a la protesta.
Respecto a la violencia de género, el CEDAW señaló la necesidad de tipificar el feminicidio y crear refugios seguros, además de adoptar leyes integrales que aborden la violencia en todas sus formas.
Entre las recomendaciones más urgentes, se incluyó la protección de defensoras de derechos humanos, quienes actualmente enfrentan riesgos de acoso, violencia y restricciones en su labor.
Finalmente, el CEDAW se refirió a la situación de las 119 mujeres presas políticas, quienes, según el Comité, están sujetas a violaciones de sus derechos procesales y a maltratos físicos y psicológicos en prisión.
En el ámbito económico, el informe urgió al Gobierno a promover el empleo formal de mujeres en sectores rurales y otros grupos vulnerables, mejorando sus condiciones de trabajo y oportunidades de desarrollo.
Estas observaciones del CEDAW se suman a un panorama en el que la violencia de género en Cuba demanda medidas y compromisos concretos frente a las recientes tragedias y la urgente llamada de organismos internacionales, dejando en evidencia la necesidad de que el país adopte políticas más rigurosas que ofrezcan protección y justicia a las mujeres y sus familias.