La represión contra disidentes cubanos, especialmente periodistas y activistas, ha ido en aumento durante el periodo que abarca de 2019 a 2021, según analizó la ONG Artículo 19 en el informe “Democracia de papel”, de esta semana. En un ciclo marcado por el impacto del COVID-19 y las protestas sociales, la organización defensora de la libertad de prensa registró agresiones sistemáticas y generalizadas implementadas por el régimen de la isla “para asfixiar al periodismo”, así como el mantenimiento de “un cerco legal que prohíbe la existencia del periodismo independiente e impone sanciones a la prensa”.
“Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, ocurren de manera sistemática y generalizada. Pareciera insignificante frente al alza de asesinatos de periodistas en la región, pero el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio ‘matando el periodismo’”, señaló el documento presentado de manera virtual este martes 18 de enero, en una videoconferencia pública que contó con la participación del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca; la curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos; la periodista y escritora cubana María Matienzo; la periodista cubano-mexicana Peniley Ramírez y el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado.
El gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio “matando el periodismo”.
Según las estadísticas de Artículo 19, en 2021 la cantidad de agresiones que como promedio sufrió un periodista cubano independiente aumentó a ocho, en comparación a las seis que confrontan en 2020 y las cinco de 2019. Entre las formas de represión, en el último año las más comunes continuaron siendo los arrestos domiciliarios y las detenciones arbitrarias, aunque esta última incrementó su severidad con un 40% más que en 2020. Las campañas de desprestigio, cuyo objetivo es “el aislamiento de la persona de su entorno”, también subieron en un 80% su número con respecto a años anteriores.
“En Cuba […] si publican tu imagen bajo una construcción orwelliana en cualquiera de estos medios (oficiales) y si te hacen ver como un 'mercenario', como un ‘agente de la CIA’ (...) la mayoría de la nación te dará la espalda”, explicó el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa en un artículo citado por el informe.
En 2020, la organización registró 681 agresiones contra 119 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. El 65% de ellas contra periodistas y el 36% contra activistas, artistas y defensores de derechos humanos. Sólo en el primer semestre de 2021, Artículo 19 documentó 656 agresiones, y 321 de ellas contra periodistas.
Cerco legal
Otro de los puntos resaltados por la ONG fue la utilización por parte del régimen de la isla de leyes que conforman un cerco contra la disidencia, coartando la libertad de expresión de los ciudadanos. En ese aspecto sobresale la implementación de mecanismos de control del internet de los cubanos y la reacción de las autoridades frente a la cobertura por la prensa independiente de la crisis sanitaria.
“Aun cuando la Constitución cubana reconozca explícitamente la libertad de expresión para todas las personas, prohíbe la existencia de medios independientes y exige la colegiación obligatoria, limitando la pluralidad y la diversidad mediática e informativa, haciendo nugatorio el derecho de acceso a la información para aquellos periodistas o personas que quieren hacer investigación, pero no se encuentren dentro de la oficialidad”, dice el texto.
En específico, el informe analiza normas secundarias como los decretos-leyes 370/2018, el 35/2021, el 42/2021 y la resolución 105/2021, que imponen restricciones desproporcionadas al uso de las tecnologías de la información y comunicación y constituyen “graves violaciones a los derechos humanos”.
Artículo 19 también hace referencia al control ideológico del nuevo Código de las Familias aprobado por el Estado, que establece que los padres y madres pueden perder la patria potestad de sus hijos cuando observen una conducta peligrosa o incumplan con el deber de “inculcarles el amor a la Patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista”.
El régimen cubano contra las mujeres
Acápite aparte merecería el análisis de la represión del régimen contra las mujeres que disienten en Cuba. La escalada dramática del número de estas agresiones registra un promedio de 11 en 2021, superior a las ocho que sufrían las mujeres opositoras en 2020.
Así, en el primer semestre de 2021 fueron reportadas 289 agresiones contra 174 mujeres periodistas y 115 activistas, por encima de las 284 acciones represivas que totalizó el 2020 (192 periodistas y 82 activistas).
La ONG resaltó además la naturaleza de estas agresiones, que suelen ensañarse en el caso de las mujeres, con desnudos o posiciones de cuclillas cuando están detendidas; campañas de desprestigio en las que las tildan de “prostitutas” (a diferencia de los hombres, a quienes acusan de “espías” de gobiernos foráneos) o amenazas de perder la patria potestad de hijos.
“La Seguridad del Estado utiliza a niñas y niños como un instrumento de chantaje para lograr su cometido y mostrar su dominación sobre las mujeres, aprovechando el significado especial que tienen los hijos. Así, el gobierno cubano ejerce algo equiparable a la violencia vicaria machista para amedrentar, silenciar y expulsar del espacio público a las mujeres”, reza el documento.
Recomendaciones
Por último, el informe dirige una serie de 14 recomendaciones al Estado cubano, ante “la fragilidad de un periodismo que pugna por hacer de la democracia una realidad”. En resumen, Artículo 19 pide al sistema cubano:
• Liberar a todas y todos los presos políticos y eliminar las restricciones domiciliarias a las que han sido sujetas las personas periodistas y manifestantes en el marco de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021.
• Reconocer el derecho a la protesta en su sentido más amplio, de conformidad con los estándares internacionales y adoptando lo dispuesto en el Comentario General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• Procesar y fijar sanciones administrativas en contra de los agentes del Estado que cometieron actos de brutalidad durante las protestas de noviembre y diciembre de 2020 y de julio de 2021.
• Adaptar las normas constitucionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
• Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico de manera libre y sin violencia.
• Garantizar el acceso a la información de manera universal. Eliminar los bloqueos informativos.
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