Derechos humanos | ¿Por qué afirma Estados Unidos que Cuba promueve el tráfico de personas?

El "Reporte sobre el Tráfico de Personas" del Departamento de Estado de EE. UU., de julio de 2022, asegura que Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, y no está haciendo “esfuerzos significativos” que contribuyan a ello, principalmente por su programa de misiones médicas en el exterior. Así expone el informe:

“El gobierno continuó enviando trabajadores cubanos a países extranjeros para sacar provecho de los programas de exportación de servicios profesionales, con fuertes indicios de trabajo forzoso (…) utilizando tácticas engañosas y coercitivas, sin examinar las violaciones laborales y los delitos de trata”.

Como en años anteriores, Cuba permaneció en el nivel 3 del cumplimiento de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas (TVPA, por sus siglas en inglés), lo que significa que el gobierno incumple de manera reiterada sus normas mínimas y, además, no colabora para asegurar su cumplimiento.

Los países que entran en esta clasificación pueden verse restringidos en cuanto al intercambio bilateral, no humanitario ni comercial, con los Estados Unidos (por ejemplo, podrían no recibir financiamiento para la participación de funcionarios públicos en eventos educativos o culturales), además de afrontar la oposición del gobierno estadounidense al suministro de asistencia financiera internacional.

Ante estas denuncias, el gobierno cubano ha reaccionado condenando las acusaciones y sanciones en su contra de forma reiterada. Pero, ¿qué razones concretas llevan a Estados Unidos a afirmar que Cuba promueve el tráfico de personas con las misiones médicas internacionales?

¿Qué representan las misiones médicas para el Estado cubano?

Desde que comenzaran en 1963 las colaboraciones médicas internacionales cubanas, más de 400 mil trabajadores de la salud han prestado servicio en 164 países del mundo, según Granma, órgano de prensa del Partido Comunista de Cuba.

La mayor de estas misiones ha sido la exportación a Venezuela, desde que se firmara en 2003 el Convenio Integral de Cooperación, con más de 255 mil participantes.

De acuerdo con el gobierno cubano, esta asistencia se presta a países que lo soliciten directamente por alguno de los siguientes motivos: porque no cuenten con personal suficiente, durante crisis (como la pandemia de Covid-19), porque deseen reforzar algún área específica, o si necesitan cubrir la atención en zonas de difícil acceso.

Sin embargo, la exportación de servicios profesionales es uno de los renglones que más dinero le genera al gobierno cubano. Desde 2011, le habrían ingresado por concepto de contratación de trabajadores de la salud en el extranjero unos USD 8.800.000.

En la actualidad, Cuba presta este servicio en 59 países.

Sobre los salarios de los médicos…

De acuerdo con una denuncia de la Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la trata de personas, el gobierno de Cuba por esta asistencia “recibiría una suma de dinero y pagaría a los trabajadores una parte de dichos fondos”, pero en realidad retiene hasta un 90% de su salario mensual.

Un reporte de la organización no gubernamental Cuban Prisioners Defender (CPD) ante la Corte Penal Internacional, basándose en el testimonio de 622 participantes en “misiones internacionalistas”, confirmó que los colaboradores de la salud en el exterior perciben solo entre el 9 % y el 25 % de lo que el país anfitrión paga por su trabajo.

Este patrón se repite en los distintos países en los que ha estado activa la colaboración médica cubana. Por ejemplo, las autoridades de Botswana pagan aproximadamente USD 3.000 al mes por médico cubano; sin embargo, los profesionales reciben de este monto, en promedio, unos USD 700.

Por el grupo de 610 doctores cubanos enviados a México en las últimas semanas, el gobierno de la Isla estaría cobrando USD 1.897 por cada galeno. No obstante, el diario mexicano El Financiero especula que los médicos llegarían a percibir solo USD 100 de ese total.

Según un convenio entre Cuba y Argelia del año 2020, el gobierno de ese país pagaba USD 79.000 anuales por los servicios de cada uno de los 890 médicos y especialistas contratados, de este monto los profesionales cubanos solo recibían aproximadamente USD 10.800, lo que representa poco más de un 13 %.

Según el informe de CPD:

“en muchos casos, el salario entregado a los trabajadores médicos no les permitía vivir dignamente; además, el Gobierno de Cuba estaría ´congelando´ una parte del salario al que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país, pero (…) muchas veces no reciben la totalidad del monto que les corresponde”.

Condiciones de los médicos durante las misiones internacionales

Otros de los argumentos que impulsaron la denuncia de la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas fueron:

• Que “muchos médicos” cubanos temen represalias laborales si no aceptan participar en las “misiones internacionalistas” que les son ofrecidas.

• En algunos de los países en los que prestaban servicio, los médicos cubanos no tenían contrato laboral, o una copia de este.

• Los médicos trabajarían un total de 64 horas a la semana (contando 12 horas de “guardias”), muchas veces incluyendo sábados y domingos.

• La libertad de movimiento de los colaboradores en ocasiones estaba restringida por funcionarios del gobierno.

• Existe control y vigilancia sobre las comunicaciones y las relaciones personales de los profesionales enviados a las misiones.

• Las autoridades ocasionalmente han negado a los colaboradores la posibilidad de regresar a Cuba de vacaciones, como “castigo”.

• Existen denuncias sobre que los médicos cumplen tareas de propaganda.

• “Muchos profesionales” reportaron recibir amenazas por parte de funcionarios estatales cubanos.

• Algunas mujeres médicas denunciaron haber sufrido acoso sexual por parte de sus superiores mientras participaban en las misiones.

A estas acusaciones se suma la sanción a los médicos cubanos que abandonen una misión internacional de no poder regresar al país durante los ocho años posteriores. Esto, supuestamente amparado en el artículo 135.1 del Código Penal, el cual enuncia:

“El funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero que la abandone, o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente, a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.