Durante este 7 de junio, el programa televisivo Mesa Redonda tuvo la función de publicitar el contenido de la Ley de Comunicación Social, certificada de manera unánime por el Parlamento Cubano el 25 de mayo de este 2023 y compuesta por 19 capítulos, 107 artículos y dos títulos fundamentales.
Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, señaló algunas de las bondades que acompañan a la legislación, declarando que se trata de un “elemento indispensable para sostener la prosperidad y el desarrollo de la nación”.
Muchos medios, en su momento, le otorgaron relevancia a la aprobación de la Ley de Comunicación Social, previendo las consecuencias que puede acarrear una legislación de tal cariz. Castillo Corderí, por su parte, apeló a la típica retórica de “plaza sitiada” de la que abusa el oficialismo: “(…) están presentes [en el ciberespacio] intereses de todo tipo y de todas las alineaciones políticas y sociales. En ese sentido, Cuba debe defenderse ante la guerra ideológica, subversiva y mediática que se nos hace con mucha fuerza”
Asimismo, Onelio Castillo habló sobre la proyección de esta “normativa democrática”, que motiva la participación ciudadana en la redistribución del capital informativo. A pesar de esta pretendida integración social, el texto es bien explícito acerca de “los límites para nuestra sociedad”, los cuales “están establecidos en el Artículo 45 de la Constitución”, según el propio Castillo.
¿Cómo afecta esta ley al periodismo independiente en Cuba?
Bajo el rótulo de “proteger los derechos de las personas a la información y a la comunicación”, esta legislación busca tipificar los procedimientos comunicacionales según su pertinencia, de acuerdo a lo que los censores mediáticos de turno consideren como “veracidad” o “transparencia”, conceptos que son reiterados a lo largo del documento.
Algunos medios internacionales ofrecieron cobertura a esta Ley de Comunicación Social, no sin advertir parte de su ambigüedad y varias de sus omisiones. El pro-oficiliasta Sputnik Mundo, por ejemplo, destacó que “El artículo 51 prohíbe el uso de "contenidos elaborados a partir de imágenes, textos, audios y videos ya existentes, para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito", descripción en la que caen los memes.”
Este mismo sitio aludió a la situación del periodismo independiente, no citado en el documento: “El texto de 55 páginas no menciona a los medios digitales que no responden al control del Estado, que carecen de personalidad jurídica en la isla y que, en su mayoría, funcionan desde el extranjero.”
En el texto se criminaliza la circulación de informaciones que puedan “desestabilizar el Estado socialista”. Asimismo, se prohíbe “difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos, entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país”
Según Miguel Díaz-Canel, en una entrevista concedida al medio RT, la Ley de Comunicación Social es “(…) moderna porque reconoce todos los espacios en el ámbito de la comunicación (…) y está centrada hacia el bienestar del pueblo”. Como era de esperar, la narrativa enarbolada por el presidente sugiere la “trascendencia” de esta legislación, así como su cualidad fundacional y humanitaria.
“Las normas por las que se regía el trabajo comunicacional en Cuba databan de la colonia, estaban totalmente desactualizadas”, explica también Díaz-Canel, en una aclaración que parece confundir la condición de “modernidad” que proclama su gobierno con la pereza de un sistema político que, trastabillando, pretende corregir un país.