Este 28 de septiembre, cuando se celebra el Día Internacional de Acceso a la Información Universal, la realidad para los cubanos es desalentadora, pues pese a que el Qrtículo 53 de la Constitución reconoce este derecho, aun no hay una ley que lo posibilite en la práctica.
Desde hace al menos un par de años las autoridades comenzaron a hablar sobre una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pero como se ha vuelto habitual en la Isla, la legislación se ha ido posponiendo, y según el cronograma legislativo es en diciembre de este año que se discutirá.
Pero eso no significa que vaya a ocurrir de este modo, pues antes el cronograma legislativo la había fijado para octubre del 2022 y fue postergada. Se trata de una de las estrategias que usa el Gobierno cuando quiere generar expectativas sobre un asunto de cara a la opinión pública, pero los constantes aplazamientos revelan que en la realidad no es una prioridad.
Ante las dificultades con que cuentan los cubanos para acceder a la información pública, el pasado año una coalición de medios de prensa independientes entre los que se encontró Árbol Invertido, en coordinación con la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, iniciaron una campaña en favor de este asunto.
Además de la falta de legislación y de la opacidad con que se manejan los presupuestos del Estado cubano, así como de las empresas y cualquier tipo de entidad estatal en la Isla, los pocos datos que se conocen a través de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) suelen ser muy viejos y selectivos.
Para más gravedad, la página web de la ONEI da problemas con mucha frecuencia, y las personas que se encuentran fuera de Cuba en muchos casos se ven obligadas a usar proxys para poder descargar los informes.
Pasó semejante con el Observatorio de Igualdad de Género lanzado por el Estado cubano este año, pues por una parte su página web da muchos problemas y no suele estar operativa durante largos periodos de tiempo, y por otro los datos que ofrece no se corresponden con los recabados por organizaciones independientes.
La propia legislación cubana pone trabas al acceso a la información por parte de la población. Un ejemplo de ello es el Decreto-Ley 199 de 1999, Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial, que justifica la protección de toda información que “pudiera ser útil para los planes subversivos y agresivos contra la República de Cuba”.
Mediante ese decreto el Ministerio del Interior obtiene la facultad para “regular, dirigir y controlar la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la Seguridad y Protección de la Información Oficial”.
Además de cuestiones propias de la gestión estatal, el régimen oculta información relacionada con delitos sexuales, con violencia, asesinatos, robos, criminalidad, o cualquier otra cuestión que pueda afectar la imagen del Gobierno.
Pero tal vez lo más grave no es solo que el Gobierno oculte la información, sino que persiga, prohíba y discrimine a cualquiera que se dé a la tarea de divulgarla, como es el caso de los medios de prensa independientes, que se encuentran mayormente bloqueados en la Isla, mientras sus reporteros son perseguidos y amenazados.