Laura Gil, hija del exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil, denunció a través de sus redes sociales que se enteró del inicio del juicio contra su padre por la televisión oficial, y que el régimen le impidió entrar a la sala, sin ofrecerle explicaciones claras, a pesar de ser familiar directa del acusado. Relata que solo algunos familiares muy cercanos fueron autorizados, mientras otros quedaron fuera del tribunal en el que se celebra el proceso por cargos de corrupción y espionaje, entre otros.
Sobre la acusación más grave, la de espionaje, Laura Gil afirmó tajantemente que "nunca va a aceptar" que su padre haya sido un espía, y califica ese cargo como "una manipulación total”. Insistió en que no habla como analista de su gestión económica, sino como hija que reclama el derecho a defenderlo y a presenciar el proceso judicial en su contra. Días antes, había pedido públicamente en sus redes sociales que el juicio fuera transparente y transmitido por los medios nacionales.
De ministro de Economía a presunto espía
Alejandro Gil Álvarez fue ministro de Economía y Planificación y uno de los rostros más visibles de la política económica cubana alrededor de la tercera década del siglo XXI. Bajo su gestión se implementó en 2021 la llamada Tarea Ordenamiento, que eliminó la doble moneda en el país, subió drásticamente precios y tarifas y reestructuró salarios, con un impacto profundo en la vida cotidiana en la isla.
En febrero de 2024 fue destituido de su cargo por “graves errores” en el desempeño de sus funciones, según la versión oficial. Meses después desapareció por completo de la escena pública, hasta que, en noviembre de 2025, el Tribunal Supremo Popular anunció la apertura de un juicio cerrado en su contra por once delitos, entre ellos espionaje, malversación, tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho y falsificación de documentos.
Solo determinadas personas previamente autorizadas pueden entrar en la sala, bajo el argumento de “razones de seguridad nacional”, según la información oficial del gobierno, lo que impide cualquier fiscalización independiente del proceso. Organismos como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han señalado en informes previos la falta de garantías y la subordinación del sistema judicial cubano al Partido Comunista (PCC), especialmente en causas por corrupción o delitos políticos.
Reclamo de juicio público y dudas sobre las garantías procesales
Los mensajes de Laura Gil se suman a las preocupaciones de juristas y organizaciones de derechos humanos sobre la opacidad de los juicios contra figuras de alto rango dentro del régimen. En su denuncia, la joven insistió en que no se trata solo del destino de su padre, sino de la necesidad de transparencia y debido proceso en un caso con fuerte impacto público.
La hija del exministro asegura que, desde que se anunció el juicio, ha enfrentado restricciones de comunicación y cortes de internet intermitentes, y que su familia recibe información fragmentaria sobre la situación de Alejandro Gil dentro del sistema penitenciario. Sus demandas se centran en la posibilidad de que el proceso sea observado por la ciudadanía y por la prensa independiente, y en el derecho de la familia a acompañar al acusado durante la vista oral.
Mientras el Tribunal Supremo mantiene el silencio sobre la duración del proceso y los posibles plazos para dictar sentencia, en redes sociales crece la atención hacia las denuncias de Laura Gil y hacia la principal pregunta que sobrevuela este caso: si el juicio contra Alejandro Gil servirá para esclarecer responsabilidades reales o, por el contrario, reforzará las dudas sobre la independencia de la justicia y el uso político de los tribunales en Cuba.
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