Marisela Sosa Rabelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, dijo el pasado 15 de noviembre en la ONU, durante el Examen Periódico Universal (EPU), que “en Cuba la función de impartir justicia es ejercida por los tribunales de manera independiente”.
Esta frase es sumamente controvertida, pues contradice las conclusiones de numerosas investigaciones de organizaciones de la sociedad civil cubana, las cuales han demostrado la interferencia del Ministerio del Interior y su departamento de Seguridad del Estado en varios de estos procesos judiciales.
Pero no solo han sido las organizaciones de la sociedad civil cubana quienes han presentado estas denuncias, también jueces y fiscales una vez retirados o exiliados han develado el funcionamiento de los tribunales, donde en muchos casos las sentencias vienen indicadas “desde arriba”, mientras, por otra parte, existen listas de personas “intocables”.
Entre las organizaciones de la sociedad civil cubana que han denunciado la falta de imparcialidad de los jueces, así como sus vínculos con el Partido Comunista de Cuba (PCC), se encuentra el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), a partir de una investigación titulada “Dependencia y parcialización de los jueces cubanos: Muestreo de redes sociales”.
El estudio parte de que, ante “la ausencia de un sistema de separación de poderes y de un Estado de derecho” en Cuba, es imposible hablar de imparcialidad de la justicia, pues el ordenamiento jurídico de la isla sostiene la existencia de un sistema de “unidad de poder”, basado en la supuesta subordinación de todas las ramas del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y todo ello al Partido Comunista (PCC).
También, a través de un análisis pormenorizado de las publicaciones de los jueces cubanos en sus redes sociales, el OCDH concluyó que el sistema judicial de la isla, lejos de promover que los jueces se abstengan de participar en actividades políticas, estimula y premia este tipo de comportamiento.
“El monitoreo de las redes sociales de los jueces cubanos demuestra que se promueven expresiones de apoyo a una única ideología, la socialista, y a una única fuerza política: el partido comunista”, aseguró el OCDH.
La organización también hizo hincapié en la consideración de los jueces en Cuba como “cuadros”, una figura que, según la legislación cubana, debe desenvolverse en los marcos establecidos por el PCC.
En ese sentido, el OCDH dijo que “los jueces se manifiestan como ‘políticos’, ‘comunistas’ y ‘fidelistas’. Son activistas del PCC. Esto atenta contra el derecho de una persona a ser escuchada por un juez independiente, lo cual es uno de los principios esenciales del debido proceso”.
“Son las decisiones del Partido Comunista y de sus órganos de control la principal fuente de influencias en el sistema de tribunales”, añadió el informe, que se basó en afirmaciones como la realizada por el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, en un video publicado por Diario de Cuba, donde dijo que los jueces cubanos “no son los jueces del enemigo, sino de la Revolución y el Partido”.
En dicho encuentro Remigio Ferro también lamentó que la constitución aprobada en 2019 fuese más garantista en materia de derechos que la anterior, lo que consideró “un problema”, al igual que el hecho de que los acusados puedan contar desde un principio con un abogado defensor.
El magistrado llamó “perros metidos en el tabaco” a los abogados defensores de los acusados, lo que contradice totalmente la imparcialidad que deberían mostrar los jueces, y es más grave aun tratándose de una afirmación realizada por el presidente del Tribunal Supremo Popular y de su Consejo de Gobierno.
También el ex fiscal de Palma Soriano, Raucel Ocaña Parada, dijo al OCDH que las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio fueron elaboradas por el PCC incluso antes de que comenzaran los juicios.
“Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan contra el Gobierno, ya el fallo viene prejuzgado antes de que se haga el juicio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial”, afirmó el jurista cubano en un video publicado por el OCDH.
Ocaña Parada también aseguró que los juristas sufren “ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que el fiscal en Cuba no tiene total autonomía para aplicar la ley” y que “generalmente, la jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal”, pues dicen “que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva”.