La Ley 88 del año 1999, la misma que llevó a la cárcel a un grupo de 75 opositores durante la llamada Primavera Negra cubana de 2003, podría entrar nuevamente en la escena represiva del régimen, según aseguró uno de sus principales voceros, el periodista Humberto López, en la emisión de este viernes 14 de mayo de su programa Hacemos Cuba.
Para combatir el activismo político y el ejercicio crítico de la libertad de expresión en la isla, fenómenos que López cataloga de "mercenarismo", el también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) trajo a colación la normativa de carácter "especial", aplicable "cuando el Estado considere que pueda ser beneficioso", apelando al "principio de oportunidad".
Al menos así lo explicó el fiscal Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, invitado al programa en esta ocasión.
Dicha ley, subtitulada oficialmente como de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, fue uno de los colofones del mandato autoritario de Fidel Castro.
Aprobada en 1999 por la Asamblea Nacional, el fiscal Reyes Blanco recalcó que la normativa se sitúa al margen del diapasón de delitos y sanciones de índole política contenidas en el Código Penal. No sólo subversión, desacato, resistencia, desorden público, desobediencia o propaganda enemiga, sino también lo que pueda ser considerado como incitación o coordinación de acciones dirigidas a desestabilizar los organismos regentes del poder totalitario —lo que incluye especialmente al PCC— podrían ser penalizados con sanciones desde los 2 hasta los 20 años de privación de libertad.
El binomio de analistas de la dictadura dejó claro que la Ley 88 "tiene un fin represivo" y no están exentos de su aplicación quienes desde el exilio cubano alienten las acciones predichas. Financiamiento del exterior, recargas a teléfonos móviles, entrega de premios o cualquier tipo de ayuda económica podría ser tomada en cuenta y sus protagonistas extraditados para ser juzgados en tribunales nacionales.
Primavera Negra de 2003
En 1999, el régimen de Castro, que había estado ocupado durante toda la década en resolver la crisis económica en la que estaba sumido el país, se enfrentaba a una situación atípica en el orden político y social. El auge de las iniciativas ciudadanas y del periodismo independiente, con la creación de partidos opositores y agencias de prensa autónomas, ponía contra las cuerdas al poder totalitario.
La gestación y aprobación de la Ley 88, conocida por la disidencia como Ley Mordaza, actualizó las leyes similares en anteriores modelos excluyentes —como el artículo 70 del Código Penal soviético bajo el mandato de Nikita Kruchev— y preparó el terreno para poner fin a la oposición interna.
El resultado de su aplicación fue la serie de arrestos entre los meses de marzo y mayo de 2003 que pasaron a la historia como la Primavera Negra cubana, en la que 75 personas, la mayoría activistas y periodistas, fueron juzgados y condenados severamente.
Las condenas entonces oscilaron entre los 2 y los 30 años de cárcel, además de cuatro cadenas perpetuas, tres personas ejecutadas por la Pena de Muerte y el caso controvertido de Orlando Zapata Tamayo, fallecido tras una huelga de hambre que duró 86 días, como protesta a su sentencia.
Actualidad
El desengavetar la manida Ley no es, en nuestros días, casual. Como no hay nada casual en el programa que conduce Humberto López, que en cada capítulo se dedica a denigrar o amenazar a algún factor social molesto a la dictadura que representa.
La invitación del fiscal Reyes Blanco obedece en primer término a la propia naturaleza de la normativa que pretenden revigorizar: una ley que se deja a la completa discreción de la fiscalía y los órganos jurídicos al servicio ciego del gobierno.
Un análisis somero de la Constitución que rige hoy, aprobada en plebiscito nacional en 2019, arroja más de una contradicción con los artículos que presuntamente debieran defender nuestros derechos.
Específicamente, los artículos 54 (sobre libertad de pensamiento, conciencia y expresión), 55 (sobre libertad de prensa) y 56 (sobre libertad de reunión, manifestación y asociación) quedan vulnerados y pisoteados, ya no por las acotaciones de estos acápites, sino por la supremacía absoluta de la Ley Mordaza, máxima expresión del totalitarismo que sólo halla parangón en los tiempos que corren en naciones como China, Corea del Norte o Arabia Saudita.
Con una situación para muchos peor a la de 1999: crisis económica, el regreso de los apagones, cortes al suministro del agua y el gas, escasez alimentaria, falta de combustible, deterioro de las asistencia médica, aislamiento político y una pandemia del coronavirus que supera cada día sus cotas negativas en el país, la mención de la Ley 88 parece un pronóstico demasiado aciago. Si sumamos a esto la ola represiva que en abril pasado llegó a momentos álgidos y continúa con la militarización de las colas y el cerco policial a los opositores, la llegada de una Primavera Negra parece estar a la vuelta de la esquina.