Este miércoles las autoridades cubanas informaron de la destitución de Yanaisi Capó Nápoles como primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, un hecho que ocurre una semana después del juicio a seis médicos de dicha provincia que ha causado un amplio rechazo dentro del gremio.
Aunque la información brindada por las autoridades cubanas sobre la destitución de Capó Nápoles no hace referencia al caso de los médicos, la situación de la Salud Pública en Granma se ha visto cuestionada fuertemente en los últimos días, lo que podría haber influido en la decisión del Buró Político del PCC.
Capó Nápoles, quien llevaba poco más de un año en el cargo, será sustituida por Yudelkis Ortiz Barceló, quien ocupaba el cargo de miembro del buró ejecutivo para atender la actividad político ideológica en el Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba.
La destitución de Capó Nápoles tuvo lugar el mismo día que un grupo de médicos cubanos, encabezados por el Observatorio Cubano de Salud Unidos, enviaron una carta abierta a José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, exigiendo responsabilidades ante la crisis del sistema sanitario en el país.
Los firmantes de la carta manifestaron su descontento “con las autoridades de salud del municipio Bayamo y la provincia Granma” por el juicio a los seis médicos, y denunciaron “el deterioro de la infraestructura, equipamiento e insumos de los hospitales, policlínicos y demás instalaciones destinadas a atender a los pacientes”.
“La falta de medios de protección hace que cada día los protocolos sean más incompatibles con las buenas prácticas. La ausencia de medicamentos es muy grave. Todo esto ha llegado al punto en que la población hoy se siente desprotegida”, añadieron.
Los autores de la carta también exigieron que “a los tribunales deberían comparecer como acusados los responsables por desviar los recursos aportados por las brigadas médicas. Los verdaderos culpables de la crisis del sistema nacional de salud, de las muertes masivas durante la pandemia por falta de balones de oxígeno, medicinas y ambulancias, de los fallecimientos de pacientes por carecer de fármacos para controlar enfermedades crónicas o para poder los médicos realizar exitosamente su trabajo en los quirófanos”.
En relación a los seis profesionales enjuiciados en Granma, dijeron que “no son los médicos los encargados de asegurar el conjunto de múltiples factores que hacen posible proteger la seguridad sanitaria y médica de la población. Son ustedes. Los que ocupan cargos desde los cuales pueden tomar esas decisiones. Ustedes deben responder por los recursos que no se invirtieron en el sector cuando las brigadas médicas aportan el principal ingreso de dólares al país. Ustedes, los dirigentes”.
También demandaron a las autoridades cubanas que expliquen en qué se han invertido los millones de dólares ingresados en la última década por el negocio de las misiones médicas, que le paguen el salario íntegro a los médicos que conforman estas misiones, y que aumenten el salario de inmediato a todos los médicos, enfermeros y técnicos cubanos.
Los médicos cubanos, que fueron juzgados este 20 y 21 de noviembre, recibirán su sentencia en la primera quincena del mes de diciembre por una presunta negligencia en el tratamiento a un paciente que finalmente falleció.
Una de las cirujanas acusadas, llamada Yoandra Quesada Labrada, dijo en declaraciones al periodista Ernesto Morales que las condiciones materiales del hospital eran mínimas, por lo cual para tratar al paciente tuvieron que tomar de sus propios recursos, así como equipos y materiales médicos del centro hospitalario que no eran los más adecuados.
El fallecido fue un joven de 23 años que sufrió graves heridas en un accidente de tráfico. Lo inusual del juicio contra los médicos ha provocado especulaciones acerca de que la víctima era familiar de personas influyentes en la provincia.