Derechos humanos | ¿Qué es el POPULISMO PUNITIVO? ¿Por qué es la peor de las alternativas para enfrentar la violencia?

La violencia en Cuba ocupa titulares como uno de los problemas más acuciantes del país, cada vez con mayor frecuencia. Situación que el gobierno cubano no solo no reconoce del todo, sino que, bajo un discurso de «cero tolerancia», ha instrumentalizado el clima de inseguridad que ha generado en la población para aplicar como solución política y penal el populismo punitivo.

Aparejado al aumento de la inseguridad en la Isla se ha evidenciado un incremento de la violencia machista, con cifras de feminicidios que en el actual 2023 duplican a los máximos registrados en años anteriores. El silencio de las autoridades cubanas al respecto se ha roto para anunciar condenas de cadena perpetua a algunos de los agresores.

Este accionar ha sido calificado como “populismo punitivo” por organizaciones feministas, como sucede con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Si Te Creo en Cuba (YSTCC), pues en lugar de enfrentar esta problemática social con leyes más sólidas y campañas educativas, el régimen vuelve a acudir a las sanciones ejemplarizantes.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo, a veces denominado punitivismo populista o también populismo penal, fue definido como paradigma en 1995 por el criminólogo británico Anthony Bottoms y secundado por el penólogo, también británico, David Garland. En ambos casos lo puntualizan como como una suerte de «gobernanza a través del delito»; una estrategia política, manipuladora y reaccionaria del Estado que consiste en explotar las inseguridades de la colectividad para así neutralizar ciertos debates sociales, criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales, y finalmente restringir las libertades fundamentales.

Dicho esto, el discurso del populismo punitivo aparca algunas cuestiones esenciales para la construcción de la seguridad ciudadana, como el tipo de políticas que realmente la generan; siendo considerados, el control y el castigo, sus recursos más efectivos. Bajo la premisa de que «el aumento de la severidad de los castigos implica la reducción de los delitos»^[1], los decisores políticos lanzan y aprueban respuestas ejemplarizantes o más severas, aparentemente inmediatas y sencillas, a preocupaciones sociales como los crímenes de gran repercusión mediática o el miedo por el incremento de actividades delictivas.

Dichas respuestas pueden venir en forma de más leyes que criminalicen más tipos de comportamiento, castigos más severos por infringir las leyes (como sentencias más largas, eliminación de las opciones de libertad condicional o reducción de la edad de responsabilidad penal), la ampliación del número de policías en las calles o la creación de documentos que otorguen un mayor alcance jurídico a todas estas acciones.

Siguiendo esta estrategia, el populismo punitivo descalifica las posibles explicaciones estructurales y complejas de la criminalidad, al ver esta última como un comportamiento racional antisocial, donde los delincuentes son seres egoístas e inmorales, que actúan individualmente contra los intereses legítimos del resto de la sociedad. Por lo que, a priori, niega cualquier acto de solidaridad comunitaria o política social rehabilitadora de las crisis que afectan actualmente al país.

¿Cuál es el papel de los medios con respecto al populismo punitivo?

El populismo punitivo no sólo se caracteriza por la maximización del derecho penal como remedio a toda problemática social y el aumento desproporcionado de las penas; se trata también de un estado de opinión pública marcado por una aparente reacción eficaz del Estado contra el delito.

(…) está arraigado en una política de comunicación que favorece algunas voces en los debates públicos sobre la importancia política relativa del delito y las soluciones adecuadas. Por lo tanto, los sistemas de medios de comunicación (las regulaciones, la propiedad y las prácticas que dan forma a las noticias que se producen) son importantes para una tipología de populismo punitivo. Los sistemas mediáticos influyen en qué voces se escuchan con más frecuencia en estos debates públicos y, por tanto, crean incentivos o desincentivos para una retórica y unas políticas cada vez más punitivas.^[2]

Los famosos “linchamientos” son una práctica punitivista en la cual los medios de comunicación participan de forma directa.

En Cuba, por ejemplo, repiten estos parámetros los especiales de Humberto López, la exposición de negocios ilegales y feminicidas en el Noticiero Estelar, programas como Razones de Cuba, ConFilo, o las mismas redes sociales. Todo esto da fe no solo de la exposición de personajes políticos emergentes de la sociedad civil independiente cubana bajo el estatus de delincuentes, sino del incremento de las noticias de delitos como si fueran entretenimiento.

La influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales para crear la imagen que tiene la sociedad de los delincuentes, las víctimas, las autoridades policiales y los justicieros anónimos, devienen en un campo fértil para el oportunismo político. El gobierno cubano aseguró sus pautas a través de la Ley de Comunicación Social.

Aprobado en mayo de este 2023, el documento confirma la forma en la que el poder entiende la comunicación y la prensa «bajo los fines de la sociedad socialista», dictando qué temas marcan la agenda pública, qué voces se escuchan y cómo se escuchan en los debates de política pública y en la toma de decisiones.

Los cambios que implementa a nivel estructural, asociados a una homogeneización de la opinión pública, reducen a cero las posibilidades de que los periodistas amplíen las voces críticas o investiguen las consecuencias de la retórica y las políticas punitivas.

Mientras que, a nivel discursivo, cumple con la mayoría de parámetros con los que Chomsky^[3]definía la manipulación informativa: generar un efecto balsámico al ofrecer soluciones fáciles y rápidas ante fenómenos complejos, selecciona los problemas a los que dará relevancia, legaliza el ocultamiento de datos objetivos y opiniones expertas y apela únicamente a los análisis oficialistas sobre cualquier materia.

¿El eje del populismo punitivo está en la cárcel?

En Cuba, las transformaciones en las políticas penales a raíz del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, han convertido al sistema carcelario cubano en el eje central de los mecanismos de control del país. Los documentos hablan también de la posibilidad de la pena de muerte, que significa la negación de la dignidad humana como valor supremo constitucional.

Es problemática, incluso, la negativa a fijar la responsabilidad penal en 18 años, como establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), de la que Cuba es signataria desde el primer momento; por lo que llevamos décadas juzgando a menores de edad (desde 16 años) como adultos. Algunos casos extremos de este tipo han sido los adolescentes condenados por las protestas de julio de 2021, quienes recibieron penas más largas que los años de vida que tenían al ser juzgados.

Las cifras nos posicionan como el segundo país en América Latina con mayor número de internos penitenciarios (57.100 presos), contrastando con las que existen sobre delincuencia, que si bien han aumentado en 2023, no llegan a los índices de criminalidad registrados en otros países de la región.

Resulta grave que el mismo Estado cubano reconozca su debilidad institucional y trate de remediarla con la implantación expresa de normas jurídicas que imponen penas de prisión excesivas, perpetuas, o que, en sumatoria, exceden la esperanza de vida humana. Aquí muestran que el objeto del internamiento en centros penitenciarios no es lograr la reinserción social, sino el extermino del individuo.

¿Cómo se instrumentaliza a las víctimas?

Para justificar esta preponderancia de la función retributiva del sistema penal, los discursos del populismo punitivo recurren a la relación entre las víctimas y los delincuentes. Se asume un supuesto interés común de las víctimas en el deseo de venganza; la severidad del castigo se presenta como parte de su compensación y los posibles beneficios penitenciarios para los penados parecen un agravio para el conjunto de la sociedad. Más prisión y durante más tiempo, con independencia de la evidencia empírica que pone en cuestión que la duración de las condenas tenga relación alguna con las probabilidades de reincidencia.

En Cuba se inserta la victimización dentro de la trama de formas selectivas, colonizantes, misóginas y clasistas con las que funciona el sistema penal. La vulnerabilidad parece un atributo más de las víctimas, así como la marginalización parece un atributo más de los agresores, y no ambas consecuencia de la acción o inacción estatal.

Ejemplo de ello lo vemos en la propia forma patriarcal de impartir el castigo penal a quienes ejercen violencia de género y feminicidas: existe una autoridad externa que concentra poder y ostenta el monopolio de la violencia, valora el daño e impone la pena. No existen espacios para la participación en la resolución de conflicto por parte de las personas implicadas y su entorno. No se escucha a la persona que sufre el daño respecto a cómo quiere ser reparada. Ni siquiera se analizan las circunstancias del daño.

Un camino alternativo se está debatiendo entre activistas feministas cubanas y son los programas de justicia restaurativa, conformados por acciones que buscan brindar el apoyo necesario para que el proscrito cambie sus patrones de conducta.

En un artículo publicado por el medio independiente cubano El Toque, la activista y periodista feminista cubana Marta María Ramírez define que «la justicia restaurativa es aquella que atiende a las causas de la comisión de los delitos y que, por tanto, involucra a la persona que ha cometido los delitos en un proceso de restauración. También a sus sobrevivientes, a sus denunciantes y a la sociedad. Hay una participación activa de la persona que ha delinquido en mejorarse. No suele estar relacionada con la prisión y, por tanto, muchísimo menos con la pena de muerte».

¿Por qué el populismo punitivo es la peor de las alternativas para enfrentar la violencia en Cuba?

El Gobierno cubano al día de hoy no cuenta con registros oficiales de criminalidad o estadísticas oficiales de violencia. El 13 de agosto del 2023 se hizo público un Informe sobre la Seguridad Pública en Cuba como iniciativa del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OAC), que ofrecía algunas luces al respecto, pese a tratarse de un subregistro. En su monitoreo, indicaron que se duplicó la cifra de crímenes violentos en el país entre el primer y el segundo trimestre de este año.

La OAC denunció, en dicho informe, la posibilidad de una escalada de violencia en el país.  «Se pone de manifiesto que la inseguridad pública en Cuba no es un problema superficial, sino un reflejo de problemas estructurales más profundos. La falta de inversión en servicios básicos como alimentación, salud, educación y vivienda, así como la violencia estructural y cultural, contribuyen a la escalada de la inseguridad pública», puntualiza.

Es necesario subrayar además que, las quejas que están movilizando los recursos del país suelen focalizarse de manera individual sobre quienes generan incomodidad y son más visibles. Por lo que se mezclan los asesinatos, la violencia sexual o las actividades económicas ilegales con la delincuencia del día a día y la creciente percepción de inseguridad que ello implica.

Pero la preocupación por la llamada delincuencia común no solamente se expresa en las reformas legislativas, también se ha visto reflejada en la normalización de una postura gubernamental de «tolerancia cero». El "populismo punitivo" apela recurrentemente a este tipo de metáforas bélicas que, sumados a la veterana «patria o muerte» y otras más recientes como «la calle es de los revolucionarios», abrigan una percepción dicotómica y maniqueista en la que existen dos bandos, normalmente ciudadanos y delincuentes, y la resolución de su enfrentamiento solo puede ser consecuencia de la neutralización o eliminación de uno de ellos.

Más allá de que el legado esclavista cubano se articula hoy en un Estado punitivista, la noción de seguridad ciudadana que se tiene está ligada a la seguridad pública, la que se ve en las calles, olvidando su dimensión material y que el país está atravesando por una crisis multisistémica. La actual redacción y aprobación de las leyes penales en la Isla no obedece a una reflexión legislativa serena, racional o consensuada, sino que responde al timing de la coyuntura política del país.