El gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, ha dado un histórico y polémico paso al permitir la instalación de una base militar estadounidense en las Islas Galápagos. Esta decisión se enmarca en el acuerdo de cooperación militar firmado con Washington el 15 de febrero de 2024, que ahora se concreta con la llegada inminente de buques, submarinos y personal militar a este archipiélago, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978.
Según el decreto emitido por Quito, los buques de guerra, aeronaves y tripulaciones estadounidenses estarán exentos de tasas administrativas y tendrán controles ambientales rigurosos para ingresar a la isla. Las autoridades justifican esta medida bajo la necesidad de combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas. Sin embargo, la presencia militar extranjera plantea preocupaciones sobre el impacto ambiental y la soberanía nacional.
El regreso de las bases militares extranjeras a Ecuador
Este acuerdo revive un modelo que Ecuador ya experimentó entre 1999 y 2009 con la base militar estadounidense en Manta, cuyo cierre fue una de las banderas políticas del expresidente Rafael Correa. En 2008, se prohibió constitucionalmente la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, pero el gobierno de Noboa ha enviado recientemente una propuesta a la Asamblea Nacional para eliminar este artículo, lo que permitiría formalizar acuerdos similares en el futuro.
El ex vicecanciller Fernando Yépez calificó esta decisión como “vergonzosa, peligrosa e indignante” y la comparó con un “servilismo colonial” que ignora las experiencias negativas de Ecuador con la presencia militar extranjera. Según Yépez, esta medida "prioriza los intereses de Estados Unidos" sobre los de la nación ecuatoriana.
Impacto ambiental y combate contra el narcotráfico
La llegada de fuerzas militares a las Galápagos no solo plantea desafíos políticos, sino también ambientales. Las islas, que albergan ecosistemas únicos en el mundo, podrían sufrir alteraciones significativas debido a las operaciones militares. Organizaciones ambientalistas han advertido que la presencia de submarinos, armamento y buques podría afectar gravemente el equilibrio ecológico de esta región protegida.
A pesar de las críticas, el gobierno argumenta que la cooperación con Estados Unidos es esencial para garantizar la seguridad integral de la región insular, combatir la delincuencia transnacional y evitar conflictos violentos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, sectores de la sociedad civil y expertos consideran que esta estrategia representa un retroceso en la defensa de la soberanía nacional y los valores ambientales que históricamente han definido a las Galápagos.
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