En esta semana el régimen cubano se ha ensañado especialmente contra algunas de las más de setenta mujeres presas por motivos políticos en la Isla. En particular, a dos de las prisioneras sentenciadas por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las hermanas Garrido, les fueron ratificadas sus condenas de años en la cárcel, mientras que a la manifestante Lizandra Góngora internaron e intentaron medicar a la fuerza en una institución psiquiátrica.
Angélica y María Cristina Garrido albergaban la esperanza de revertir sus penas de tres y siete años de privación de libertad, en un nuevo juicio de apelación efectuado en el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque, en San José de las Lajas. Sin embargo, el régimen sigue siendo inflexible cuando se trata de ejemplarizar con dureza los casos en los que reconoce alguna veta de liderazgo u organización, a raíz de unas manifestantes a todas luces espontáneas.
"La Fiscalía hizo mucho hincapié en que ellas se unieron para desestabilizar a la población, pero la defensa destruyó ese argumento, aunque, al final, las sentencias ya habían sido dictadas”, contó a Radio Televisión Martí el esposo de Angélica, Luis Rodríguez Pérez.
Por salir a protestar en el poblado de Quivicán, contra las hermanas pesaba inicialmente una petición fiscal de 10 años de cárcel para Angélica y 15 para María Cristina, por presuntos de delitos de desorden público, desacato y atentado. En enero vivieron el juicio en el que está última denunció las torturas, malos tratos y desatención médica que han sufrido en la prisión para mujeres El Guatao. En marzo, las sentencias contra las Garrido se redujeron al estado actual, en el que la apelación al Tribunal Provincial quedó sin variaciones.
Por su parte, el régimen machista ingresó a la presa política Lizandra Góngora Espinosa en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, en donde intentaron medicarla, según declaró a CubaNet el ex esposo de la activista y padre de sus hijos, Ángel Delgado.
“La llevaron de la prisión de El Guatao para Mazorra porque decían que ella estaba loca, allí intentaron darle unas pastillas pero ella se negó porque no sabía su procedencia, y podía ser algo dañino”, contó Delgado.
No obstante, la noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, disparando las alarmas de la sociedad civil por el uso que históricamente la dictadura ha dado a sus instituciones psiquiátricas, como centros de torturas contra disidentes. Al final del día, jueves 2 de junio, Lizandra fue trasladada nuevamente a El Guatao, donde Delgado pudo visitarla y constatar que estaba bien de salud.
En abril pasado, la mujer de 36 años, activista y madre de cinco menores de edad, fue condenaba a 14 años de cárcel, acusada de sabotaje y desorden público tras su participación en las manifestaciones del 11J en Güira de Melena, Artemisa.