La Marcha Cívica por el Cambio en Cuba (#15N) vivió unas intensas jornadas entre los días 13 y 15 de noviembre, en los que el régimen cubano no escatimó esfuerzos para reprimir las iniciativas ciudadanas y desplegó una amplia campaña de terror por todo el país.
Páginas como la consultora jurídica Cubalex han registrado más de 150 actos de hostigamientos en este período, entre desapariciones, detenciones, citaciones, vigilancia policial y amenazas/advertencias; mientras que el OCDH ha detallado que ha podido verificar más de 300 acciones represivas desde el día 12 de noviembre. Particularmente, el régimen se ha ensañado en aquellos lugares cuya sociedad civil presentó cartas de solicitud de permiso para manifestarse pacíficamente el 15N.
Los actos de repudio han regresado al panorama de la isla, con los reciclados "factores de la comunidad" llegando hasta las casas de los activistas y promotores de la Marcha, o el "pueblo enardecido", tomando para el régimen las plazas y lugares públicos señalados por los manifestantes para desarrollar sus liturgias.
El paroxismo llegó al extremo de la censura del color blanco en las vestimentas de los ciudadanos, y la proliferación oficial del rojo, acentuando la división ideológica con la que el régimen controla a los cubanos.
En un hecho insólito, el gobierno retiró credenciales a reporteros de la prensa extranjera del medio EFE, y a otros les negó el acceso a la cobertura de los sucesos.
A pesar de que la Fiscalía Nacional consideró ilegítima la iniciativa de marchar pacíficamente el 15N, en estos días se han reportado decenas de actos públicos promovidos por el oficialismo sin necesidad de legitimación, demostrando que la única ley en Cuba es aquella que excluye a quienes disienten del sistema.
Los actos represivos del establishment no se hicieron esperar. Entrenados en la violencia por décadas y sorprendidos el pasado 11 de julio ante una espontaneidad inaudita de las acciones populares, los vectores del Ministerio del Interior (MININT) activaron un plan para desarticular a los líderes de la plataforma Archipiélago, impulsora de la Marcha.
El epítome de esto fue el bloqueo a Yunior García Aguilera, principal gestor del 15N y uno de los organizadores de Archipiélago y del movimiento 27N más temidos por la dictadura.
El domingo 14 de noviembre los alrededores de la casa de García Aguilera, en la comunidad La Coronela, del municipio habanero La Lisa, amanecieron bajo un fuerte operativo policial y actos de repudio, lo que le impidió realizar la liturgia de la Marcha ese día, tal como había anunciado previamente.
Ante la cercanía de las cámaras de la prensa extranjera, su apartamento fue privado de todo contacto visual con el exterior, al cubrirse con una bandera cubana de grandes dimensiones. Su línea telefónica fue cortada, al igual que su conexión a internet.
Daniela Rojo, otra de las líderes en la capital, se reporta como desaparecida desde hace más de tres días. Una condición en la que se encuentran, según Cubalex, más de una decena de personas, entre ellas los activistas Carolina Barrero, Osmel González Darlington y Yanilys Sariego y el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez.
En Santa Clara, un acto de repudio impidió salir de su casa a Saily González Velázquez, promotora del 15N y moderadora de Archipiélago en esa ciudad. Mientras que, en Consolación del Sur, Pinar del Río, otra moderadora del grupo, Yahima Díaz, fue detenida y sometida a actos de repudio tras su liberación, si bien el mismo día 13 había adelantado la liturgia de la Marcha al depositar una rosa blanca en un busto martiano en su localidad.
Otro que logró salir, el día 14, fue el activista Adrián Nápoles Capote, de Las Tunas, finalmente detenido el día 15 y amenazado con años de cárcel por su acción. En Holguín, el moderador de Archipiélago, Miguel Montero, estuvo desaparecido por más de 24 horas, hasta que logró comunicarse desde la unidad de Instrucción Penal de esa ciudad, en la que agentes de la Seguridad del Estado (SE) le hicieron un acta de advertencia.
En Camagüey, la casa de la actriz Iris Mariño permanece bajo el asedio de la SE y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria. En similar estado se encuentran en esta localidad los periodistas independientes Henry Constantin y Neife Rigau, a los que también les aplicaron actas de advertencia.
Los tres sacerdotes católicos que habían anunciado salir a acompañar al pueblo en la urbe agramontina, Alberto Reyes, Rolando Montes de Oca y Castor Álvarez, tuvieron vigilancia policial en sus casas y recibieron amenazas de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba.
Pero si hablamos de amenazas, hay que mencionar la de los agentes de la SE al activista Omar Mena, en Santa Clara: "ustedes no son mayoría, pero en el momento en que ustedes sean mayoría, ya nosotros nos encargaremos de irlos matando", asegura Mena que le dijeron los oficiales, y a la pregunta de "¿cómo?", relató que los represores contestaron: "degollándolos, cayéndoles a tiros".
Cabe decir que la mayoría de los partidos políticos opositores en la isla fueron sitiados en sus sedes por fuerzas represivas.
La mordaza al periodismo alcanzó a los comunicadores independientes, con el arresto domiciliario, sin justificación legal, de los periodistas Luz Escobar y Abraham Jiménez Enoa, en La Habana, además del corte de internet a la redacción de 14ymedio, periódico dirigido por Yoani Sánchez.
En respuesta a estas acciones del régimen, Archipiélago anunció en una declaración la extensión de la Jornada Cívica por el Cambio hasta el día 27 de noviembre, o "hasta que Cuba sea un Estado de Derechos".
En el texto, los activistas señalaron como objetivos de la Jornada la liberación de todos los presos políticos y de conciencia; las garantías de libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación para quienes disienten; el cese de los actos de repudio y todo de violencia entre cubanos por motivos políticos y el inicio de "un proceso transparente de resolución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas".
Entre las actividades previstas recomendaron usar ropa blanca, llevar rosas blancas a algún mártir de la patria, documentar las acciones, hacer cacerolazos y explicar a personas fuera de las redes la situación.
"Si el gobierno no ceja en su empeño de violar nuestros derechos", advirtieron los activistas, "nosotros continuaremos la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derechos, una República 'con todos y para el bien de todos'".