Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo (quien es, además, su esposa) parecen tener todo bajo control: las calles sin manifestantes, la política sin rivales, la policía sin escrúpulos, los juicios sin defensores, los funcionarios públicos sin alternativas laborales, los militantes sandinistas sin iniciativa. Tuvieron también urnas sin votantes en las elecciones del 7 de noviembre de 2021 y siete aspirantes a la Presidencia en prisión, acusados de lavado de dinero y delitos contra la patria, y eso les está costando condenas internacionales. Las elecciones no fueron la oportunidad de convertir los protocolarios aplausos de los otros mandatarios en tácitas aprobaciones, como Ortega calculó, sino un abuso más a repudiar. Y eso podría tener un costo letal: arcas sin dólares.
Ese es su mayor problema en el nuevo periodo presidencial, uno en el que las fuentes de financiamiento se le escurren entre los dedos. Tanto si Ortega apuesta por revitalizar el populismo como si le urge mantener un autoritarismo artillado, necesita fondos externos, porque las últimas reformas fiscales ya exprimieron en exceso a un número de contribuyentes que el creciente exilio no deja de reducir: más de 100 000 refugiados en apenas tres años, provenientes de un país con poco más de seis millones de habitantes.
Necesita préstamos y donativos porque siempre los ha necesitado. El programa de Ortega dependió desde sus primeros días de la ayuda externa, como también ocurrió con el régimen sandinista en la década de 1980. La historia de las finanzas del orteguismo es una historia de vasos comunicantes regionales. Y ahora quiere ser una historia de interconexiones globales.
La necesidad de Ortega y la generosidad de Chávez
Cuando subió al poder en 2007, Ortega necesitaba combustible financiero para poner en marcha un proyecto político que consideró continuación de la Revolución Sandinista y encontró un combustible en sentido estricto: el petróleo venezolano que empezó a recibir en términos concesionales desde ese año. Ortega se hizo con el poder en el momento en que los astros latinoamericanos estaban alineados de la manera que le podía ser más propicia. Ese fue el año en que Hugo Chávez dio un giro mayor hacia el autoritarismo después de que, con su abstención o su rechazo, el 2 de diciembre de 2007 la mayoría de los venezolanos no avaló la reforma constitucional de la Revolución Bolivariana.
Ese año también hubo un punto de inflexión en Cuba.
Derrotado en un referéndum en el que la oposición vio un primer paso para la salida democrática de la crisis, Chávez palpó abolladuras en su popularidad: “la derrota había hecho añicos el mito de la invencibilidad de Chávez”, concluyó Jon Lee Anderson.
Ese año también hubo un punto de inflexión en Cuba. Vencido por su invencibilidad, Fidel Castro dobló su rey ante la vejez, aseguró la sucesión y en 2008 entregó el poder que ejerció durante 49 años sin dar ni darse tregua. El marcado deterioro físico y mental había estado golpeando con insistencia: “En junio de 2001 se desmayó de cansancio y de calor durante una larga alocución pública, y en 2004, después de pronunciar un discurso, tropezó y cayó, astillándose la rodilla izquierda y fracturándose el brazo derecho [y] a veces le tiemblan las manos y le falta estabilidad al andar; tiene brotes de amnesia y expresión incoherente; y en ocasiones se queda dormido en público”, recuerda Anderson, antes de dar cuenta de los temores que pululaban: “La tensión entre la Cuba pública de las manifestaciones y las tribunas y esta Cuba clandestina [del mercado negro] está aumentando, y varios cubanos y funcionarios estadounidenses con los que he hablado temen que el caos contenido pueda estallar a la muerte de Castro”.
Chávez compartió esos temores y, a modo de remedio preventivo, aplicó más compresas de donativos: 2500 millones de dólares anuales a Cuba, a cambio de docentes, personal médico y entrenadores deportivos. Para la región: 300 000 barriles diarios de petróleo al Caribe con descuento y un plazo de 20 años, y 22 500 millones de dólares transferidos a cuentas extranjeras desde el Banco Central de Venezuela solo entre 2004 y 2007.5 Venezuela llegó al extremo de gastar cinco veces más que Estados Unidos en ayudas a países latinoamericanos. Esta filantropía de alto voltaje politizado fue posible durante un tiempo porque el precio del barril de petróleo pasó de 10 a más de 100 dólares entre 1998 y 2008, y el presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela saltó de 7000 a 54 000 millones de dólares.
Al fracaso en la popularidad interna, Chávez reaccionó con desaforados castigos a los opositores.
En 2008 llegaron las primeras sanciones del Departamento del Tesoro contra tres altos funcionarios del chavismo. Al fracaso en la popularidad interna se sumó ese escollo internacional. Chávez reaccionó con desaforados castigos a los medios opositores: la expropiación de RCTV, cierres y estrangulamientos hasta dejar un solo canal de televisión independiente.
Sin proponérselo, estaba escribiendo el guion que Ortega seguiría una década después. El político de izquierda Teodoro Petkoff estimó que Castro solía imprimir en Chávez una moderación pragmática y que su salida de la política activa hizo que su discípulo perdiera contención y brújula.8 La ausencia del autoritario Castro precipitó a Venezuela hacia un autoritarismo más duro y hacia un mayor acercamiento al régimen cubano, cuya presencia en Venezuela ya era palpable: la numerosa guardia pretoriana de Chávez y 15 000 médicos en 2005.
Chávez reaccionó también fortaleciendo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) mediante cuantiosos préstamos a los países que se fueron sumando como miembros. En febrero de 2007, Nicaragua fue el tercer país en afiliarse. Así fue como el populismo de Ortega empezó a depender casi por completo de los petrodólares otorgados en términos en extremo concesionales: 25 años de plazo, dos años de gracia, 2% de interés y la posibilidad de pagar 50% en especie. Los préstamos venezolanos a Nicaragua durante la fiebre del oro negro de 2010 a 2014 promediaron 540 millones de dólares anuales y en total sumaron 7275 millones, más de la mitad del PIB anual de Nicaragua. Pero en 2017 descendieron a 31 millones, en 2018 a 27 millones y al año siguiente desaparecieron de forma irreversible cuando la crisis en Venezuela hizo inviable la continuidad de esa línea crediticia.
Ortega y el gran capital nacional y regional
En los años de las vacas gordas, muchos empresarios nicaragüenses fueron invitados al festín, aunque no todos se beneficiaron en partes iguales. Los más aventajados obtuvieron contratos para desarrollar construcciones y megaproyectos energéticos, precios de mercado cautivo ajenos a la oferta y la demanda y millonarias exenciones de impuestos bajo la edulcorada modalidad de incentivos fiscales que han favorecido sobre todo a empresas mineras, turísticas y energéticas. Solo en 2010, los empresarios se libraron de pagar 494 millones de dólares, es decir, una cifra no muy inferior a los 522,5 millones de dólares que Venezuela prestó ese año. Entre 2004 y 2010 las exoneraciones promediaron 9,3% del PIB anual de Nicaragua en ese periodo: esa suma representa 90,8% de la recaudación tributaria neta de la Dirección General de Ingresos (DGI) en 2014, y 78,1% estimado para 2015.
En la región, los petrodólares fueron el nudo central de una abigarrada red.
El petróleo funcionó como argamasa de piezas que otrora parecieron reacias a encajar juntas en una misma edificación: Ortega y la oligarquía contra la que él había vertido un improperio tras otro durante toda la década de 1980; Ortega y el militarismo regional de derecha. Sobre el terreno nacional, los petrodólares posibilitaron las exoneraciones fiscales y así sostuvieron el “modelo de alianza y consenso” entre el gobierno de Ortega y el gran capital. Con ese nombre fue perifoneado por la propaganda oficial. En la región, los petrodólares fueron el nudo central de una abigarrada red constituida por individuos que tienen la doble función de testaferros y operadores políticos: tesoreros de partidos, presidentes de comisiones gubernamentales, viceministros y otros funcionarios de los regímenes de Ortega, del hondureño “anticomunista” Juan Orlando Hernández y de los salvadoreños del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y algunos también vinculados al actual mandatario millennial Nayib Bukele.
A ese crony capitalism se sumó la lumpemburguesía guatemalteca, con instalación de ingenios y adquisición de latifundios para la plantación de palma africana. Poco importó a Ortega que todos los gobiernos del norte del istmo se apoyaran —con mayor o menor acoplamiento— en los ejércitos que todavía están parcialmente dirigidos por los chafarotes antiinsurreccionales, formados en la Escuela de las Américas. Esa es la verdadera integración regional. Y en gran medida, la única.
Ese capítulo de lazos comerciales y financieros no terminó en 2017 con el desplome de los petrodólares ni en 2019 con su extinción total, pero la rebelión de 2018 le asestó un duro golpe. Aunque no logró su propósito, la revuelta sembró dudas sobre la estabilidad del régimen de Ortega y le arrancó la careta de ogro filantrópico. El “Modelo de Alianza y Consenso” fue erosionado por el apoyo que un sector del empresariado dio a las demandas de justicia y democracia, y terminó por ser enterrado en vísperas de las elecciones, entre junio y octubre de 2021, cuando Ortega hizo encarcelar al presidente, al vicepresidente y a un ex-presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y también arrestó a dos ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), el think tank del empresariado, varios de cuyos directivos salieron al exilio tras ser citados por la Fiscalía.
Las organizaciones empresariales emitieron rutinarias y susurrantes protestas. El acuerdo tácito y de mutua conveniencia es que seguirán con los business as usual, mientras Ortega no se meta con ellos. Y no se meterá por los beneficios que obtiene: los negocios mancomunados en palma africana y energía, y las crecientes inversiones en la banca y la zona franca, imprescindibles para la salud económica de los próximos años.
Pero esa continuidad —lastrada por las rupturas irreparables— no basta para sustituir las fuentes de divisas perdidas. Ortega percibe en el financiamiento multilateral una tabla de salvación, pero tras las sanciones de Estados Unidos, esa tabla emite señales de tornarse un tanto elusiva. Las instituciones financieras multilaterales le han seguido proporcionando fondos, si bien no en la misma medida y solo bajo ciertas condiciones. Entre 2019 y 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó 357 millones de dólares, el Banco Mundial (BM), 205 millones y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 187 millones.
No cerraron el grifo. A todos los superó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con 715 millones. Si comparamos los promedios anuales de 2007-2017 con los de 2019-2021, obtenemos los siguientes contrastes: el BCIE, el BMy el FMI subieron de 63, 37 y 26 millones a 239, 68 y 62 millones respectivamente. Solo el BID bajó de 164 a 119 millones. En conjunto, los desembolsos anuales aumentaron de 290 a 488 millones por año. O más, si añadimos los 382,6 millones que el BCIE desembolsó en diciembre de 2021, que eleva su promedio anual del último trienio a 366 millones.
Esos incrementos indican que Ortega concibe estas fuentes como compensatorias de la pérdida de Venezuela y que ha hecho denodados esfuerzos por conservarlas. Otro asunto —Ortega lo barrunta— es si esas fuentes seguirán siendo accesibles a mediano plazo. El BM, el FMIy el BID le dieron préstamos en el marco del COVID-19, ateniéndose a una cláusula de la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua (NICA ACT), aprobada en 2018 y orientada a vetar los préstamos a Nicaragua, salvo los dedicados a la atención de necesidades humanas básicas. La Ley Renacer, con la que Estados Unidos busca sancionar el gobierno de Ortega, mantiene esa excepción, pero introduce la obligación de identificar cuándo realmente aplica, con lo cual esa fuente se puede ir agostando o extinguirse de forma abrupta.
El BCIE ha sido una fuente más segura, pero insuficiente. Ahí también opera la integración regional. Los representantes por país son tecnócratas que toman decisiones políticas, normalmente esperando reciprocidad. Por eso vemos a Honduras y El Salvador votando siempre a favor de concederle préstamos a Ortega. Dieron su venia para los últimos 382,6 millones de dólares que no contaron con la aprobación de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y España. Sin embargo, seis votos a favor y cuatro en contra no constituyen una posición sólida. La ruptura de relaciones con Taiwán, socio extrarregional del banco, pone en peligro un voto que Nicaragua dio por sentado y que en este último préstamo fue neutro por ausencia. México, Argentina y Corea podrían eventualmente dar la espalda.
Oscilando de una China a la otra
Ortega no puede atenerse al BCIE y menos con los nubarrones que se ciernen en su cielo financiero. El mandatario nicaragüense miró hacia el Norte y notó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos peligra —Nicaragua está en el ALBA, pero también en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). Oteó hacia el Este y vio que la porción de la Federación Rusa en las exportaciones nicaragüenses apenas ha sumado exiguos 161 millones desde que inició su gobierno, con un pico de 21,7 millones en 2010, que luego fue disminuyendo hasta llegar a seis millones en 2020. Nicaragua tampoco es un mercado importante para los productos de la Federación Rusa: 63 millones en 2020. Irónicamente, si no fuera por las remesas que vienen de Estados Unidos, esa asimétrica balanza comercial sería insostenible. Entonces Ortega miró hacia el Sur y concluyó que la relación entre Costa Rica y China puede mostrar una senda a seguir, como ya lo había entendido Bukele cuando en 2018 rompió relaciones con Taiwán y en mayo de 2021 ratificó un acuerdo de cooperación con China.
Nicaragua se convirtió en el cuarto país centroamericano en girar hacia China, volviendo a la situación de 1985-1990. A propósito del tema, fue muy difundido el análisis del profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos Evan Ellis. Su tesis medular es que China se dedica a financiar populismos autoritarios en las áreas del hemisferio occidental más cercanas a Estados Unidos y que esa amenaza en crecimiento —presente entre los viejos aliados del imperio estadounidense— conlleva riesgos secundarios: presencia de otros rivales de Washington —Rusia e Irán—, reforzamiento del populismo de izquierda, incremento de los flujos de drogas y otras actividades del crimen organizado, y disminución de la cooperación en materia de seguridad, porque el dinero chino permite burlar las sanciones estadounidenses.
La experta en asuntos asiáticos Marisela Connelly tiene un punto de vista similar y leyó la alianza China-Nicaragua a partir de los regímenes antidemocráticos de partido único que rigen estos países. Pero ambos analistas dejan de lado el nada desdeñable detalle de que el pionero regional de la relación con China, y su mayor socio comercial en la zona, es Costa Rica, cuya democracia tiene fama de ejemplar e incorruptible. Y lo ha demostrado en su relación con ese país asiático, con el cuestionamiento de algunos megaproyectos y cierta contención en el manejo de la deuda pública bilateral.
La percepción de Giovanni Arrighi es que Washington está entrampado en su política exterior, mientras China ha ido expandiendo sus mercados, incluso con los socios comerciales asiáticos más importantes para Estados Unidos: Japón y Corea del Sur. Estados Unidos orienta sus elecciones con análisis como los de Ellis y Connelly; China es pragmática.
Recordemos que Ortega tuvo al mismo tiempo lo mejor de las dos Chinas.
Otro asunto es lo que Nicaragua pretende con este giro. Resulta por lo menos extraño que, tras 15 años de publicar las fotos del embajador de Taiwán entregando viviendas a manos llenas un día sí y otro también, los medios oficiales proclamen hoy “que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino”. Recordemos que Ortega tuvo al mismo tiempo lo mejor de las dos Chinas. Las donaciones de Taiwán y el proyectado canal interoceánico, a cargo de un empresario chino, no fueron mutuamente excluyentes. Ahora el presidente nicaragüense, después de que su socio Wang Jing perdiera casi 90% de su multimillonaria fortuna en 2015, 46% del resto en 2020 y después fuera expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghái, decide dar un puntapié a Taiwán y estrechar lazos con China.
El apoyo de Taiwán no ha sido de poca monta. En 2020 este país donó 28 millones de dólares, invertidos predominantemente en programas de asistencia humanitaria y cooperación técnica. En años anteriores, fue el omnipresente donante de los programas de vivienda que el gobierno distribuye con criterios clientelistas. Desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) retornó al poder en 2007 y hasta 2020, la cooperación taiwanesa ha aportado un total de 350,6 millones de dólares, es decir, 12% del valor de toda la cooperación bilateral. Únicamente Japón, con 405 millones, ha superado esa cifra.
La gigantesca Federación Rusa quedó por debajo con sus 295 millones que vinieron ante todo bajo la forma de trigo (139 millones), buses (61 millones) y otros medios de transporte (53 millones). Su último donativo, de apenas 1,4 millones de dólares, lo dio en 2015, según las cuentas del Banco Central. Pero la expresión «otros medios de transporte» podría ser un eufemismo para los 50 tanques que la Federación Rusa donó al Ejército de Nicaragua en 2016.
Costa Rica: ¿un modelo a seguir?
China continental —se espera en el gobierno nicaragüense— suplirá con donativos y en préstamos la cooperación taiwanesa. Para tener una idea más adecuada de lo que cabe esperar, hay que echar un vistazo a la relación china con Costa Rica. El gobierno de este país celebró la incorporación de China a su panoplia de donantes en 2007, año en que estableció relaciones diplomáticas con Beijing tras haberlas cortado con Taiwán. Tres años después, ambos gobiernos firmaron un tratado de libre comercio.
A pesar de los 14 años de relación y del monumental tamaño de la economía china, el año pasado esa nación solo compró 3% de las exportaciones costarricenses. Nicaragua adquirió 4%, Holanda, 7% y Estados Unidos, 43% de los 12.864 millones de dólares de exportaciones colocadas de enero a noviembre de 2021. China piensa en Costa Rica ante todo como un mercado para sus dólares y sus productos. Estos representan 13% de las importaciones costarricenses, solo por debajo del 39% de las provenientes de EEUU. Costa Rica tiene en China a su segundo mayor socio comercial, con un volumen de intercambio bilateral que en 2021 ya supera los 2.174 millones de dólares y una deuda con ese país de 232 millones. Obviamente ambos factores están conectados: los empréstitos se invierten en proyectos desarrollados con asesores, materiales y equipos chinos, y el déficit comercial es en parte financiado por los préstamos. La deuda externa de Costa Rica saltó de 7.950 millones a 31.882 millones de dólares entre 2007 y 2020: de 30% a 51,5% del PIB y de 1.804 a 6.258 dólares per cápita. La deuda alcanzó su pico en 2019, al llegar a 428 millones de dólares. Costa Rica ha sabido moderarse, en un contexto de creciente endeudamiento.
¿Qué puede esperar Nicaragua de China?
China podría buscar en Nicaragua un proveedor de materia prima. De oro, por ejemplo, que se ha convertido en el principal producto de exportación, aunque con la limitación de que la producción está en manos de compañías canadienses y estadounidenses que venden 97% de la producción aurífera a Estados Unidos. China tendría que iniciar sus propios proyectos de exploración y explotación. Por otra parte, podría estar interesada en colocar algunos préstamos para hacer viable una canasta comercial que la favorezca.
Podría hacer algunos donativos, como ha hecho en Costa Rica. En 2006-2008 China aportó 180 millones de dólares, una contribución de 39,4% de la cartera de cooperación que la convirtió en el principal donante, seguida por Alemania con 62 millones. Pero no sería un donante generoso ni de largo aliento. No lo ha sido en Costa Rica: en el quinquenio de 2014-2018, China solo aportó a esa nación cerca de 67 millones de dólares, apenas 7% del total de la cooperación. Japón, Estados Unidos y Alemania participaron en esa cartera con aportes más sustanciales.
A Ortega sí puede gustarle que China tenga una acerada fe en el poder coercitivo.
En 2019, la contribución de China disminuyó a escasos 11 millones de dólares. Beijing no escancia sus ánforas de donaciones con tanta profusión como las de los préstamos. Eso no le gustará a Ortega y en ese terreno saldrá perdiendo a mediano plazo con respecto de Taiwán.
A Ortega sí puede gustarle que China tenga una acerada fe en el poder coercitivo: el gigante asiático donó 50 millones de dólares para la construcción de una nueva Escuela Nacional de Policía en Costa Rica. Ese tipo de colocaciones encajaría en la tendencia de Ortega a reforzar el patrullaje y las competencias policiales. En materia de préstamos, sin duda su gobierno no tendría la misma contención de Costa Rica, precisamente porque lo que más le urge es dinero rápido. Sin embargo, no es seguro que obtenga el volumen de crédito que tiene en mente porque China es un acreedor que se ha movido con más cautela tras la pandemia y porque Nicaragua no puede ofrecer lo mismo que Costa Rica.
En 2020 Nicaragua tuvo un volumen total de importaciones de 4768 millones de dólares. China tendría que hacerse con un inalcanzable 46% del mercado de importaciones nicaragüense para llegar a los 2204 millones que Costa Rica le compró en 2020. Esos inconvenientes podrían ser compensados por un programa de explotación minera muy agresivo y por la revivificación del proyecto del canal interoceánico, ya sea como gancho para atraer inversiones, como cubilete de especulaciones o como acicate de provocaciones geopolíticas. Lo que sea, menos un canal de verdad, porque China no perjudicará a Panamá, un país donde sus inversiones llegan a 2585 millones de dólares. Por otro lado, ¿apostará China por un régimen tan altamente inestable como el de Ortega?
El presidente nicaragüense podrá sustituir una China por otra, pero no convertir a China en el pivote financiero de su administración. Taiwán era para un one night stand y es sustituible, Estados Unidos es la pareja indisoluble. Es el “amienemigo” inevitable al que Nicaragua está ligada por un imperativo estructural. Al margen del dinamismo que puedan alcanzar en el futuro las relaciones con China, Nicaragua seguirá atada a la potencia del Norte. Continuará dependiendo de los más de 2000 millones de dólares de remesas que provienen principalmente de ese país y que colman el déficit de la balanza de pagos.
¿Apostará China por un régimen tan altamente inestable como el de Ortega?
No podrá alterar el hecho de que 71% de los depósitos del sistema financiero estén en dólares y que Estados Unidos sea el principal socio comercial (27% de las importaciones y 49% de las exportaciones) y el mercado por excelencia de los bienes y servicios del régimen de zona franca que tienen un valor de casi 3.000 millones de dólares. Y el Ejército no sacará los fondos que tiene en la Bolsa de Nueva York para colocarlos en la de Shanghái.
Esos fondos no han sido tocados hasta ahora por las sanciones del Departamento del Tesoro ni han sido retirados de ahí por el sancionado general Julio César Avilés. Son fondos de cuyo rendimiento y seguridad dependen las pensiones de los numerosos militares retirados, viejos guerrilleros del FSLN y muchos militares en activo que los anhelan para garantizarse un retiro dorado, dado que el Ejército es la única entidad estatal que paga pensiones equivalentes a 100% del último salario. Las sanciones podrían congelarlos y por eso algunos políticos de la oposición esperan que funcionen como una espada de Damocles que eventualmente haga recapacitar a los militares y los lleve a rehusar su apoyo a Ortega. No está claro que ese emplazamiento de los fondos tenga la función potencial de doblegar al Ejército. Su función actual es ser uno más de los lazos entre Estados Unidos y Nicaragua, uno entre los muchos que el giro hacia China continental no podrá disolver. Y es también un flanco vulnerable: a modo de ominosa pero diáfana advertencia, las sanciones del 10 de enero alcanzaron a dos generales ligados a la administración de ese fondo de pensiones.
No solo de dólares viven los autoritarismos y populismos. Ortega ve en el acercamiento a China una cantera de fondos, pero también la oportunidad de insuflar verosimilitud a su relato sobre una revolución perseguida por el Imperio. En este nuevo capítulo, busca alinearse en un bloque contrapuesto a Estados Unidos y al que Nicaragua no está en condiciones de aportar gran cosa en los planos que importan: comercio, finanzas, geopolítica.
No solo de dólares viven los autoritarismos y populismos.
Pero Ortega necesita ese alineamiento para convencerse a sí mismo, insuflar épica en sus menguadas bases y recuperar algo de credibilidad en la izquierda internacional. El explícito repudio a su régimen de los líderes de la izquierda sudamericana que en 2021 llegaron al poder mediante elecciones limpias —Pedro Castillo en Perú y Gabriel Boric en Chile— no hace más que reforzar la inveterada tendencia del FSLN a recurrir al lenguaje duro de la Guerra Fría y presentarse como un diminuto David frente al Goliat imperial. Retomando una vieja tradición, se presentará como la izquierda radical opuesta a la izquierda reformista. Los análisis de Ellis y las diatribas de políticos estadounidenses contra la troika formada por Venezuela, Cuba y Nicaragua le aportan elementos a ese relato. En la década de 1980, la correlación de fuerzas que emergió de la caída del Muro de Berlín acabó con esa versión y con las interconexiones económicas que le daban un viso de sentido. Está por verse cuál será el muro que debe derrumbarse para que el sinsentido del relato se muestre a plenitud y para que se desplomen las piezas de sus —más anheladas que reales— interconexiones materiales. Por el momento, la oposición interna está atada de pies, manos y boca. Y la oposición en el exilio se muestra fragmentada e incapaz de consensuar una estrategia. Pero ambas cuentan con figuras políticas de primer orden y organizaciones civiles que observan, toman nota y llevan relevamientos que esperan usar en futuros procesos de justicia restaurativa.
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