El gobierno cubano prohibió la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago para el próximo 15 de noviembre en todo el país. Un documento emitido por la Intendencia de la Habana Vieja califica dicha manifestación como un evento “con fines desestabilizadores”, orientado hacia un “cambio de régimen” y con financiamiento de agencias de subversión estadounidenses.
La prohibición se hizo extensiva a otras provincias, donde representantes de Archipiélago habían enviado solicitudes semejantes. Las autoridades alegan que la manifestación constituye una violación de los artículos 4 y 45 de la Constitución de la República, que se refieren a la irrevocabilidad del socialismo y el respeto al orden público, respectivamente.
“Teniendo en cuenta los argumentos anteriores”, concluye el documento, “es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”.
Militarización y descrédito: la respuesta del régimen
No se trata del primer intento por desarticular una protesta pacífica convocada por esta plataforma. La marcha, originalmente prevista para el 20 de noviembre, tuvo que adelantarse debido a un ejercicio militar que el gobierno emplazó el mismo día.
Exhibiciones de la fuerza policial en cada núcleo urbano, retórica militarista y opresiva en el noticiero, cortes de internet a activistas, y una campaña difamatoria en redes contra los moderadores de Archipiélago (en particular hacia el dramaturgo Yunior García Aguilera) han sido las respuestas del gobierno durante los últimos días.
Ante la negativa de autorización, los miembros de Archipiélago sostienen su postura de marchar con permiso de las autoridades o sin él, amparados en su derecho ciudadano a la protesta pacífica. “Sabíamos que el Estado de Derecho en Cuba era una ficción insostenible. Ahora tenemos la certeza de que, en dictadura, la Constitución es letra muerta”, escribió Yunior García Aguilera en su muro de Facebook.
Rechazo internacional a la prohibición
Numerosas personalidades y medios internacionales, como BBC, Deutsche Welle y El País, se han hecho eco de la noticia, que ha sido evaluada como otra señal de la falta de derechos civiles en Cuba, un país donde la ciudadanía no puede expresarse públicamente sin la anuencia del régimen.
Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, denunció en su cuenta de Twitter la prohibición de la marcha, y añadió que la manifestación era un derecho que no puede estar sujeto “a los caprichos de un gobierno”.
El 15 de noviembre será la fecha límite de una tensión que lleva semanas acumulándose entre el gobierno cubano y la plataforma Archipiélago, que cuenta ya con más de 27 000 miembros. Una incomodidad que tiene sus raíces en los movimientos 27N y San Isidro, y que el 11 de julio de 2021 provocó un estallido social sin precedentes en la historia reciente de Cuba.
“La respuesta del régimen constituye un crimen”, expresaron los moderadores de Archipiélago en una reciente nota en Facebook. “El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo, responderemos con civismo y más civismo”.
En un clima de vigilancia policial, rigidez política y agudas carencias económicas, será necesario esperar justamente un mes antes de que se verifique la posibilidad de una nueva ola de protestas en Cuba.
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