Los desalojos en Cuba siguen sucediendo. A pesar de la cobertura y denuncia de algunos medios independientes, el régimen insiste en normalizar este tipo de situaciones. El jueves 27 de abril fue el turno de una de las zonas más empobrecidas de Pinar del Río, donde tuvo lugar un desalojo masivo mediante el uso de la coacción y la amenaza.
Autoridades gubernamentales, entre las que se encontraban militares y policías, obligaron a varias familias a abandonar el Camino del Guamá, asentamiento rural en el que sobreviven personas sin otro hogar que ese que han podido levantar, tabla a tabla, sin intervención estatal.
Muchos de los ex-residentes han sido afectados por huracanes u otros fenómenos meteorológicos, sin que haya, hasta ahora, ninguna intención explícita de solventar dicha situación por parte del Gobierno. En Cuba, sobre todo en Pinar del Río, la lista de los damnificados por eventos naturales es amplia y, tristemente, no parece situarse entre las prioridades del régimen.
En varias de las imágenes que han sido captadas en el lugar se puede ver a los desalojados abandonar el sitio, colchones y otros enseres en mano, mientras son vigilados cuidadosamente por unos cuantos sujetos de ceño fruncido y pose soldadesca. Estos, como previendo una respuesta “violenta” de los desplazados, portan armas y uniformes, sistematizando todavía más la militarización de la rutina en la Isla.
"Una decena de familias, entre las que se encontraban niños, ancianos y mujeres, perdieron sus techos en solo un par de horas"
Una decena de familias, entre las que se encontraban niños, ancianos y mujeres, perdieron sus techos en solo un par de horas, tiempo más que suficiente para concretar la mayor parte de la demolición. Ahora, con la incertidumbre generada por este desahucio intempestivo, los ex-habitantes del Camino del Guamá deben afrontar el plan que la Revolución ha diseñado especialmente para ellos: el nomadismo o la reclusión.
La ley que les “hizo la cama” a los residentes sin “papeles”
A pesar de lo “singular” de las circunstancias, esta situación no resulta un hecho aislado ni constituye, para nada, una incómoda excepción en la historia reciente del Castrismo:
En diciembre pasado, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobó la Ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social.
Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, aseguró en su momento que dicha herramienta legal había seguido con rigor “(…) todo el proceso de consulta durante su elaboración, tanto las consultas especializadas como las realizadas con la población”.
Diputado José Luis Toledo Santander: “(…) la expropiación es un instrumento y no un fin en sí misma, por estar siempre en función de una transformación del bien expropiado”
Asimismo, el diputado José Luis Toledo Santander afirmó “(…) que la expropiación es un instrumento y no un fin en sí misma, por estar siempre en función de una transformación del bien expropiado”, ya que su objetivo “(…) no es la mera privación del viejo derecho en que esta consiste, sino el destino posterior que ha de darse a ese bien”.
En enero de este 2023, autoridades cubanas también desalojaron a otras 60 familias que vivían cerca de la playa La Herradura, en la provincia de Las Tunas, demoliendo varias de sus viviendas. Otro tanto sucedió en playa La Boca, igualmente tunera, ya que habían construido sus viviendas sobre las dunas y esto ejercía un negativo impacto medioambiental, según las autoridades encargadas de conducir el proceso de desalojo.
De igual forma, durante el pasado 2022, el primer ministro Manuel Marrero Cruz declaró a Playa Larga, en la Bahía de Cochinos, como "zona de regulaciones especiales" para "preferente uso turístico". Como resulta evidente, este gesto limita la libertad de los potenciales residentes, instaurando una especie de “sutil” nacionalización que parece concederle al Gobierno el control de dicho territorio.
Desde hace un par de años, el estado cubano mantiene una severa cruzada en contra de los asentamientos “ilegales”. Han sido registrados desplazamientos semejantes en varias zonas del país, algo que aclara la ubicuidad de este conflicto, expandido por toda la Isla como secuela inevitable de nuestra delicada situación habitacional. Amparadas en su propia legalidad, las autoridades tienen el derecho de “limpiar” ciertos terrenos considerados como socialmente útiles o lucrativos.
Los testimonios
En pos de lograr un mayor apego a los hechos, Árbol Invertido conversó con varios testigos y/o vecinos de los alrededores del Camino del Guamá. Dos de ellos han preferido mantener el anonimato, aunque sí estuvieron dispuestos a compartir sus criterios sobre lo acontecido. La tercera, habiendo protagonizado el suceso como una de las desalojadas, ha accedido a revelar su nombre.
Vía Whatsapp, la primera fuente confirmó varios asuntos como el horario, la cantidad de involucrados y los recursos de que disponían las autoridades:
La cosa empezó alrededor de las 9 de la mañana, cuando por el camino bajó un camión lleno de policías. Habría unos 20 uniformados, pero bueno, en el lugar había muchos más vestidos de civil. También había unas tres patrullas y dos ambulancias. Dicen ellos que por si se desmayaba alguien, pero le da un dolor a alguien de verdad y la ambulancia nunca llega, tú sabes cómo es eso.
Si nos guiamos por estos datos, el despliegue de recursos no fue escaso, tomando en cuenta la situación actual del país con respecto al combustible. El relato continúa:
Ya en el lugar, las personas, al principio, cerrados en banda, no querían salir de las casas, pero poco a poco les fueron metiendo miedo de que si les quitaban a los niños y cosas como esas. Incluso había una trabajadora del MININT con 4 niños que fue amenazada hasta con ser llevada para los tribunales militares, caer presa y quedarse sin los niños.
Dicho colaborador nos comentó que este tipo de maniobras intimidatorias, jurídica y éticamente dudosas, fueron reiteradas hasta la saciedad, evitando así, tal vez, la intervención de las fuerzas policiales.
Asimismo, ante mi pregunta sobre la “legalidad” de todo aquel procedimiento que se estaba llevando a cabo, mi interlocutor respondió:
(…) el terreno es del INDER, pero era un basurero y esas personas lo limpiaron todo ellos mismos para construir sus casitas. Ellos [el INDER] eran los que estaban reclamando que los sacaran y las autoridades no se lo pensaron dos veces.
Al parecer, según la información recopilada, el asentamiento construido por estas personas en el Camino del Guamá violó los límites de una propiedad estatal. La proliferación de estos quimbos o “llega y pon”, como también se conocen en el occidente del país, ha sido la respuesta inmediata que muchos han encontrado ante el grave problema de la vivienda en Cuba. El mal estado de los hogares, así como la apatía de los gobiernos provinciales y el exorbitante precio de los materiales de construcción, han terminado por motivar la “apropiación” de suelos ajenos.
Igualmente, el colaborador declaró que, en un intento por franquear la demolición de su vivienda, uno de los residentes acomodó fuera de su casa un cartel con la frase “Yo soy Fidel”, como se puede apreciar en una de las fotos que ha circulado por las redes. Otro, igual de creativo, reprodujo un discurso de Fidel desde algún dispositivo electrónico.
La segunda fuente, por su parte, no mantiene la misma postura con respecto a lo sucedido. De acuerdo a su perspectiva:
los residentes del Camino del Guamá (…) llegaron y se pusieron a hacer casas de un día para otro, sin permiso ni ningún tipo de papel. De la noche a la mañana ya habían hecho un pueblo, así que la policía fue y les puso una multa de advertencia, pero nunca se fueron. [Las casas] eran de dos o tres tablas de cartón y hasta nylon. (…) ya no se podía pasar de la cantidad de quimbos que habían hecho.
Asimismo, este colaborador confirma que observó ciertas “irregularidades” en el comportamiento de los residentes:
Algunos de ellos eran damnificados del ciclón, que les derrumbó la casa, pero en vez de construir en donde mismo vivían fueron para ahí y se instalaron "como Pedro por su casa". Imagínate que ya la gente se hacía una casa y cogían un terreno y se lo vendían a alguien más. Así, como si eso fuera de ellos.
Hasta ahora, instante en el que se redacta este trabajo, las autoridades pinareñas no han revelado mediante ninguna de sus plataformas las motivaciones de este desalojo. Siendo así, no podemos afirmar que esta suerte de criollización del negocio inmobiliario haya constituido una causa suficiente para la movilización de policías y militares. De hecho, ni siquiera estamos seguros de que el Gobierno Provincial haya estado al tanto de dichas operaciones.
Finalmente, a través de una publicación del grupo de Facebook "Ventas Pinar", pudimos contactar con Liugmila Iglesias, una de las mujeres desalojadas, aunque su caso y el de una de sus allegadas fue ligeramente distinto:
Derrumbaron todas las casas, exceptuando la mía y la de la vecina, que nos pusimos fuertes y con todo y eso nos dieron 24 horas para salir. Ahora a las cuatro y media [del día 28 de abril] quedaron en venir.
Al momento de recibir esta información, Liugmila todavía esperaba por la llegada de las autoridades, habiéndose cumplido el plazo que le prometieron. Hemos intentado comunicarnos con ella recientemente mediante Messenger, pero no ha contestado.
Fueron varias las preguntas. Nos interesaba escuchar/leer la narración de los acontecimientos desde su óptica como afectada. Acerca del sitio, su descripción coincide con la ofrecida por el primer entrevistado:
Era un lugar que estaba lleno de marabú, de basura, era un vertedero. Incluso lo cogían para jugar juegos prohibidos como peleas de gallos o de perros. La policía vivía y moría tirándose en dicho lugar detrás de los jugadores.
Después de revelarnos que trece familias llevaban cuatro meses habitando el lugar, confirmó que las entidades competentes se habían comunicado con ellos cuando se asentaron por primera en “Equitación” o la “Caballeriza”, apelativos que conserva el sitio debido a su pasado como zona de entrenamiento de este deporte. “(…) nos pusieron dos multas, una de 250 pesos y la segunda de 500”, confiesa Liugmila.
Ante la pregunta sobre la metodología utilizada por las autoridades, nos comenta:
A mí misma me dijo uno de los que atiende Menores que si yo no salía, [él] iba a entrar, iba a mandar a los niños para el Hogar [de menores sin amparo filial] y a mí me detenían como si hubiese sido una delincuente o una mala madre.
Indagamos también sobre las alternativas, las soluciones que el Gobierno les ofrecía en aquellas circunstancias. La primera fuente, por su parte, nos afirmó que se había comentado in situ sobre “mandarlos para algún pre abandonado en Briones [Montoto]”, pequeña población ubicada a unos 20 Km al sureste de la capital provincial, “metido en un monte donde no hay nada a kilómetros a la redonda (…) Ahí sí se van a morir de hambre”.
Liugmila, en cambio, solo nos mencionó la recomendación que les hizo el Director de Planificación Física: “(…) nos dijo que nos presentáramos en el Gobierno [Provincial] para anotarnos en una lista de solicitud de terreno”.
Así, concluimos el diálogo, prometiéndole que le haríamos llegar el texto en cuanto saliera publicado. Ante la imposibilidad de comunicarnos nuevamente con Liugmila, otro de los colaboradores nos ofreció una última actualización sobre la situación, acaso definitiva. Representantes del Gobierno acudieron al Camino del Guamá para informar sobre su más reciente determinación:
Les dijeron a los que se quedaban que se podían quedar y a los que se las tumbaron [las casas] que podían volver a construir.
Con una performance gubernamental ciertamente errática, cuyos métodos descubren las carencias estructurales que vertebran todo el funcionamiento del país, las autoridades provinciales aún no dan por cerrado este capítulo.
Tal vez, hechos como estos pudieran retrotraernos hasta aquel célebre episodio de la vida profesional y pre-revolucionaria de Fidel Castro. Años antes de dejar crecer su barba, el joven abogado tuvo el coraje y la dignidad de defender en el juzgado a los habitantes de La Timba, desalojados de esta pequeña comunidad habanera en favor de los intereses empresariales de algunas poderosas compañías. Al parecer, aún no hemos aprendido lo suficiente del Comandante.
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