¿Cuántas mujeres son asesinadas en Cuba? ¿Cuántas son víctimas de represión política? ¿Cuántas son abusadas sexualmente? Estas cifras deberían ser de dominio público porque permiten a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los académicos evaluar la extensión de un fenómeno socialmente lesivo como la violencia contra las mujeres.
La violencia contra la muer y, especialmente, la violencia estatal contra la mujer, son temas de los que no se tiene información oficial en la Cuba contemporánea. Sin embargo, ante la ausencia de información pública, cada vez son más los activistas y proyectos independientes del Estado que se dedican al monitoreo y acompañamiento de las mujeres violentadas. La labor de estos grupos demuestra que es un problema latente, a pesar de que se quiera minimizar con la propaganda progubernamental.
No obstante, sin información pública disponible es muy difícil articular campañas políticas públicas que ataquen o incidan directamente en las bases del problema. La falta de información al respecto impide evaluar cuán efectivos han sido los métodos impulsados por el Estado para combatir la violencia contra la mujer y cuán extendida está la impunidad de funcionarios estatales que utilizan su poder para reprimir a las mujeres que disienten.
La violencia contra la mujer, al igual que la lucha contra el racismo son temas a los que la sociedad civil cubana ha dedicado atención con más tesón que recursos. Las propuestas de una Ley Integral contra la violencia de género o el exigir la publicación del Plan nacional de lucha contra el racismo son algunas exigencias que han sido respondidas por parte de las autoridades con un "no es necesario".
Acceder a información pública sobre la realidad del país y los resultados de la gestión gubernamental es un derecho: un derecho que nos permitiría exigir otros con más precisión y confianza.
Tenemos derecho a saber.