El régimen cubano mostró indignación este sábado ante su permanencia en la lista de países patrocinadores del terrorismo elaborada por Estados Unidos. Sin embargo, esta postura resulta vacía en un contexto donde se erige como uno de los mayores violadores de derechos humanos del continente, por lo que no solo debe mantenerse en esa lista, sino que Cuba debería figurar en todas aquellas que denuncian el abuso del poder, la sistemática violación de derechos fundamentales, la falta absoluta de democracia, la corrupción estructural y la ilegitimidad de su régimen.
Desde el año 1959, el régimen cubano ha despojado a su pueblo de libertades esenciales como la libertad de expresión, manifestación y el derecho al voto libre y ha instaurado un sistema totalitario que controla todos los aspectos de la vida del ciudadano. Por esas razones hoy Cuba es un Estado represivo donde los opositores son perseguidos, los medios independientes censurados y la población vive en pobreza forzada por políticas corruptas.
El autoritarismo cubano trasciende sus fronteras. Apoya abiertamente regímenes antidemocráticos en Venezuela y Nicaragua, y sirve de refugio a criminales políticos y terroristas. Mientras tanto, su complicidad en violaciones de derechos humanos a nivel regional pone de manifiesto su verdadera naturaleza, más allá de la retórica de lucha contra el "imperialismo".
Aunque el gobierno de Barack Obama promovió un acercamiento, la represión en la isla no se detuvo; al contrario, se intensificó. Las elecciones en Cuba son farsas, y la vida cotidiana está marcada por la miseria, la escasez y la corrupción. El sufrimiento del pueblo cubano es resultado directo de un sistema que prioriza su hegemonía sobre el bienestar ciudadano.
Ante esta situación la comunidad internacional ha mostrado una preocupante doble moral, pues mientras varios países condenan abiertamente regímenes como el de Nicolás Maduro, Cuba permanece intocable, gozando incluso de un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esto resulta inconcebible, considerando las décadas de represión, tortura, desapariciones forzadas y prisión arbitraria documentadas en la isla. Es inadmisible que un régimen con un historial tan extenso de crímenes de lesa humanidad sea legitimado en espacios internacionales. Mientras algunos gobiernos rechazan otras dictaduras, aceptan la presencia cubana en instancias que deberían denunciar estas prácticas.
Más que palabras y sanciones simbólicas, la comunidad internacional debe actuar con coherencia. Cuba no merece ser parte de espacios diseñados para la justicia global. Como con otros regímenes totalitarios, debe ser denunciada, sancionada y enfrentada hasta que los responsables rindan cuentas.