En un momento en que Cuba enfrenta una grave crisis económica y el turismo internacional ha disminuido notablemente, el régimen buscan proyectar una imagen de apertura y racionalidad frente a las restricciones impuestas por otros gobiernos, especialmente Estados Unidos. En esa línea, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, criticó las trabas a los viajes desde y hacia la isla como decisiones “irracionales” y contrarias a los principios de libertad. Sin embargo, al hacerlo omite que el propio Gobierno cubano ha aplicado durante años políticas similares o incluso más restrictivas hacia sus propios ciudadanos.
La frase que asegura que los Gobiernos hacen mal al “prohibirles lo que deben de hacer a los ciudadanos que deciden libremente”, pierde legitimidad si se contrasta con prácticas sistemáticas del Estado cubano. A lo largo de los años decenas de ciudadanos han sido impedidos de salir del país, o de regresar a él, por razones políticas o ideológicas, sin mediación judicial ni transparencia institucional. Esto contradice de manera directa la lógica de la crítica expresada por el funcionario y revela un doble rasero en el uso del concepto de libertad.
Impedimentos para salir de Cuba
Hilda Molina
Esta neurocirujana, que ideó la creación del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), renunció a los cargos que tenía en Cuba y pidió permiso para viajar a Argentina en 1994, pero el gobierno de Fidel Castro se lo negó por considerarla “portadora de secretos”. Fue bloqueada durante 15 años y solo pudo salir en 2009, tras intensa presión internacional, pese a que su familia vivía en el extranjero.
Yoani Sánchez
Periodista independiente, el régimen le denegó el permiso para viajar al extranjero en 20 ocasiones entre 2007 y 2012, según la CIDH. Mientras tanto, era víctima de vigilancia, detenciones arbitrarias y escuchas telefónicas.
En 2013, cuando finalmente pudo salir de Cuba tras la reforma migratoria, Sánchez pudo viajar a Europa. Durante su estancia en La Haya, Países Bajos, declaró que temía que al regreso de su gira internacional no pudiera salir más de Cuba. “Hay un 80 por ciento de posibilidades de que no vuelva a salir de Cuba, aunque me gusta creer en el 20 por ciento restante", indicó en ese momento.
Activistas y periodistas
En junio de 2022 el régimen de La Habana prohibió salir del país a varios activistas y periodistas que habían sido invitados a participar en el foro de la sociedad civil de la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Entre ellos estaba Henry Constantín, periodista independiente y director de La Hora de Cuba, quien denunció en sus redes que estaba “regulado desde 2019”.
También fueron impedidas de viajar Saily González, influencer y opositora; María Matienzo, periodista de CubaNet, y Aimara Peña, activista. Todas ellas habían sido convocadas para compartir sus experiencias como parte de la sociedad civil cubana. La Seguridad del Estado intervino directamente para frenar los traslados internos y salidas del país.
Médicos y profesionales de la salud
Mediante el Decreto 306, del año 2012, y la Resolución 994 (2015), el gobierno clasificó a médicos, técnicos de salud y otros profesionales como “regulados”. Debían obtener un permiso especial —que podía demorar hasta cinco años— para viajar al exterior aun cuando contaran con pasaporte.
En 2023 el Ministerio de Salud (MINSAP) reconoció restringir los viajes de especialistas médicos, estomatólogos, técnicos en imagenología y enfermeros. Aunque luego matizaron que no había nuevas regulaciones, se confirmó la existencia de controles estrictos y solicitudes de viaje arbitrariamente frustradas.
En mayo de 2024 el médico cirujano José Manuel Suárez Villalobos, con 28 años de servicio en el sistema de salud de la isla y residente en Camagüey, denunció que el régimen le impidió salir del país para reunirse con su familia. Este fue uno de varios casos similares.
Impedimentos para regresar a Cuba
Karla Pérez González
En marzo de 2021 la periodista cubana Karla Pérez González intentó regresar a la isla desde Panamá, pero fue bloqueada por las autoridades migratorias de La Habana, que negaron su entrada pese a tener la documentación en regla.
Informes de PEN America y medios internacionales confirmaron que fue exiliada de facto. Pérez González quedó varada en Panamá hasta solicitar asilo en Costa Rica.
Profesionales exiliados sin posibilidad de regreso
Médicos que abandonaron misiones internacionales han sido impedidos de regresar a la isla por hasta ocho años. Además, algunos nunca han podido reingresar, perdiendo incluso la oportunidad de acompañar a sus familiares en hospitalizaciones o enfermedades graves.
Omara Ruiz Urquiola
En julio de 2022 el régimen cubano impidió el ingreso al país de Omara Ruiz Urquiola, activista y hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola. A pesar de ser ciudadana cubana y tener su residencia legal en la isla, las autoridades migratorias le negaron abordar un vuelo hacia La Habana desde Miami, sin dar explicación formal. El hecho fue ampliamente cubierto por medios independientes e internacionales, y motivó pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ruiz Urquiola declaró: “No hay una sola norma jurídica que sustente la prohibición de entrada a tu propio país. Eso es una aberración”. Su caso evidencia que el gobierno cubano ha aplicado también exilios forzados, negando el retorno incluso a personas con vínculos familiares y derechos de residencia en la isla.
La afirmación del ministro de Turismo cubano, al denunciar las restricciones impuestas por otros gobiernos a la libertad de movimiento, resulta ENGAÑOSA al omitir que el propio Estado cubano ha aplicado durante décadas medidas similares o más severas contra sus propios ciudadanos. Desde la imposición de regulaciones administrativas para impedir la salida de periodistas, activistas y profesionales, hasta la negativa a permitir el regreso de ciudadanos cubanos al país, la evidencia muestra un patrón sistemático de control que contradice por completo el principio de libre decisión que el ministro reivindica.
Al criticar únicamente las restricciones externas sin reconocer las internas, el funcionario ofrece una visión parcial e interesada de la realidad, destinada a desviar la atención sobre las prácticas represivas de su propio gobierno. En lugar de defender la libertad de movimiento como un derecho universal, su declaración incurre en una manipulación discursiva que busca presentarse como víctima, mientras oculta las violaciones cometidas desde el poder que él mismo representa. Por ello, en base a los hechos documentados, concluimos que su afirmación es engañosa.
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